Nota introductoria: decidí publicar el texto que leí en el Memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político en el mes de julio pasado, en Santiago, con motivo de la ceremonia por mi hermano Luis Alejandro, identificado este 2017 después de 44 años de su desaparición forzada.

Lo hago público porque, siendo un texto personal, íntimo y doloroso, es político en su origen y expresión, y sobre todo porque me ha violentado fuertemente enterarme hace poco de las pensiones millonarias que reciben miles de militares ‘por invalidez’, ‘por estrés postraumático’ derivado de la dictadura, entre otras razones. Es aberrante. Si no hubiese convivencia entre autoridades civiles y militares, esto no sería posible. Mientras, las llamadas víctimas tenemos que demostrar el ‘daño moral’ y psicológico en demandas civiles que duran años, y que jueces y abogados manejan con montos bajos para la gravedad de los hechos y de las consecuencias traumáticas para toda la vida, montos que varían según el parentesco.

Algo similar ocurre con los diversos beneficios con que cuentan las Fuerzas Armadas y Carabineros, que no se condicen con los escuálidos programas de reparación del Estado para las víctimas de violación a los Derechos Humanos, como es el PRAIS, el “programa de salud integral” que da derecho a atención básica en la salud pública (como indigentes, tramo A de Fonasa).

¿De qué hablamos cuando hablamos de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad? Hablamos de un pasado que se actualiza permanentemente bajo los mismos parámetros naturalizados de desigualdad y violencia permitidos por la acción u omisión sinérgica de autoridades civiles y militares.

18 de julio de 2017 en el memorial

El mundo está lleno de fechas significativas, de efemérides y siglas. Están también las fechas significativas más personales, como este 18 de julio, una fecha con sentido en lo personal familiar. Este día era el cumpleaños de mi madre, nuestra madre: Javiera Vera Espinoza, nacida en 1917, cumpliría 100 años justo hoy. Su dolor y la búsqueda que hizo de mi hermano prácticamente sola desde 1973, duró hasta 1985, año en que murió sin saber. Proseguí esa búsqueda como en una carrera de posta. Nuestro padre Luis Largo Robledo murió en 1994, nueve años después que ella, un 18 de julio, habiendo vivido en silencio su dolor, como fue costumbre en esta familia poco comunicada, cada cual en su silencio, así lo viví. Los restos de ambos están en este cementerio, ahora también nuestro hermano.

A Luis Alejandro -Jano le decíamos- lo desaparecieron el 14 de septiembre de 1973, tres días después del Golpe, en el barrio República (barrio Toesca, dice el expediente), donde vivía y estudiaba. Tenía 26 años y vivía con mi madre en ese barrio en esos años.

Hace un mes supe de su identificación, el informe pericial y lo comunicado en reunión con el ministro Mario Carroza y personas del Servicio Médico Legal, menciona “traumatismos en cráneo, mandíbula y escápula izquierda”, “provocados por un mecanismo de alta energía”. Se habló de balas, de agentes del Estado. La autopsia, de fecha 3 de octubre de 1973, indica lesiones por arma de fuego en el pulmón derecho e izquierdo, lo que provocó un shock hemorrágico. Como hacían obligadamente “autopsias express”, dijeron también en la reunión, cabe alguna duda o error. No en la Probabilidad de Identificación del 99,9% dada por el laboratorio de Innsbruck, ni en que fue acribillado, lo que confirmaron verbalmente. Pienso que es mejor que ni mi madre ni mi padre supieran de este final, del dolor y el horror que fue obligado a vivir.

