El plagio es un delito, sancionado por las leyes de derechos de autor en todas partes del mundo. Mi problema con los casos de plagio en las asesorías parlamentarias externas del Congreso Nacional, revelados por Ciper, Mega, Radio Bío Bío y Tele13, es que son casos burdos de copypaste, que insultan a la inteligencia de cualquiera, que básicamente son una fachada para justificar la apropiación de fondos públicos.

El plagio como actividad humana tiene raíces históricas en los tiempos de los romanos, cuando se acusó de plagium (secuestro de personas) a un poeta que copió unos versos ajenos. La idea de que la apropiación de la creación intelectual ajena es comparable a secuestrar una persona tomó fuerza, y en la actualidad el plagio es una conducta sancionada como delito en las leyes de derecho de autor.

Así, por ejemplo, en Chile el artículo 79 bis de la Ley de Propiedad intelectual sanciona el plagio con pena de reclusión menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 10 a 1000 unidades tributarias mensuales. Como podemos ver, no es un delito que vaya asociado a penas muy elevadas.

Esto se podría explicar por una parte porque el bien afectado por este delito es la creación intelectual, que no es tan grave como robar una cosa o tomar la vida de alguien. La originalidad es un bien escaso, y no hay ninguna obra que se cree en un vacío, sin tomar influencias de otras partes. Como dijo el gran Pablo Picasso: “Los grandes artistas copian, los genios roban”.

Así, el castigo es para la copia descarada, el robo de poner el nombre propio en el fruto del trabajo ajeno. Y aun así, existen plagios legítimos, como la obra de Pablo Katchadjian, “El Aleph engordado”, que consistió en la ampliación del famoso cuento de Borges, lo que supuso una demanda de la viuda de Borges contra el poeta, quien resultó sobreseído por la justicia argentina al considerar que su obra tenía un valor literario legítimo. Además de este, hay ejemplos de sobra en la historia del arte, e incluso hay una corriente artística denominada apropiacionismo, que consiste precisamente en explotar los límites de la copia de obras ajenas.

Otra explicación a las bajas penas al plagio puede darse por el hecho de que, además del castigo penal, hay una fuerte sanción social. Así, en la historia reciente, hubieron escándalos de plagio en Alemania y en Hungría, donde renunciaron respectivamente ministros y el presidente, luego de que se descubrieran plagios en sus tesis doctorales.

Respecto al caso de las asesorías a parlamentarios, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias dice que las asignaciones para asesorías externas tienen como fin “financiar la contratación de asesorías externas especializadas en las diversas áreas de la función parlamentaria”, y que gracias a la tecnología que permite analizar muchas fuentes disponibles en internet, se descubrieron informes consistentes en el mero copypaste de documentos ya elaborados por el mismo Congreso, de páginas para hacer tareas escolares como monografías.com, de Wikipedia, de medios de comunicación, entre otros, que habrían pasado desapercibidos en otros tiempos.

Estos trabajos, de calidad discutible más allá del plagio total o parcial, probablemente son una fachada bajo la cual se esconden delitos contra la probidad, al apropiarse de fondos destinados a mejorar la labor legislativa, con la excusa de unos trabajos que serían reprobados en cualquier universidad, aun cuando se citaran las fuentes, por ser una mera recolección de obras ajenas sin mayor aporte propio.

El problema está dado por el hecho de que en Chile ha habido numerosos casos de plagio de políticos, donde se han apropiado de textos de Wikipedia (Alejandro Navarro) o de Yahoo Respuestas (Cristina Girardi) para hacer proyectos de ley, o el caso del Senador Espina, que plagió entera su tesis en la Escuela de Derecho de la Chile. No tuvieron castigo alguno en su momento.

Esperemos que este no sea el caso, que se investiguen y sancionen todas las asesorías plagiadas, y que idealmente dejemos la copia para los artistas, no para los políticos.