Héctor Llaitul, tras el bochorno entre la Fiscalía y Carabineros que terminó con el fracaso de la Operación Huracán -causa por la que fue detenido en septiembre pasado-, dijo que ellos siempre denunciaron el montaje, “pero no teníamos cómo probarlo”.

“Montaje” es una palabra que se repite una y otra vez en las causas judiciales contra comuneros mapuche. Quienes trabajan en la zona miran con gracia la pelea entre la Fiscalía y Carabineros, sobre todo al ver cómo el propio fiscal nacional sale a denunciar que la policía falseó pruebas. Una constante denuncia es contra los procedimientos de Carabineros: testimonios no empadronados, levantamiento de evidencias sin guantes, sin filmación y realizado por los propios policías del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sipolcar), no por el Laboratorio de Criminalística  de la institución (Labocar).

Ayer, el conflicto entre la Fiscalía y Carabineros dio un nuevo paso, después de que el juez de garantía de Temuco Juan Mauricio Poblete autorizara la incautación de teléfonos y correos de dos oficiales de inteligencia en la zona: Patricio Marín Lazo y Leonardo Osses Sandoval. Los dos son conocidos en la llamada “zona de conflicto”. Funcionarios de inteligencia de Carabineros, su historial es amplio y sus nombres son objeto de denuncias y miedos entre las comunidades mapuche.

Marín Lazo es un nombre conocido en La Araucanía. En 2012 se desempeñaba como Jefe de la unidad de Inteligencia de Carabineros en Temuco. Entonces, en el juicio por el llamado “Peaje Quino”, se demostró que infiltró a un hombre llamado Raúl Castro Antipan en comunidades mapuche. Ante el tribunal de Temuco, se conoció toda la historia: No solo Castro Antipan participó de numerosos ataques incendiarios, sino que después operó culpando a terceros, siempre bajo el beneficio del “delator compensado”, amparado en la Ley Antiterrorista.

Castro Antipan se transformó entonces en el primer y único mapuche en ser condenado por asociación ilícita terrorista. En esa época, Marín Lazo respondía a quien era el director de Inteligencia de Carabineros, el actual director general de la institución, Bruno Villalobos.

Osses, en tanto, también es bastante conocido en la zona. En su hoja de vida anota un confuso incidente, ocurrido en el cuartel policial de Angol. El capitán de Inteligencia tenía a su cargo el resguardo del armamento de la unidad en el momento en que desapareció un arma 9 milímetros semiautomática con 15 tiros.

El libro que lleva el registro de quien retira las armas, fue quemado por instrucción del propio capitán Leonardo Osses. Debido a esto, el fiscal militar Eduardo Padilla lo procesó por el delito de “infidelidad en la custodia de documentos” e incluso llegó a estar en prisión preventiva. La investigación sigue abierta, pero el oficial volvió a sus haberes.

El general director Bruno Villalobos era el jefe de Inteligencia de Carabineros cuando se conoció el caso de Raúl Castro Antipan / Agencia Uno

Los 13 de Lebu

En septiembre de 2016, 13 presos mapuche en la cárcel de Lebu emitieron un duro comunicado contra él. Lo acusaron de “montaje”: “Hoy sabemos que estos montajes han sido fabricados por unidades de inteligencia de carabineros a cargo del capitán Leonardo Osses Sandoval, quien ha estado presente en al menos seis casos donde se ha puesto de manera artificial armamento y/o municiones para encarcelar a comuneros”.

La mayoría de ellos cumplía la medida cautelar de prisión preventiva mientras se investigaban sus casos.

Uno de ellos era Óscar Cona Viluñir, detenido en dos ocasiones por porte de municiones en el año 2016. En ambas se repiten nombres conocidos en la zona, como el del teniente David Gaete Beltrán, el suboficial mayor Juan Meza Terán, el cabo Muriel Navarrete Zapata, el sargento Marco Gaete Truan y el capitán Leonardo Osses Sandoval, todos miembros de la hoy cuestionada Unidad de Inteligencia Operativa Especializada.

En la segunda detención, según está registrado en la acusación a Cona, Osses revisó el portamaletas del vehículo donde estaba y declaró encontrar “mochila tipo militar, la cual registró logrando establecer que mantenía en su interior 5 cartuchos calibre 9 mm”.

En septiembre de 2016, Cona habló con El Desconcierto desde la cárcel de Lebu, denunciando ser víctima de un montaje. “Cuando me detuvieron la primera vez me llevaron hasta orillas del río Lanalhue y me empezaron a preguntar por algunos peñi. El que hacía las preguntas era el capitán Osses, quien además me decía que le dijera dónde estaban las armas”, señaló en esa ocasión.

Óscar Cona al momento de ser detenido

En dicha detención, Cona sufrió la fractura de tres costillas, según consta en el parte médico del hospital Kallvu Llanka de Cañete. “El capitán Osses me dijo que mirara la mochila que estaba en un rincón y que pensara cómo se vería con algunas municiones adentro”, dijo Cona, miembro de la comunidad Caupolicán, que mantiene un conflicto territorial con las forestales Arauco y Volterra en el sector de alto Lleu Lleu.

El Ministerio Público solicitó dos penas de 541 días de cárcel para Cona por estos hechos. Se dieron 3 meses de plazo de investigación, en junio de 2016.

Según consta en la carpeta investigativa, el tribunal solicitó a los oficiales Gaete Truan y Osses Sandoval -principales testigos- que entregaran mayores antecedentes. En octubre de 2017, más de un año después de la formalización, el Tribunal Constitucional respondió a un requerimiento de la defensa de Cona, cuestionado el largo uso de la prisión preventiva y la calidad de las pruebas.