Si estamos aquí hoy, a 44 años de su desaparición forzada, como la de cientos y cientos de personas a partir del mismo día del Golpe y que en tantos casos aún no se sabe dónde están, es porque en Chile no ha habido ni hay la voluntad política ni la humanidad necesaria para que exista Verdad y Justicia. Lo que sigue habiendo es IMPUNIDAD, con mayúsculas. Impunidad pura y dura, lo que muestra cuán míseros o miserables pueden ser y son, salvo excepciones, quienes constituyen la clase política y las respectivas autoridades en las instituciones del Estado. Miserables en el sentido de ruin, lo que permite, como bien dijo una persona cercana, que la dictadura y sus horrores se sigan expresando, golpeando. Y así quieren además que una participe en actos de oropel, en actos oficiales (una invitación de ese estilo me propusieron a pocos días de saber de la identificación de mi hermano, un NO rotundo fue mi respuesta). Los Derechos Humanos constituyen un discurso vacuo, devinieron en sigla y en tema, “el tema de los DDHH”. El lenguaje con que nos distancian de los hechos habla por sí mismo.

Es un extraño y muy doloroso duelo el que se nos obliga a vivir, después de tantos años en que no constaba ni detención ni muerte, un duelo marcado por el dolor y el horror. Me pregunto cuántos días estuvo su cuerpo acribillado botado en un sitio eriazo, y dónde estuvo antes, si es que estuvo antes en algún lugar, y por qué. Según indica el informe de autopsia, su cuerpo fue llevado el 2 de octubre de 1973 desde El Cortijo al ex Instituto Médico Legal por orden de la Fiscalía Militar. No se pudo identificar por las huellas dactilares, deterioradas, por lo cual fue enterrado como NN en el Patio 29, donde estuvo hasta 1991, cuando a quienes enterraron en dicho Patio entre el 11 de septiembre de 1973 y diciembre de ese año, fueron llevados al Servicio Médico Legal. Se iniciaba la transición democrática, el pacto.

Recuerdo que poco tiempo después del Golpe me detuve a mirar algunas veces en el centro de Santiago, en la Plaza de Armas, las acciones de protesta de muchas mujeres que exigían saber de sus familiares, un DÓNDE ESTÁN que continúa hasta hoy. ¡Qué terrible -me decía yo en silencio-, qué terrible vivir eso! Que mi hermano no volviera a donde vivía lo atribuí en ese tiempo a que quizás se había ido por las discusiones que tenían con mi madre. Con el transcurrir de los años y los antecedentes que se reunieron y que constan en el Informe Rettig, su desaparición forzada se hizo real.

Los primeros gobiernos de la Concertación decían no tener recursos para lo que debía hacer el Servicio Médico Legal respecto a las identificaciones (me acuerdo en particular de los ex ministros de justicia María Soledad Alvear y José Antonio Gómez). Lo aberrante es que nunca han faltado recursos para las Fuerzas Armadas, provenientes sobre todo del cobre, el ‘sueldo de Chile’, para que continúen reproduciendo una cultura de muerte. Si esto no es locura y una profunda falta de ética en quienes encabezan las instituciones del Estado, ¿qué es? ¿Cómo se llama?

Un capítulo traumático en esta saga del horror fueron los errores graves del Servicio Médico Legal en la identificación de restos del Patio 29 a mediados de los ’90. Desde este mismo memorial los tuvieron que devolver al Servicio Médico Legal en 2006, cuando se constataron los errores, entre ellos los de mi supuesto hermano (según la autopsia de quien nos entregaron erradamente, ese joven fue asesinado de 6 balazos en la espalda, un destino similar). No hay palabras para expresar lo que significaron tales errores de un servicio público que no contaba con la acreditación necesaria para realizar identificaciones, violencia sobre violencia puedo decir.

En el libro “Patio 29: Tras la cruz de fierro”, de Javiera Bustamante y Stephan Ruderer, publicado en 2009, hay entrevistas, testimonios y fotografías de lo que fue y es el Patio 29, incluida la entrevista donde me refiero a la gravedad de esos hechos, entre otros, de nuestra historia familiar, indesligable de la del país. Una entrevista que me obligó a escribir de manera coherente esos hechos atroces que difícilmente podía verbalizar, revisando fechas y papeles guardados, reencontrando un carnet del Partido Socialista suyo, aunque sus amigos dicen que no militaba.

