La fiscalía denunció nuevamente al presidente de Brasil, Michel Temer, por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita, y lo acusó de haber actuado como “líder de una organización criminal” junto con otros miembros de su partido desde mayo de 2016, cuando asumió el poder.

El fiscal general, Rodrigo Janot, única persona con capacidad para sentarle en el banquillo de los acusados, denunció otros miembros del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) ante el Tribunal Supremo para formar un grupo de llevaba a cabo “acciones ilícitas” en varias instancias públicas del país “a cambio de sobornos”.

La acusación se basa en una investigación de la Policía Federal y según el letrado, el mandatario llegó a recaudar 587 millones de reales (158 millones de dólares) en sobornos para el PMDB. La denuncia llega mes y medio después de otra, que Temer logró enterrar tras una votación en la Cámara de los Diputados (para que estas acusaciones lleguen al Tribunal Supremo, deben ser aprobadas antes por 342 de los 513 diputados).

En los últimos meses, algunos empresarios que, supuestamente, han sobornado al Gobierno han descrito a la policía cómo Temer autorizaba “comprar el silencio” de algunos corruptos ya detenidos. En particular se trata de Joesley Batista, magnate del gigante cárnico JBS, y Lúcio Funaro, encargado del PMDB de blanquear el dinero proveniente de operaciones ilícitas.

Según la denuncia, el grupo de corruptos liderados por Temer era conocido como la Banda del PMDB y era integrada por algunos de los pesos pesados de la política brasileña actual, muchos de ellos presos y dispuestos a contarle a la policía todo lo que saben a cambio de una reducción de su sentencia. Entre ellos destacan el ex presidente de la Cámara de los Diputados y principal propulsor del impeachment a Dilma Rousseff, Eduardo Cunha; el ex ministro tanto de Lula da Silva como del propio Temer, Geddel Vieira Lima, y los dos ministros con más poder del actual ejecutivo: Moreira Franco, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia, y Eliseu Padilha, ministro del Interior.

El PMDB se defendió a través de un comunicado alegando: “La sociedad entera ha visto los montajes de estos acusadores; la justicia y la sociedad sabrán identificar los verdaderos motivos de este fiscal”.

Rodrigo Janot no lo tiene fácil: cada denuncia que emita tiene que someterse a un dos votaciones antes de llegar al Tribunal Supremo. Primero por parte de un grupo de 40 diputados, que conforman la Comisión de Constitución y Justicia, y luego, por la Cámara entera. En el anterior caso, el mandatario logró salvarse a base de prometer favores a cambio de votos favorables.