Isabel Araya (64) conoció a Joane cuando ella y Wilfrid Fidele llegaron a instalarse frente a su casa, en la calle Los Aromos de la comuna de Lo Prado. La pareja arribó desde Haití con pocos meses de diferencia, persiguiendo, como otros, una vida mejor en Chile. Aquí los acogió el primo de Fidele, en un barrio donde numerosas familias haitianas han comenzado a adaptarse.

Joane Florvil habría cumplido 28 años en noviembre próximo y se encontraba embarazada cuando decidió venirse. Isabel logró rápido una conexión con ella a pesar de las dificultades del idioma.

—Era muy atenta conmigo, muy tierna. Joanita era buenamoza y educada. No sabía hablar español, pero nos entendimos de las mil maravillas. Íbamos juntas a la feria y aprendía palabras sueltas: me decía ‘¿qué estai haciendo?’ Yo la retaba porque me tuteaba y se reía. A veces venía, me gritaba ¡vecina! y me invitaba a comer de esas cosas ricas que hace ella.

Isabel aún no se acostumbra a su ausencia. Durante la entrevista en su casa, con la voz medio ronca a raíz de semanas de trajín burocrático y el dolor de la pérdida, está dispuesta a contar una y otra vez la historia de la joven haitiana que fue acusada injustamente de abandonar a su hija. Desclasifica recuerdos de días felices viendo a Joane “tejer ropita” para la bebé y recalca que ambos eran excelentes padres.

Cuando Wildiana nació, la eligieron para ser su madrina y sellaron un compromiso que se volvió más fuerte en la adversidad. Hoy la motiva a buscar justicia:

—Nuestra relación fue muy afectuosa y de mucho cariño. Por eso voy a llegar hasta las últimas consecuencias.

El calvario de Joane Florvil comenzó la mañana del 30 de agosto. Camino a su casa, después de llevar a la niña al consultorio, se encontró con un hombre que le preguntó si su esposo tenía trabajo. En su precario español, la joven mostró interés en la propuesta laboral que le ofrecían: dos vacantes en la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) de la comuna, bajo el requisito de contar con teléfonos celulares. Joane llevó al sujeto a su casa para buscar a Wilfrid, quien acudió de inmediato junto a otro haitiano a aceptar el empleo.

Al llegar a la casona se complicó todo: el hombre entró a la OPD y les pidió que se cambiaran de ropa y fueran a limpiar el baño trasero, dando la vuelta al inmueble. Ambos obedecieron y a los pocos minutos, mientras los funcionarios los observaban con extrañeza, regresaron al lugar. Isabel cuenta que el guardia del organismo —cuyo ámbito de acción es prevenir la vulneración de derechos—, les dijo: “uff, ya se llevaron sus cosas. Fue el mismo que los trajo. Ahora tienen que ir a buscarlas en los edificios del frente”.

Carabineros tampoco tomó en cuenta a Wilfrid cuando les pidió ayuda: la denuncia no se cursó. Entre las pertenencias se encontraba su celular y los documentos de la familia. Habían caído en el “cuento del tío” y alguien planeó con éxito aprovecharse de la desesperación laboral para asaltarlos. Fue un día determinante y lo peor aún estaba por ocurrir.

Violencia institucional

Junto a una taza de café, Isabel Araya describe cómo la prensa llegó el 30 de agosto a instalarse junto a su casa para grabar la detención de Joane -quien fue exhibida más tarde esposada y llorando en los noticiarios de la televisión- y la forma en que ni autoridades ni los medios se dispusieron a escuchar su versión de los hechos. Desde entonces, hasta el día de su internación en la Posta Central, la joven no pudo declarar lo que había ocurrido.

Al otro día después del asalto, Joane llegó a la OPD con su hija en el coche a pedir ayuda por las cosas perdidas de Wilfrid. En el lugar no contaban con facilitadores interculturales y ningún funcionario fue capaz de entenderla. Desesperada, le pidió a un guardia que cuidara a su bebé y salió corriendo en búsqueda de un traductor que le permitiera conseguir ayuda por el robo. Pero en esos 15 a 20 minutos que tomaba el trayecto desde el hogar donde residía la familia, los funcionarios Marcelo Sandoval y Felipe Rivera interpretaron erróneamente la desesperación de Joane y procedieron a denunciarla.

Isabel recuerda que nadie escuchó su petición de ayuda a gritos en el organismo público:

—Les dije en sus caras a la gente de la OPD que tenían que hacerse responsables. No entienden la cultura haitiana: ellos tienen confianza en la gente, sobre todo en los encargados de seguridad. Ella se sintió confiada cuando él aceptó cuidar a la niña. Era cosa de ver a la bebé cómo estaba, bien vestida, limpiecita. Pero no encontraron nada mejor que llamar a Carabineros, fue un error garrafal que terminó en un crimen.