De las dudas sobre las identificaciones me enteré por un periódico que alguien dejó en mi casa y por la llamada de una integrante de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Interpuse una demanda civil en contra del Estado por “falta de servicio”. Hubo que estar 6 años en dos demandas consecutivas, una se perdió, el Consejo de Defensa del Estado apeló diciendo que mi demanda había prescrito debido a la fecha del certificado de defunción de mi hermano en 1973 y la fecha de inscripción de la defunción el año 1995.

¿No es aberrante esa respuesta que se saltó de manera tan grosera el error gravísimo que anulaba la validez misma de ese certificado? Argumentó también que no había falta de servicio porque el Servicio Médico Legal hizo lo que podía con los instrumentos y el conocimiento científico existentes, sin reconocer que no estaban certificados sus procedimientos.

Esos escritos están firmados por la abogada del Consejo en esos años, María Teresa Muñoz Ortúzar. Se trata de autoridades que perciben millones de pesos mensuales que paga el Fisco, es decir todos los chilenos y chilenas, por un trabajo donde escasea la ética y la justicia. Ahora, acreditado el secuestro y asesinato de mi hermano, correspondería una demanda civil que tomaría otros tantos años y en la que hay que probar el daño moral causado. ¿No es aberrante? (se envejece en esto; “envejece el cuerpo, aunque no el cerebro”, dijo la neurobióloga y premio nobel Rita Levi-Montalcini).

La identificación de mi hermano fue posible debido a mi insistencia en que exhumaran restos de mi padre, lo que permitiría el análisis de ADN correspondiente. Si yo no hubiese insistido, nunca se hubiese identificado, digo esto porque es otro indicador de que a nadie le importa mucho si se les identifica o no. Si importara habría verdad, si importara habría justicia. No la justicia ‘en la medida de lo posible’, como manifestó el ex presidente Aylwin, sino la que indican los tratados internacionales de Derechos Humanos que Chile ha firmado y ratificado. Aparte de esa frase famosa, dijo otra frase para el bronce en un encuentro sobre archivos de la memoria: “después de experiencias tan traumáticas como las que vivió la sociedad chilena en los años ’70 y ’80, la reconciliación plena no puede esperarse mientras esté viva la generación que las sufrió” (Encuentros con la memoria: archivos y debates de memoria y futuro. Santiago: Editorial LOM, 2004). Me pregunto con quién habría que reconciliarse si no hay reconocimiento ni arrepentimiento por estos crímenes de lesa humanidad.

Lo que señalo hace parte de los indicadores que muestran que los Derechos Humanos son un “tema” que a nadie importa en verdad, me refiero a la clase política, a quienes gobiernan. Si no, ¿por qué la impunidad hasta hoy? ¿Por qué la falta de voluntad política? ¿Por qué la falta de verdad y justicia? ¿Por qué tanto “cómplice pasivo”? ¿Por qué la especial preocupación de políticos y autoridades de gobierno por el estado de salud de militares asesinos que devinieron amnésicos? ¿Por qué un bajo porcentaje de ellos están presos? ¿Por qué hay beneficios carcelarios y libertad a responsables de crímenes de lesa humanidad?

La propia presidenta Bachelet, a fines de 2015, durante la promulgación de la ley que creó la Subsecretaria de Derechos Humanos, anunció la modificación del reglamento penitenciario con el fin de restringir privilegios a militares condenados por tales crímenes. Dijo: “debemos ponernos al día con la normativa internacional que restringe beneficios intrapenitenciarios a quienes han sido condenados por violaciones a Derechos Humanos, por lo que se trabajará en estas indicaciones para la reforma constitucional y la ley que declara imprescriptibles e inamnistiables los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Me gustaría saber por qué se desdicen las autoridades.

