El 28 de septiembre de 2015, Fuerzas Especiales de Carabineros realizaron un allanamiento en la comunidad Coñomil Epuleo, en Ercilla. José Coñalinco fue baleado por la policía en la cara y en la espalda. Su familia lo llevó hasta el Hospital de Victoria, donde volvió la misma unidad policial para tomarlo detenido.

Su caso llegó a la Fiscalía de Collipulli, a las manos del fiscal adjunto Ricardo Traipe. El comunero mapuche pasó a control de detención por “homicidio frustrado a carabinero en servicio”.

Traipe, el fiscal, vio que Coñalinco llegó a la audiencia con heridas de perdigones en la cara y en la espalda. Entonces fue que dudó de la versión inicial que le había entregado Carabineros, que decía que el joven mapuche había atacado al funcionario Valentín Cáceres Constanzo con una hacha.

A dos años del hecho, el hoy ex fiscal Traipe cuenta que decretó diligencias a la PDI, tras las cuales se produjo un vuelco en el caso: Coñalinco no solo sería inocente, sino que ya tenía suficientes antecedentes para formalizar al carabinero por violencia innecesaria. Por eso pidió a sus superiores, en la fiscalía regional, que aprobaran la orden de no perseverar en la causa. Un trámite que no debería pasar de los 15 días, tardó 6 meses.

“Si se lo pasaban a cualquiera de los fiscales que comúnmente investigan casos contra mapuche, doy por seguro que se llevaba a Coñalinco a juicio oral”, cuenta. La formalización a Cáceres nunca se concretó, porque Traipe fue despedido justo antes.

Discriminación en el Ministerio Público

11 años se desempeñó como fiscal adjunto de Collipulli José Ricardo Traipe. En mayo de 2016 fue despedido, después de que un sumario realizado por el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, Luis Arroyo.

Traipe presentó una demanda por tutela laboral al Ministerio Público, donde acusó recibir presiones del fiscal regional subrogante de ese momento, Alberto Chiffelle, para perseguir a mapuche y no actuar “ayudando a sus peñis porque los pacos lo tenían en la mira”.

La demanda se desestimó, pero Traipe accedió a conversar con El Desconcierto sobre la cuestionada labor que ha realizado la fiscalía de La Araucanía en la persecución de los mediáticos casos de “violencia rural”.

[Lee el reportaje de El Desconcierto: Historia de un fracaso: Así fue cómo la Fiscalía imputó a 11 inocentes la muerte de los Luchsinger Mackay]

Traipe no solo denuncia que fue discriminado dentro del Ministerio Público por ser mapuche, sino que dice que hay una particular persecución de parte de los fiscales jefes de la zona. Apunta directamente a la Fiscalía de Alta Complejidad y sus caras más visibles, Luis Arroyo y Alberto Chiffelle, además de otros fiscales de la región que también cuentan con la venia y confianza de la cabeza del Ministerio Público en la zona, Cristian Paredes.

Estos nombres son los que más se repiten en los casos judicializados del conflicto mapuche. Poluco Pidenco, Tur Bus, fundo San Leandro y Luchsinger Mackay han sido de los más grandes de los últimos años donde se apeló a la cuestionada Ley Antiterrorista, que permitió justificar prisiones preventivas que se extendieron en cada caso por más de un año. Otras causas emblemáticas fueron la de la muerte del cabo Albornoz, las supuestas milicias privadas de Hugo Melinao y la acusación por porte de armas contra el fotógrafo Felipe Durán y Cristián Levinao. Todas las investigaciones pasaron por las manos de los fiscales Arroyo y Chiffelle. De todos los acusados, solo uno fue condenado: Raúl Castro Antipan, delator compensado de la Fiscalía en variadas causas hasta que se comprobó que en realidad era un infiltrado de la unidad de inteligencia de Carabineros.

En su demanda, Traipe denuncia como uno de los motivos de su despido un conflicto que tuvo con Chiffelle, quien como subrogante de La Araucanía lo reprendió por no dejar en prisión preventiva a Sinecio Huenchullán Queipul en un caso que, según él, no se justificaba pues ni siquiera se le detuvo en flagrancia. “Desde ahí comenzó a complicarse mi estadía en la Fiscalía”, cuenta.

