Tal y como había pedido la Fiscalía de Bruselas, el juez de instrucción belga, dejó en libertad provisional al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a los cuatro consejeros cesados mientras se resuelve la orden de arresto emitida por la Audiencia Nacional. En 15 días, la ‘Chambre du Conseil’ –un tribunal de primera instancia, distinto al juez instructor– deberá pronunciarse sobre la orden europea de arresto y entrega emitida por la jueza Carmen Lamela.

El magistrado les impuso medidas cautelares poco severas en comparación con la prisión incondicional que sufren sus ex compañeros de gobierno en España, quienes entraron el prisión el pasado jueves. En cambio, al mandatario cesado y los suyos el juez les requirió la obligación de no abandonar Bélgica sin su autorización, asistir en persona a todas las audiencias judiciales, cumplir con todas las citaciones que practiquen los juzgados o la policía y aportar una dirección donde se puedan comunicar las citaciones.

La libertad provisional decretada este domingo no es recurrible, por lo que Puigdemont y los cuatro exconsellers seguirán en Bélgica, de donde no tienen intención de fugarse, como mínimo hasta dentro de 15 días, cuando un tribunal evaluará la orden de arresto que envió la jueza Carmen Lamela.

El presidente y los cuatro consejeros que permanecen en Bruselas declararon ante el juez belga este domingo durante más de cinco horas. Todos ellos se presentaron voluntariamente en la mañana ante una comisaría de Bruselas, donde fueron arrestados por la policía belga, un procedimiento indispensable para pasar a disposición judicial.

La defensa de Puigdemont y los consejeros cesados alegó ante la Justicia belga que, de volver a España, los políticos no tendrían un proceso judicial justo en la Audiencia Nacional por la falta de competencia que, aseguran, tiene este tribunal para investigar los delitos de rebelión y sedición.

Dos meses para la decisión

La decisión sobre la orden europea de arresto y entrega, podrá ser recurrida tanto por la defensa de Puigdemont como por la acusación (en este caso, la Fiscalía y la Audiencia Nacional españolas).

Ahí empezará un nuevo plazo quince días tras los que la llamada ‘Court d’appel’, un tribunal de apelación, emitirá un nuevo fallo. Su sentencia también se podrá recurrir ante un tribunal de casación, que tendrá otros quince días para tomar una decisión definitiva.

Con todo, el proceso en los tribunales de Bélgica podría alargarse hasta dos meses, aunque también podía llegar a los 90 días si se daban “circunstancias excepcionales”.

El proceso judicial en Bélgica se cursará en paralelo al debate sobre cómo concurrir a las próximas elecciones regionales convocadas por Mariano Rajoy para el 21 de diciembre. El debate es si ir con o sin lista conjunta de los llamados “partidos soberanistas”.