José María del Pino, director ejecutivo de Fundación Fré—una de las organizaciones que asesora a la familia— corrobora esta versión:

—Carabineros actúa simplemente por la información que le provee un ente externo y decide tomarla detenida y llevarla a un calabozo, sin ofrecerle ningún tipo de explicación.

En primera instancia, Florvil fue llevada a la 44° Comisaría de Lo Prado y, más tarde, trasladada a la 48° Comisaría. En ninguna se le ofreció un intérprete que le permitiera expresar su versión de los hechos.

“Ellos tendrán que dar explicaciones ante el Ministerio Público y la justicia. Por ejemplo, sobre cómo se hizo la lectura de derechos del detenido, que es una de las garantías más esenciales dentro del proceso penal. Todo se verá agravado si se determina que a Joane se le hizo firmar el documento habitual reconociendo que se leyeron sus derechos”, agrega Juan Carlos Sharp, asesor jurídico de la Corporación 4 de agosto.

La vecina lamenta que ella no esté para corroborar lo que la joven le contó el día en que la fue a ver, luego de que fuera trasladada de urgencia a la ex Posta Central tras presentar convulsiones poco antes de su control de detención. Los policías dijeron que se había golpeado la cabeza a propósito. Cuando recobró el conocimiento días después, Isabel llegó a verla y ella le indicó lo que pasó esa noche, utilizando palabras y señas sobre el cuerpo:

—Me dijo que la habían metido en una pieza cerrada con llave y que horas después viene un carabineros (o carabinera, no pudo especificar el género) y le tiró un colchón al piso para durmiera. Le dice acuéstate ahí, pero ella dijo no, no, quiero mi bebé. Y entonces me indica que la empujó con fuerza contra la pared y se pegó en la cabeza -se tomó su cabeza- y ahí, me dijo, ‘empecé a golpearme’. Se pegaba aquí y aquí -señalando cabeza y cuello- para quedarse dormida. Se quería morir.

La desesperación de no saber dónde se encontraba su hija ni qué estaba ocurriendo exactamente comenzaba a derrumbarla. Le explicaron que el Tribunal de Familia había actuado quitándoles la tuición sobre la niña y derivándola a un centro dependiente del Sename. Desde esa noche transcurrieron cuatro semanas hasta su muerte y Wildiana no volvería a ver su madre.

Los últimos días lejos de su hija

La defensora penal pública Daniela Saba fue la primera en llevar a un traductor para entrevistar a Florvil durante sus días internada en la Posta Central. Hace unos días, la abogada solicitó el sobreseimiento definitivo de la acusación del delito abandono de menores que se le imputó a la mujer haitiana.

“En este caso aparece demostrada la inocencia de la señora Joane. Es una manera de poder limpiar su nombre y demostrar que acá ocurrió algo que no fue lo que señalaron los medios y el Ministerio Público”, explica.

Saba fue a verla cada semana al recinto médico y en una de esas ocasiones conversó con Joane durante 40 minutos, logrando una declaración firmada. La abogada dice tener diversas pericias que dan cuenta de que la mujer siempre fue inocente de la acusación que terminó por trastocar su vida y explicita que “conozco los hechos de su propia voz”.

La audiencia de sobreseimiento se realizará el 22 de noviembre en el Centro de Justicia. En paralelo, comienza a avanzar la investigación iniciada por la Fiscalía Centro Norte para determinar cuáles fueron las irregularidades cometidas durante el proceso. Saba afirma que no puede referirse al tema para no entorpecer, pero reconoce que escuchó la versión de Joane sobre los hechos ocurridos durante la noche de su detención.

Debido a su complejo estado de salud, Joane no alcanzó a ser formalizada y quedó en libertad gracias a la gestión de la defensora penal, pese a que el Ministerio Público pretendía que fuera custodiada por Gendarmería durante su hospitalización.

Los días transcurrieron sin que la familia recibiera información clara y oportuna respecto a su estado de salud. Isabel Araya logró que le entregaran un informe médico después de inventar que el fiscal lo había pedido. Era su forma de saber de Joane, en medio de la incertidumbre que los invadía. Le habían diagnosticado síndrome de confusión con pérdida de memoria, pero más tarde se agregó un cuadro de epilepsia.

Días después, la joven sería trasladada de urgencia al Hospital Clínico de la UC por una hepatitis fulminante.

Florvil se convirtió en candidata a lista de espera para un trasplante de hígado, pero su cuerpo no resistió. Murió a las 07.15 horas del sábado 30 de septiembre, tras un historial de extrañas circunstancias médicas. Araya reproduce audios grabados en su celular de las conversaciones entre la médico del hospital clínico y el uniformado a cargo de su acta de defunción: en uno de ellos, la especialista confirma el efecto de la suministración de un fármaco, porque sus antecedentes no establecen que la joven haya ingresado a la Posta con falla hepática.