– ¿Cómo se dio ese caso?
– Uno como fiscal cuando toma noticia de un caso debe analizar los antecedentes, qué es lo que hay y tratar de resolver con objetividad. Pero ahí la orden, no solo de Chiffelle, sino que también era una directiva regional, era que siempre que hubiera un mapuche de una comunidad conocida como conflictiva, tocaba prisión preventiva. Esto quedó en evidencia en el correo que fue acompañado al juicio laboral donde se prueba que se me reprimió por no haber solicitado dicha medida, a pesar de que en el caso concreto resultaba desproporcionada.

– ¿Se comentaba internamente sobre las causas?
– Se conversaban las causas del conflicto y el hecho de que la mayoría de ellas no tenían antecedentes para fundar una acusación. Pero era una directriz que todas se llevaran a juicio oral, hasta el final, aunque todos supiéramos que no tenían futuro. Después del resultado te llamaba el encargado de comunicaciones y –al igual como se ha hecho en los últimos acontecimientos similares- te pauteaba lo que tenías que decir a la prensa con frases tales como “no compartimos lo resuelto por el Tribunal, tenemos la convicción de que probamos los hechos de la acusación y que los imputados eran responsables” o “analizaremos la interposición de recursos”, etc. De esta forma era traspasada la responsabilidad al poder judicial y se podía decir que la fiscalía hizo su trabajo, ya que normalmente los jueces no tiene la posibilidad de defender sus fallos de otra forma que no sea en sus sentencias, a lo cual pocos tienen acceso, al igual que a lo obrado en el juicio específico, por lo cual es fácil opinar sin tener cabal conocimiento.

– Y eso pasó ahora con el caso Luchsinger Mackay…
– Exacto, es lo mismo que pasa ahora, lo indicó el propio Fiscal Nacional Abbott al sostener que los imputados eran los responsables. Todos los que trabajamos en el sistema conocemos el estándar probatorio que rige para este tipo de casos y que es exigido por los Tribunales. Todos sabemos que la georreferenciación telefónica de una antena no sirve porque es una prueba muy equívoca ya que es muy extenso el radio que abarcan, por lo cual solamente es orientativa. Y además que una declaración de un co-imputado sin la presencia de su defensor goza de muy poca confianza ante los Tribunales, regla que se aplica incluso para casos que no son mapuches. Quisieron basarse en una declaración de un co-imputado (N. de la R.: José Peralino Huinca), una declaración ante dos fiscales, de funcionarios policiales encerrados con una persona sola….de verdad, nadie que conozca desde adentro el sistema va a dar fiabilidad a una prueba obtenida de esta forma. Lo que pasa es que ellos tratan de decir que era una confesión y “cómo se puede absolver eso a una persona confesa”. Así es cómo se vende para afuera. Como te dicen en la fiscalía, hay que instalar ese mensaje.

– ¿Hubo otros episodios de presión respecto a causas mapuche?
– Lo que pasa es que con la mayoría de los colegas que llevaban causas mapuche están motivados con llevarlas, ya sea porque son casos emblemáticos o se ganan con ello la confianza del jefe y su permanencia en buenos cargos. Siempre eran los mismos, aunque recuerdo que ocasionalmente cuando se personalizaron mucho en una persona, se entregaron a otros. Ellos no se sienten presionados haciendo esto, para ellos es un placer llevar causas con mapuches imputados. La única razón por la que a mi -que no era de esa línea- me tocó asumir causas fue porque en la práctica era el único fiscal en Collipulli. A veces caía una persona detenida y la audiencia debía hacerse con prontitud, lo cual le complicaba a la Fiscalía. Por eso a mi me llamaba el Fiscal Regional, que la mayoría de las veces era Chiffelle subrogando o el encargado de comunicaciones. En mi función como fiscal si la persona había cometido un delito grave, fuera o no mapuche, si habían antecedentes, se pedía la prisión preventiva. Pero yo analizaba con objetividad y eso notaba que hacía ruido en mis superiores, pues como indiqué era una directriz pedir prisión preventiva a mapuches, la cual los otros fiscales cumplían en forma automática.