En septiembre de 2016, la Cámara de Diputados votó en contra de establecer el carácter público de los antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (los Archivos Valech). Según declaración de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, tal votación “contraría la normativa internacional de Derechos Humanos y la Doctrina y Jurisprudencia de los órganos de supervisión que el sistema internacional de Derechos Humanos se ha dado, poniendo al Estado de Chile al margen de la comunidad internacional y vulnerando seriamente la normativa contenida en los distintos Pactos y Convenciones a los que se encuentra obligado por su suscripción y posterior ratificación”. (…) “Esta medida de terminar el secreto de los Archivos Valech está contenida en el Programa de Gobierno que los parlamentarios se comprometieron a cumplir ante sus electores y que hoy, al desconocer ese compromiso, no hacen sino profundizar la desconfianza pública en el actual sistema político“.

Hace poco en Alemania condenaron a un sargento de las SS -la policía nazi- de 94 años de edad, quien por más de 70 años había eludido la justicia. Su avanzada edad, de acuerdo a los jueces, no suprimía la crueldad con que actuó eliminando judíos, consignó la prensa.

El jurista argentino Raúl Zaffaroni manifestó hace poco en Uruguay, con motivo de cumplirse 44 años del golpe cívico-militar allí, que a nivel oficial se comenzó a hablar de Derechos Humanos en la Declaración Universal de 1948, “una manifestación de buena voluntad” que fue producto de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. “La Declaración de 1948 es resultado del miedo, no de que la humanidad haya razonado y se haya sentado a meditar. Se juntaron nuestros jefes de manadas –porque somos animales– y declararon que “todo ser humano es persona, y por ende debe ser considerado y tratado como persona’. Actualmente, señaló, “el totalitarismo corporativo ocupa el lugar de la política”, “los políticos del norte se convierten en administradores de las cooperaciones transnacionales con sede en sus países”. En algunas regiones del mundo “les molestan los estados, entonces, los destruyen, como Siria, mientras que en la nuestra nos debilitan”.

Según Zaffaroni, hoy existe el “genocidio por goteo”, así nombró las muertes cotidianas de miles de personas en el mundo por problemas derivados de la desigualdad. Como mueren en nuestro país quienes esperan meses y meses una atención de salud, como han muerto centenares de niñas, niños y adolescentes en el tristemente famoso Sename, o las mujeres por femicidio, por dar ejemplos archiconocidos que indican que el genocidio por goteo es una realidad normal, en el sentido de corriente. Dice este juez: “entre violencia homicida, letalidad policial y prisionización, creo que América latina, prescindiendo del estricto tecnicismo jurídico del término, protagoniza una suerte de genocidio por goteo, por cuotas o continuado“.

A mi hermano lo desaparecieron cerca de la plaza Manuel Rodríguez, donde se reunía con sus amigos, se ha dicho que Manuel Rodríguez fue el primer desaparecido de Chile. Desde 1818 hasta hoy no se sabe a ciencia cierta dónde están sus restos, aunque oficialmente están en este Cementerio. Lo que se sabe es que fue asesinado, baleado por la espalda, y su cuerpo abandonado en un campo de Til Til. Sus restos estarían en Pumanque, cerca de San Fernando, junto a los de su amada Francisca de Paula Segura. Tendrían que hacer los análisis de ADN, como solicitaron sus familiares en 2008, lo que fue denegado por un magistrado que dejó a esos familiares y al país entero sin una verdad histórica. Desde esos tempranos años, las personas desaparecidas marcan este país, incluida parte significativa de los pueblos originarios, la población nativa de este territorio que llamamos nación.

Vivimos un tiempo entre lo viejo que no termina de morir y lo que está naciendo. Nuevas generaciones concientes seguirán haciendo lo que ya hacen para que Chile sea un país justo y libre, desprendiéndose de prácticas que a todo nivel no hacen más que reproducir siglos de desigualdad e injusticia, de egos y manejos de poder. Hay nuevas generaciones cada vez más conscientes, en eso creo, en que se aprende de lo vivido y que lo humano es perfectible.

Gracias por estar aquí, por mi hermano, y por acompañar.


Feminista, Licenciada en Antropología