En diciembre de 2017 se desarrolló el juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete. Ni Gaete ni Osses se presentaron a declarar y se absolvió por unanimidad a Cona Viliñur. “El Ministerio Público no incorporó prueba necesaria para acreditar todos los elementos del tipo penal, requeridos para lograr la condena del acusado”, argumentaron los jueces Cristian Medina, César Guzmán y Liliana Medrano.

Sobre el segundo delito -la segunda detención- critican que no se presentó ninguna prueba contra el acusado. Por lo mismo, se condenó al propio Ministerio Público y a la Gobernación de Arauco a condenar en costas a Cona Viliñur. La sentencia no tiene más de dos páginas.

Gaete Truan es un asiduo de los tribunales de Temuco en diversas causas mapuche. Al momento de declarar, se ha presentado como oficial de la Sipolcar de Carabineros. En el caso Luchsinger Mackay, su intervención tampoco estuvo exenta de polémica. En el primer juicio, se reconoció como el oficial que hizo el rastrillaje de las huellas de huida de los atacantes, las que, según la acusación, llegaban hasta la puerta de la casa de la machi Francisca Linconao.

El problema es que en realidad, el peritaje dio cuenta de que la última huella estaba a una distancia de un kilómetro de la casa de la machi. En el medio hay un camino irregular y otras seis viviendas, las que no fueron allanadas. Además, Gaete Truan lideró el allanamiento a la casa de Francisca Linconao, el que terminó siendo desechado por el tribunal que absolvió a los imputados por “falta de garantías constitucionales”. En específico, se cuestionó la presencia de carabineros de civil, quienes le negaron a Juana Linconao -hermana de la machi- presenciar una parte de la indagación.

El único que vio a Daniel Melinao

El 2 de abril, 76 oficiales del GOPE, Fuerzas Especiales y de la unidad de Inteligencia de Carabineros allanaron la comunidad Wente Winkul Mapu, con el fin de dar con Eric Montoya, quien tenía una orden de detención pendiente.

Tras un enfrentamiento, el cabo Hugo Albornoz recibió una bala en el pecho, la que le causó la muerte.

Los fiscales Luis Chamorro, Héctor Leiva y Luis Arroyo acusaron a Daniel Melinao Melinao, werken de la comunidad, de ser el autor del homicidio. Aseguraron que llegó a la casa de Montoya a repartir balas que después impactaron el casco del capitán Rodrigo Rojas Álvarez, el pecho de Hugo Albornoz y que hirieron al suboficial Víctor Mena. Solicitaron 30 años de cárcel.

¿La principal prueba? El testimonio del teniente Leonardo Osses Sandoval, presentado como el jefe de Sipolcar de Malleco, quien declaró haber visto a Daniel Melinao en el lugar. De todo el contingente, el único que lo vio fue Osses.

Melinao terminó absuelto -tras 9 meses en prisión preventiva- en una sentencia que cuestiona duramente a la Fiscalía y a la inteligencia de Carabineros, hoy enfrentados tras el escándalo de la Operación Huracán.

Daniel Melinao tras ser absuelto. Pasó 9 meses en prisión preventiva / Foto: Felipe Durán

Uno de los puntos más confusos tiene que ver con los tiempos. El asesinato al cabo Albornoz fue en abril de 2012. Ese mismo mes, Daniel Melinao declaró voluntariamente ante la PDI. Sin embargo, recién fue detenido un año después, pese a que Osses declaró haberlo visto en el lugar de los hechos.

Pero eso no es lo único: Un peritaje telefónico dio cuenta de que Daniel Melinao ni siquiera se encontraba en la comunidad Wente Winkul Mapu el día del allanamiento, sino que estaba en Collipulli, donde fue a acompañar a su padre a hacer unos trámites.

También se presentó un video, grabado desde el casco del oficial Marco Medina. Este fue editado por el perito Pablo Bravo, quien reconoció haber modificado duración, colores y otras cosas para que quede de mejor calidad. En el registro, se ve un punto rojo, probablemente de una persona que vestía una prenda de dicho color.

Todos los Carabineros que declararon en el juicio aseguraron ver de forma “clara y concisa” a Daniel Melinao en ese video. Osses, a su vez, dijo haberlo verlo en terreno ese día. El Tribunal Oral en lo Penal de Angol fue claro en la sentencia respecto a esta prueba: “Resulta inexplicable para el tribunal, por cuanto tales imágenes son absolutamente difusas, como sus colores (…) no se puede distinguir si se trata de hombres o mujeres, no se divisan con claridad sus rostros dado que fueron captados de perfil, tampoco si usan pelo largo o corto”.

Pero lo que terminó por derrumbar el juicio contra Daniel Melinao fue el testimonio de Alex Díaz, de la brigada de homicidios de la PDI, quien reconoció en estrado la existencia de dos teorías de investigación: Fuego amigo o la participación de terceros. Esto se sumó al hecho de que la bala que mató a Albornoz era una calibre .38, del mismo modelo que portaban otros funcionarios policiales en el allanamiento.

Los jueces fueron particularmente duros con Leonardo Osses, jefe de Inteligencia en Malleco y líder del allanamiento en la Wente Winkul Mapu, pues su testimonio era “ambiguo” con el de otros oficiales: “Es incoherente e inconsistente para construir con su relato una hipótesis que conduzca a la elaboración de una certeza jurídica”.

“Tras el precario desempeño probatorio que se ha analizado (…) La absolución no puede resultar más categórica”, finaliza la sentencia.

Vale recordar que este juicio fue anulado en la Corte de Apelaciones. Enfrentado nuevamente a un juicio oral, Daniel Melinao volvió a ser absuelto.