– En la demanda por tutela laboral menciona una orden de Chiffelle de poner especial énfasis en comuneros mapuche de las comunidades de Temucuicui y Wente Winkul Mapu. Y si uno va a las causas grandes contra mapuche por Ley Antiterrorista, como Tur Bus, San Leandro o Brasil, se repiten nombres de comuneros de esas mismas comunidades y todos fueron absueltos. ¿Da para pensar que hay una persecución?
– En la práctica nunca se pudieron probar esos casos, pero como contrapartida si alguna vez tenían la oportunidad de pesquisarlos a ellos por una detención, la orden era darles duro. Si dejabas libre a un sujeto de estas comunidades era seguro que te llegaba una solicitud de informe. Por eso en el caso del comunero Sinecio Huenchullán, éste fue pasado a control de dentención, pero ante el Tribunal estimé que lo proporcional eran cautelares distintas a la prisión preventiva ya que aparecía muy contradictorio el procedimiento entre el reporte y lo que llegó a mis manos. Por eso fue que el fiscal Chiffelle me reprendió y pidió un informe. Y era un abigeato, no era un atentado. No recuerdo que eso haya ocurrido con otros hechos de mayor gravedad que no fuera de mapuche. Después se dijo en el juicio laboral que un medio escrito cercano a los agricultores había llamado generando presión ante la libertad de un comunero de Temucuicui y eso llevó a que Chiffelle me mandara el correo pidiendo informe que fue parte del juicio.

– ¿Cuál es el rol de las policías en todo esto?
– Este mismo caso es representativo de esto. El principal motivo por el cual desistí pedir cautelares gravosas respecto de ese comunero fue porque me cambiaron un parte. Esto se lo dije a Chiffelle por escrito, él no hizo nada a pesar que se podría estar alterando un parte, similar al caso de Coñalinco que le indiqué, dos casos solamente de muestra. Otro caso fue el de un sujeto detenido en el bajo Malleco por un supuesto atentado armado que habían grabado el procedimiento con sus cámaras tácticas. El detenido alegó inocencia, ante lo cual pedí el registro fílmico, pero me informaron por oficio que no existían tales registros. Siempre me quedaba la impresión que en estos casos se exageraba todo y no se reportaba oportunamente, primero daban la cuenta a los superiores y muy tardíamente se informaba al fiscal, muchas veces me enteré de procedimientos por la prensa.

– ¿Qué le parece la postura del fiscal Abbott de tratar de culpar a los jueces por la falta de resultados en las investigaciones?
– Yo creo que en su fuero interno, Abbott está afectado por el desempeño deficiente de sus fiscales. Él está tratando de defender su institución porque los fracasos en la novena región han sido grandes. Y no solo casos mapuche, cuando hablo de fracasos todos tuvimos la oportunidad de conocer el caso de Erica Hagan, que junto a Luchsinger Mackay son los fracasos más mediáticos de los últimos años. Fueron entregados a la Fiscalía de “Alta Complejidad” y en los dos fueron sendos fracasos. ¿Por qué? Porque el fiscal regional ha designado a personas que no han demostrado objetivamente tener capacidades para llevar investigaciones sin detenidos flagrantes, donde en último caso su único mérito investigativo es haber conseguido una confesión con la cual hacen calzar el resto de la investigación. Yo creo que el fiscal nacional desconoce la realidad de la zona y desconoce la real calidad de las investigaciones que llevan, esa es la realidad. En el caso Hagan por los errores cometidos se sancionó a los policías, pero quien dirige la investigación es la Fiscalía y ahí 3 fiscales, incluyendo el  fiscal regional, quien llegó al lugar en las primeras diligencias, que fueron precisamente los elementos más erráticos de la investigación. Eso demuestra que no tienen la capacidad para hacer investigaciones, como dicen, de “Alta Complejidad”. A mi me tocó constatar que fiscales de alta complejidad, para efectos de justificar la misma unidad, llevaban en sus números causas por flagrancia, lo cual no se condice con una unidad de este tipo. Recuerdo que una ocasión consulté por una causa que había terminado por flagrancia, era por porte arma de fuego y se había sacado de mi estadística, supe por la secretaria que la causa se había traspasado a la Fiscalía de Alta Complejidad para mejorar los números de condenas de esta unidad.

