El hashtag #LeySophia se ha mantenido entre los más comentados durante todo este martes. La opinión pública está todavía conmocionada luego de que se conociera el caso de Sophia, la menor de un año y 11 meses que murió a causa de las brutales agresiones y abusos causados por su padre, en Puerto Montt.

Los ánimos se alteraron aún más cuando se conoció que Francisco Javier Ríos Ríos, el victimario de 26 años, contaba con un historial con causas múltiples por robo, porte de arma blanca y episodios reiterados de violencia intrafamiliar, por los que no fue condenado ya que las víctimas se retractaron.

[Lee en El Desconcierto: Imputado por muerte de lactante en Puerto Montt contaba con historial de “perdonazos” por violencia intrafamiliar y otros delitos]

En ese contexto, la ciudadanía se ha movilizado exigiendo una ley que endurezca las penas para los autores de abusos y maltratos contra menores, y uno de los tópicos que ha surgido en el debate es la reinstalación de la pena de muerte. Sin embargo, en conversación con El Desconcierto, el abogado penalista y profesor de la Universidad de Chile, Jaime Winter, se manifiesta contrario a dicha iniciativa, a pesar de que señala que el debate le parece comprensible.

“Normalmente, cuando se aboga por la pena de muerte, tiene que ver con algo que es bastante comprensible y es que el horror de un determinado crimen parece ser algo de lo cual nuestras leyes no se pueden hacer cargo. El horror de un hombre matando a una lactante es un nivel que ninguna ley se va a poder hacer cargo y ningún castigo va a ser suficiente para ‘satisfacer’ ese daño”, explica.

Actualmente la pena más alta que existe en Chile es el presidio perpetuo calificado, que significa que la sanción no puede ser revisada antes de 40 años de cumplimiento efectivo. Y a pesar de que el debate en el país no se ha enfocado en la dignidad de las personas sino que en su carácter preventivo, del mismo modo, Winter afirma que reponer la pena de muerte no representaría un avance ya que “no hay pruebas de que ella sea más disuasiva que otras sanciones en nuestro sistema”.

De este modo, explica que “el parricidio, que es este caso, normalmente es un delito que no es precedido por demasiada reflexión, esto significa, que la persona que lo comete no está pensando en la pena de la que va a ser objeto”. “La mayoría de estos casos son descubiertos muy rápidamente, no son casos que queden ocultos, si es que hubiera maás reflexión la gente trataría de evitar ser descubiertos. Por lo tanto, la prevención no es demasiado efectiva en estos casos, e incluso aunque funcionara la pena de muerte –que no es real, no funciona–, para estos casos no serviría necesariamente”, agrega.

Foto: Jaime Winter

 

Chile y su política de castigo sin prevención

Para el abogado, la idea de solo aumentar las penas responde a un patrón que ha seguido la política chilena desde comienzos de este siglo, y “lo que hace es esconder un problema real de delincuencia que existe. Porque el aumentar las penas tiene muy poco efecto en términos de prevención”.

“Cuando la única respuesta en el debate público y por parte de nuestra política es aumentar las penas, lo que se hace es que se esconde el verdadero problema que hay de fondo y cómo enfrentarlo, y eso se ve en un montón de casos. En este caso específico es bien sintomático, porque hay un parricidio, la muerte de un menor, y estamos en un contexto en que nos acabamos de dar cuenta la gravedad de la institución del Sename, que es la institución que está a cargo de los niños en la situación más precaria posible. Nos damos cuenta que no somos capaces de enfrentarla. Y la respuesta fácil a eso es aumentar las penas pero un enfoque que no soluciona absolutamente nada“, ahonda.

Además, agrega que esto se refleja en una serie de problemáticas nacionales. “Crear el delito de ‘femicidio’ no tiene ningún efecto porque es el mismo delito de parricidio con otro nombre, no hay un aumento de pena, pero el problema de fondo es la violencia de género, y no se está enfrentando la violencia de género porque se dice que se aumentaron las penas”.

“En el caso de la agenda corta anti-delincuencia –para que se vea que esto es transversal–, se aumentan las penas para los delitos contra la propiedad pero el propio mensaje de la agenda corta, el diagnóstico que se hace es “nosotros no logramos resolver policialmente los casos” pero se aumenta las penas para los casos en que sí se encuentra el responsable. Entonces dejamos los otros casos que están sin resolver, sin resolver, porque lo que se hace es aumentar las penas”, agrega.

Dado lo anterior, para Winter apelar a una medida de este tipo “es una salida fácil desde el punto de vista político, para que los políticos digan ‘estamos haciendo algo’ para la violencia contra la infancia, cuando el problema es mucho más complejo, mucho más profundo, tiene que ver con precariedades que hay en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, que tienen que ser resueltas y en eso el derecho penal y los tribunales no tienen nada que decir”.