Al ser consultados por El Desconcierto, en la Posta Central afirman que no pueden referirse a la causa de muerte porque hay una investigación en curso. Además, ya existe una orden de incautación de los partes médicos de dicha institución médica y del Hospital Clínico UC. El asesor jurídico de la familia no descarta que exista alguna responsabilidad en torno al deceso de la joven durante la atención de salud.

En las fotos que va mostrando la vecina de Joane se aprecian los cambios que experimentó durante el tiempo internada. Primero con su pelo largo y el semblante recuperado y luego con el cuerpo lleno de tubos, inconsciente y la cabeza rapada. También hay un video —cuya captura de imagen se ha compartido en redes sociales— donde aparece en su cama, sonriendo a medias con las bromas de Isabel, pero con la mirada perdida en la ventana.

La joven estaba sufriendo profundamente por lo que ocurría con su hija. Pese a no contar con antecedentes penales, en la Casa Nacional del Niño se negaron durante días a que Wilfrid visitara a su hija por diversas razones. Hoy, los esfuerzos siguen concentrados en permitir el reencuentro entre ambos, una tarea que la familia lleva adelante con la asesoría de la ONG Acción Mujer y Madre.

Virginia Palma, vocera de la organización, recalca que el proceso discriminatorio vivido por Wilfrid también evidencia otra arista de la larga cadena de violencia institucional que rodea el caso:

—Nos llama la atención que se pidiera que la menor pase al Sename, siendo que había familiares directos. Estaba el padre, la hermana de Joane, hay una cuñada también. No sabemos hasta qué punto era necesario. No queremos ser políticamente correctas y decir que esto podría haberle pasado a cualquiera, porque no. Acá claramente la irregularidad partió porque Joane era mujer y extranjera, y además de los que no nos gustan: era haitiana.

En el organismo a cargo de la menor ya han organizado citas para capacitar al padre en el uso del monitor para el control de la apnea del sueño que requiere su hija, por lo que se espera que pronto pueda retornar a su familia.

Jistis pu Jouane/Justicia para Joane

En una reunión convocada por el fiscal nacional Jorge Abbot, en presencia de la fiscal Ximena Chong, la familia y las organizaciones que la asesoran, éste se comprometió a analizar las presuntas irregularidades del caso y a llegar a los responsables, de donde sea que provengan, incluido dentro del mismo Ministerio Público.

Así lo confirma el asesor de la Corporación 4 de agosto, quien participó de la cita:

Ellos parten de la base de que existen antecedentes suficientes para suponer irregularidades o al menos indicios de negligencias graves en las distintas etapas que condujeron a la muerte de Joan. También manifestaron su consciencia de que no se trata de un caso común, sino de un sector de la población especialmente vulnerable.

Durante este jueves se concretaría la llegada del hermano mayor de Joan, Realino Florvil, un abogado haitiano que maneja el español y estará encargado de definir la fecha y modo de su funeral. La familia pretende que sea una despedida masiva, que demuestre la solidaridad reflejada en la velatón celebrada el domingo pasado en Plaza de Armas, a la que acudieron cientos de personas de distintas nacionalidades.

“Justis pou Jouane/Justicia para Joane” fue la consigna espontánea que marcó esa tarde en el centro de la capital. En el suelo se extendieron banderas de Haití y sobre ellas, decenas de velas blancas. Al micrófono se sucedían una serie de miembros de la comunidad haitiana y chilena, en medio de las miradas atentas de adultos y niños, denunciando las deudas de Chile con la población migrante y exigiendo un nunca más. Frente a los asistentes, Wilfred parecía desmoronarse de tristeza e impacto.

Isabel cree que todos somos iguales, “de carne y hueso, nos duele el corazón igual”. Pero tiene la impresión de que este tipo de abusos ocurren todos los días, cuando ve haitianos durmiendo en la calle o cuando les roban o los engañan con ofertas laborales y nadie se preocupa. Hoy dice que no le tiene miedo porque está diciendo la verdad. Que aunque buscará justicia, “nadie, ni con todo lo que haga, va a reparar el daño que le hicieron a Joane, a Wil y a la bebé”.

Hay un momento en el relato en que se apaga la voz de la mujer que se transformó en una compañera para Joane Florvil. La última vez que hablaron, ella le confesó el miedo que no la dejaba en paz. Evoca el recuerdo de unas lágrimas brotando de los ojos de la joven en medio de su inconsciencia en la ex Posta Central. Dice que la vio sufrir mucho.

La última vez que hablamos me dijo: Yo sé que a mi güagüa la van a dar en adopción. Y se fue, se murió así, con ese dolor tan grande.