– ¿Cómo para acumular más y decir que estaban haciendo la pega?
– Claro, para justificar logros de la Fiscalía de Alta Complejidad. Porque los casos de realmente alta complejidad, si buscas la estadística de cómo le ha ido a la unidad de la novena región, te vas a encontrar que todos los importantes los han perdido. Y en la estadística tienes algo que no está relacionado con su actividad porque una fiscalía de alta complejidad supone investigaciones que no son flagrancias. O sea, no un procedimiento de detención que haya logrado la policía, sino que hay que realizar una actividad investigativa. Y no tienen esa capacidad para hacerlo. Abbott está obrando de esta forma pues es lógico que el desprestigio de la institución recae en su cabeza, que es él, por lo que está tratando de dar una señal a las víctimas y a la opinión pública que presiona mucho.

– ¿Cuales son los métodos de evaluación en el Ministerio Público?
– Se han tratado de hacer más objetivos, pero no representan la realidad. Por ejemplo vas a ver los números de la Fiscalía de Alta Complejidad que son malos y las notas de los fiscales que la componen hay una franca contradicción, sin duda su nota será 7 se acercará a esa cifra. Todos los fiscales que son de confianza del fiscal regional siempre van a ser respaldados y van a tener muy buena evaluación. Y cuando uno ve estos fracasos, ¿cómo se puede justificar una investigación buena cuando tienen malos resultados? Esto no solamente en casos mapuche. El caso Hagan fue una comedia de las equivocaciones, habían huellas de las policías en la evidencia, se perdieron otras pruebas, se hizo público por filtración “accidental de un correo interno” que entre los mismos fiscales de la unidad no estaban de acuerdo cómo se estaba llevando la investigación. Ahí se demuestra que no es solo con el tema mapuche. Desgraciadamente para la familia Luchsinger, les pusieron a investigar un caso tan importante a personas que demostraron ya en casos anteriores que no tenían la capacidad. El fiscal Arroyo llevó mi sumario administrativo y en lo formal siempre dijeron que a mi se me había pasado un plazo en una investigación que era por un hurto totalmente intrascendente, por eso justificaron que me echaran. Y dijeron que me había pasado otro plazo antes, cosas que no tenían tanta trascendencia. Y cuando me comunicaron el resultado del sumario les representé el daño y desprestigio que le habían hecho a la institución con el caso Hagan. Esto fue en febrero de 2016, ahí ya se me dijo que eso pronto se iba a olvidar pues venía “algo bueno”.  Y en marzo salió lo del caso Luchsinger Mackay. Lo que yo creo es que el apuro en el caso Luchsinger se hizo motivados de la presión del caso Hagan. Todos los días aparecía una noticia detallando los errores y no resistían. Se hablaba de la presión que tenía la fiscalía dirigida por el fiscal regional Paredes.

– ¿Había mucha presión de otros actores a los fiscales de la zona?
– Después de 11 años trabajando, recuerdo que pasaban cosas que no correspondían. A menudo me llegaban llamadas de personas que eran dueños de predios, no sé cómo se conseguían el teléfono, pedían que fuera a sacar a los mapuche que estaban ocupando sus predios pacíficamente de inmediato y estaban en otra región. U otras autoridades pidiendo datos de investigaciones que eran reservadas. En una ocasión un conocido parlamentario me llamó pidiendo que recibiera a un amigo suyo dueño de una forestal al día siguiente para darle una medida de protección. Yo siempre recibía a todas las personas, pero me negué a estas cosas y les decía amablemente que siguieran el conducto regular, siempre pensé que el cargo en Collipulli requería actuar de forma correcta y con objetividad en un conflicto cuya solución siempre pensé que no le correspondía a la fiscalía.