El proceso de construcción programático del Frente Amplio, como convergencia ciudadana que a principios de año convocó a miles de profesionales, dirigentes sociales, pobladores y activistas, permitió abordar una serie de problemáticas sociales, en un diálogo que fue consolidando las bases del enfoque frenteamplista. En base a los resultados de este proceso creemos importante asumir los temas de la contingencia y abordar de manera extendida las bases de la propuesta programática de la candidatura presidencial frenteamplista, sin entramparnos en las discusiones sin sentido del duopolio, que buscan endosarse culpas unos a otros sin encarar la base de los problemas.

En materia de ciudad y vivienda, una de las noticias más mediáticas del último tiempo ha sido el enfrentamiento de las administraciones de Piñera y Bachelet en torno a los llamados “subsidios de papel” (1). Estos subsidios entregados por el gobierno de Sebastián Piñera, corresponden a miles subsidios habitacionales sin proyecto asociado[1] que hasta ahora no han podido hacerse efectivos para la compra o construcción de viviendas (y que pese a ello forman parte de la batería de indicadores de falso éxito de dicha administración). Más allá de la falta de escrúpulos de un sector político para arrogarse supuestos logros, creemos importante llevar a la discusión a uno de los temas de fondo del problema, que corresponde al agotamiento del modelo subsidiario en vivienda[2], vigente desde la dictadura militar.

En primer lugar, cabe recordar que el subsidio habitacional es por definición un mecanismo indirecto de financiamiento de la vivienda que reduce la responsabilidad del Estado, e incorpora al mundo privado en la gestión pública, supeditando el interés público y las necesidades fundamentales de la sociedad a los márgenes de rentabilidad del mercado. Este es un punto central para colocar en tela de juicio la continuidad de este instrumento, considerada por los programas de los otros candidatos, o si es necesario, buscar formas de financiamiento directo y no mercantilizadas para la vivienda y el desarrollo urbano.

Si bien, todos estos años la lógica subsidiaria ha perdurado sobre el supuesto de financiar a la demanda de las familias más vulnerables a través de un mecanismo redistributivo que pretende disminuir la pobreza, en la práctica estos supuestos han sido ampliamente refutados. La vivienda forma parte de un anhelo material ampliamente extendido en la sociedad chilena, sin embargo, las condiciones de la vivienda social producida bajo este modelo han sido fuertemente criticadas por su baja calidad constructiva, su mala localización y configuración, e incluso por su comercialización una vez asignadas, siendo en algunos casos abandonadas por familias en busca de condiciones de vida digna.

Asimismo, la falta de control por parte del Estado para gestionar los recursos entregados a través del subsidio, establecen una relación de dependencia de las familias “beneficiadas” con los actores del sector inmobiliario, de la construcción, y propietarios de suelo, favoreciendo un manejo privado y especulativo de la relación económica entre el valor del subsidio, y los predios de construcción y de suelo. Estudios sobre el comportamiento del mercado de suelo y la comercialización de la vivienda señalan que los incentivos generados a mediados de la década anterior, a través de nuevos subsidios como el subsidio de localización, han tenido un correlato notable en el aumento del precio del suelo[3]. En otras palabras, este subsidio a la demanda, en la práctica termina siendo un subsidio a la oferta, que busca alimentar la actividad inmobiliaria, generando alzas artificiales en el mercado, lo cual no sólo genera encarecimiento del valor de la vivienda, sino que en la práctica compromete la buena localización y la calidad de la edificación, al tiempo que se transfieren recursos públicos a las utilidades del sector privado.

En tres décadas de funcionamiento, los decretos que regulan la asignación del subsidio habitacional han tenido diversas modificaciones en el intento de regular la acción del sector privado, y mitigar en parte los efectos adversos que el modelo ha tenido en la calidad de las soluciones habitacionales y su localización. No obstante, la aplicación de estos ajustes han aumentado considerablemente los montos del subsidio, han favorecido principalmente a las expectativas económicas de los propietarios del suelo y promotores inmobiliarios.

Uno de los ajustes que más repercutió en la mercantilización del instrumento, ha sido la formulación realizada por el gobierno de Sebastián Piñera del programa de vivienda social D.S. 49 Fondo Solidario de Elección de la Vivienda, que reemplazó el D.S. 174 Fondo Solidario de Vivienda. Este ajuste aumentó los montos de subsidio y, principalmente, abrió la posibilidad de otorgar subsidios para la compra de vivienda nueva sin formar parte de un comité habitacional, ni estar asociado a un proyecto habitacional. El objeto de esta modificación fue precisamente liberalizar el mercado de la construcción para destrabar la aplicación del subsidio en el mercado. En otras palabras, se adoptó un esquema de voucher (o “vale por”), que profundiza la mercantilización del subsidio, pero que sin embargo ha fracasado, habiendo requerido durante este gobierno una gestión más directa y de mayores aportes de parte del Estado.

La convergencia de saberes y experiencias diversas en el proceso programático del Frente Amplio ha establecido la necesidad de reorientar el rol del Estado y la sociedad en el ámbito de la vivienda, asegurando su condición de derecho humano fundamental. Ello implica inevitablemente tensionar el paradigma del Estado subsidiario, la vivienda en propiedad y el rol de los ciudadanos, para avanzar en un Estado asegurador de derechos, que adquiera un rol de promoción y gestión urbana y habitacional, integrando la vivienda a la planificación urbana, diversificando las formas de tenencia de la vivienda, y fortaleciendo la autogestión en el proceso de acceso a la vivienda y reproducción comunitaria.

En términos más precisos, la propuesta del Frente Amplio en dos líneas de acción apuntan a revertir el paradigma del subsidio habitacional, la especulación de suelo y el despilfarro de recursos públicos, hacia un rol más eficiente de financiamiento directo e integrado.  Estos dos ámbitos son: la promoción y gestión de la producción de viviendas, y la gestión inmobiliaria de suelo y viviendas.

A partir de estas líneas, se busca transformar los Servicios de Vivienda y Urbanización regionales en Corporaciones de Desarrollo Urbano (CDU), con participación mayoritaria del Estado y de organizaciones de la sociedad civil. Para ello, se fortalecerá el rol de la gestión inmobiliaria pública, reforzando el uso de líneas de inversión para licitar obras, adquirir, transferir y administrar inmuebles y por ende restringiendo la utilización de subsidios. Por su parte, se busca fortalecer la acción de organizaciones sociales y comités autogestionarios a través de programas y líneas de financiamiento específico para cooperativas de vivienda.

Por otra parte, se busca implementar una política de bancos de suelo público, que promueva la adquisición de suelo e inmuebles promoviendo los intereses sociales. En este sentido considera la constitución de dos tipos de bancos: 1) Banco de Suelo para el Desarrollo de Proyectos de Interés Social, que puedan ser traspasados para la materialización de proyectos de vivienda de interés público promovido por cooperativas o por las CDU; y 2) Banco de Vivienda de Propiedad Pública, las cuales se encuentren en régimen de arrendamiento, para atender el déficit habitacional y de integración social de los sectores postergados (por ejemplo, de vivienda social o vivienda protegida para inmigrantes en áreas centrales).

Estas y otras propuestas contenidas en el programa de Ciudad, Vivienda y Territorio del Frente Amplio tienen como objetivo reducir la brecha de desigualdad de nuestra sociedad, recuperando el sentido público de los programas de vivienda, la ciudad y el territorio. Llamamos a revisar el lugar de los intereses privados en nuestras política públicas, y re-entender nuestros territorios como el principal medio para el desarrollo de la vida en comunidad, el fortalecimiento del tejido social, el ejercicio de la ciudadanía y la concreción de los derechos sociales.

 

[1] A modo referencial, desde 2011, de los 159.815 subsidios otorgados del programa de vivienda social D.S. 49 Fondo Solidario de Elección de Vivienda, sólo se han pagado efectivamente 85.005 (Observatorio Habitacional MINVU). Es decir, el 53% de los subsidios otorgados se ha traducido en obras completamente pagadas a septiembre de 2017.

[2] Diversos analistas han apuntado sus críticas al modelo chileno, al ser un modelo importado a otras latitudes por instituciones supranacionales como el Banco Mundial. Raquel Rolnik en 2012, durante su actuación como Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Derecho de la Vivienda Adecuada (2008-2014), publicó en diversos medios una de sus reflexiones sobre su visita a Chile que tituló “Eu sou você amanhã: a experiência chilena e o ‘Minha Casa, Minha Vida’” (Yo soy el tú de mañana: la experiencia chilena y el [programa de vivienda] ‘Mi Casa, Mi Vida”), en que señalaba los resultados de un modelo de política habitacional que se ha replicado en Brasil y otros países del mundo.    https://raquelrolnik.wordpress.com/2012/05/10/eu-sou-voce-amanha-a-experiencia-chilena-e-o-minha-casa-minha-vida/

Una serie de académicos en Chile y en el extranjero han dedicado investigaciones, artículos científicos y libros a la lógica perversa de la política habitacional chilena. Entre estos destacan Allan Gilbert del University College London, Edward Murphy  de la Universidad de Michigan, Ana Sugranyes de la Corporación Sur de Chile, entre otros, los cuales relatan de forma extendida el controversial modelo chileno de mercantilización de la política habitacional.

[3] Trivellli, Pablo. La propuesta de modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago PRMS 100 requiere una justificación más sólida. EURE, 2011, vol.37, n.111, pp.179-184.