Rodrigo Román sobre Operación Huracán: «Ha quedado de manifiesto el Estado policial en el que estamos»

Ocho detenciones, prisiones preventivas, mensajes de WhatsApp y Telegram mostrados como evidencias, un viaje a Argentina para compartir los antecedentes de la investigación, liberaciones de la prisión, supuestas filtraciones de la Fiscalía a los comuneros, el enojo del fiscal Luis Arroyo, la denuncia de montaje de Carabineros con el anuncio de cierre del caso, la guerra desatada entre el Ministerio Público y la institución policial.

Falta solo un día para la audiencia de cierre y solicitudes de sobreseimiento de la polémica Operación Huracán.

El Desconcierto conversó con el abogado Rodrigo Román, defensor de Héctor Llaitul, vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y uno de los ocho comuneros que fue detenido en la Operación Huracán el 23 de septiembre de 2017. «Lo que queda de manifiesto es que todo esto es una historia de la inteligencia policial que se fabricó desde septiembre del año pasado, cuando se desarrolló el juicio del caso Luchsinger Mackay, cuando se dieron cuenta de que por la precariedad y ordinariez de sus pruebas perderían el juicio», asegura Román.

Y luego agrega: «Espero que el Tribunal de Garantía, conforme a los antecedentes que son irrefutables, proceda a dictar el sobreseimiento definitivo en lo que dice relación con el delito de asociación ilícita terrorista. Los abundantes antecedentes no dan cuenta ni por lejos del delito de asociación ilícita terrorista, sino que de los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de instrumentos públicos y delitos informáticos por parte de las policías».

—Usted ha tildado la Operación Huracán como «el mayor escándalo que conoce la democracia en Chile».

—Es que resulta ser escandaloso que, en un estado democrático de derecho, la PDI acuda a allanar la sede de Carabineros y se encuentre con una resistencia, con ellos amotinándose. Resulta extraño en una democracia que luego Carabineros esté siguiendo y fotografiando al fiscal regional. Más allá del montón de escándalos que han protagonizado estos casi 30 años de falsa democracia, no tengo conocimiento de nada más escandaloso que este caso de la Operación Huracán. Da cuenta de que Carabineros de Chile está actuando al margen de la Constitución y las leyes. Si eso no es un Estado policial, vaya que lo parece.

—Entre los carabineros investigados hay algunos que ya habían tenido episodios controversiales en otras causas contra comuneros mapuche. ¿Qué nombres te llamaron la atención? 

—El caso de (Patricio) Marín (Lazo) es el más paradigmático, la estrella de Carabineros en esta causa. Él también es el creador del otrora montaje del caso Antipán, donde informáticamente el único que resultó condenado por Ley Antiterrorista fue este chico, siendo que él había sido infiltrado por la Dipolcar ahí. