El 21 de marzo de 1991, a un mes de que se dieran a conocer el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que reunió 3550 denuncias de violaciones a los Derechos Humanos en dictadura -más conocido como Informe Rettig- y a días de que el Presidente Patricio Aylwin pidiera perdón como Estado por estos hechos, se vivió un tenso momento en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) en la Sala de Audiencias del Palacio de La Moneda.

Así lo revelan las actas del Cosena, que fueron liberadas gracias a la solicitud de transparencia y posterior disputa judicial de la periodista Catalina Gaete, que terminó con la Corte Suprema decidiendo liberar 13 actas de ese organismo.

Ese día de 1991, según publicó T13 Semanal, estaban reunidas 13 personas: Augusto Pinochet, Patricio Aylwin, el presidente del Senado Gabriel Valdés, el presidente de la Corte Suprema Luis Maldonado, el comandante en Jefe de la Armada Jorge Martínez Busch, el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea (Fach) Fernando Matthei, el general director de Carabineros Rodolfo Stange, el contralor Osvaldo Iturriaga Ruiz y los ministros Belisario Velasco (Interior), Enrique Silva Cimma (Relaciones Exteriores), Patricio Rojas (Defensa), Alejandro Foxley (Hacienda) y Carlos Ominami (Economía).

Patricio Aylwin inició la sesión asegurando que la intención de la reunión era conocer las distintas posiciones respecto al Informe Rettig. Luego de una discusión sobre si se harían públicas las actas, Pinochet tomó la palabra:”El Ejército de Chile, en aras del prestigio y dignidad elemental de la institución, manifiesta su fundamentada discrepancia con el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y le niega tanto validez histórica como jurídica”.

Luego agregó: “El Ejército junto a las demás instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros fue llamado a intervenir en la más grave crisis institucional sufrida por el país en el presente siglo, como la última instancia frente a una seria amenaza a las bases mismas de la convivencia y la soberanía nacional, ellas cumplieron cabalmente su misión, derrotando la asonada totalitaria, reconstruyeron y modernizaron la economía del país, restablecieron la paz social y la democracia”.

Por las razones antes expuestas, Pinochet concluyó que el Ejército “no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esta patriótica labor” y dijo que la comisión estaba “formada por ciudadanos entre los cuales hay quienes ostentan por años una conocida animadversión hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros y hacia su Gobierno, carece de la imparcialidad necesaria para erigirse en instancia capaz de determinar la verdad de hechos sometidos a su conocimiento y que envuelven un juzgamiento de la actuación de los hombres de armas”.

Pinochet planteó que la difusión del informe podría representar un peligro para el país: “El Ejército rechaza la utilización político partidista del Informe y la amplia cobertura internacional que se está procurando darle, cuyos alcances pueden comprometer aspectos básicos de la seguridad interna y de la defensa externa de la República”.

También planteó que discrepaba completamente de la conclusión de que en Chile hubiese habido un Estado de Guerra. Para su argumentación citó dos declaraciones: una del propio Aylwin en octubre de 1973 en el extinto diario La Prensa donde señaló que el Golpe de Estado fue una “medida preventiva que se anticipó a un autogolpe”; y otra de Eduardo Frei Montalva en la que hablaba de un “Ejército paralelo” en los tiempos de la Unidad Popular.

“En la sucia guerra desatada por el extremismo pudieron darse situaciones indeseables e imprevisibles (…) El Ejército de Chile declara solemnemente que no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y la soberanía de la Patria”, concluyó Pinochet.

“Será finalmente la historia la que definitivamente resuelva”

Hubo dos palabras breves después de la extensa intervención de Pinochet. Una de Luis Maldonado, que dijo que la Corte Suprema aún no terminaba el informe de su postura, y otra de Fernando Matthei, quien dijo que ya se había dado a conocer la de la Fuerza Aérea.

Fue ahí que tomó la palabra el ministro de Economía, Carlos Ominami, para responder a Pinochet: “Constato la gran dificultad que tenemos todavía para ponernos de acuerdo en una visión compartida, acerca de un periodo tan complejo y tan convulsionado como el que nuestro país vivió desde finales de los años 60 (…)En esta materia, como muchas veces se ha dicho, será finalmente la historia la que definitivamente resuelva”.

Además agregó: “Quiero decir Presidente, que no obstante de ser hijo de alguien que sufrió los rigores de las situaciones que estamos discutiendo aquí, y que fue Oficial de las Fuerzas Armadas, soy parte también de un sector del país que no entiende haber participado en guerra alguna, que entiende haber asumido su cuota de responsabilidad en la crisis institucional que el país conoció durante los años 70, que también hace suyo el dolor que muchos tienen por los miembros de las Fuerzas Armadas que cayeron durante estos años, y que espera que este mismo sentimiento, pueda anidarse en el corazón de los miembros de las Fuerzas Armadas”.

La sesión terminó a las 17:35 de la tarde.