Manuela Pérez es una de las funcionarias que a fines de 2014 denunció al entonces director del Serviu de La Araucanía, Jorge Saffirio, por acoso sexual, y esta mañana presentó una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet para que revoque su decisión de no sancionar al funcionario por su caso.

“Yo estoy acá porque fui víctima de acoso sexual por parte de un jefe de servicio público, el que se mantiene hasta ahora en una impunidad a través de una resolución que dictó la Presidenta de la República“, afirmó Pérez, quien estuvo acompañada por integrantes de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia la Mujer.

El episodio ocurrió en junio de ese año, luego de una celebración del aniversario de la institución en el Hotel Frontera de Temuco. Saffirio primero sacó a bailar a la ingeniera en construcción, que llevaba siete años trabajando en el lugar y era una de sus asesoras directas, y luego ya sentados, “me agarró la pierna y empezó a subir la mano para tocarme la vagina”. Además, le realizó insinuaciones.

Pérez hizo público lo sucedido varios meses después, junto con Yelens Esparza, otra compañera que había sufrido acoso laboral por parte de Saffirio. Por su denuncia fue despedida, pero su caso gatilló un sumario interno investigado por la fiscal Carolina Chiang que se extendió hasta septiembre de 2016, y que probó lo acusado a través de testigos que presenciaron el hecho, declaró culpable a Saffirio –hermano del diputado independiente René Saffirio–, y recomendó su destitución. La recomendación fue aprobada por la ministra de Vivienda Paulina Saball, pero como establece la ley para casos de destitución, Bachelet tenía la última palabra.

Para Bachelet no se trata de acoso sexual

Debido al caso de Yelens Esparza, Saffirio fue suspendido de su cargo hace casi un año, y hace unos días se le pidió la renuncia no voluntaria. Sin embargo, contraria a la investigación de la fiscal, la mandataria decidió sobreseer a Saffirio de los cargos de acoso sexual y laboral contra Manuela Pérez, es decir, no levantar sanciones en su contra, debido a que desestimó que los hechos sean constitutivos de acoso sexual.

Esta autoridad discrepa de las conclusiones de la vista fiscal en relación a los hechos que se tienen por probados. En efecto, analizado el mérito del expediente, solo es posible determinar que durante la fiesta realizada con motivo del aniversario del servicio de Vivienda y Urbanización de La Araucanía en el mes de junio del año 2014, el inculpado don Jorge Saffirio Espinoza, puso su mano en la pierna de la señora Manuela Pérez Fuentes, funcionaria dependiente de dicho servicio, acción que esta rechazó, sin que pueda calificarse esta conducta por otras circunstancias adicionales”, dice la resolución.

A través de la carta que presentó en La Moneda este martes, Manuela Pérez apeló. Afirma que “esta decisión, si queda como está, sienta un muy mal precedente para que todas las mujeres que trabajan en servicios públicos, porque un agresor se va a tomar la libertad de poder –como dice la resolución– ‘tocar la pierna de una mujer y llegar hasta lugares que uno opone resistencia’ y no va a ser sancionado como acoso. Es el mensaje que la presidenta manda”.

Además, explica que lo que pide es que “se haga justicia y se sancione a este agresor de mujeres con la medida que se propone en el sumario, y que es la destitución”, y con respecto a la determinación de Bachelet, explica que “queremos creer que sus asesores no le entregaron toda la información necesaria para que pudiera analizar bien el caso”.

En la misma línea, la vocera de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, afirmó que a través de la resolución “el gobierno avala a un agresor, que acosó sexualmente a una funcionaria y luego la despidió del servicio. Esto además con una presidenta que se ha abanderado con las causas de género, y si ella tiene el poder de sacarlo, debería hacerlo en vez de seguir avalando estas prácticas”.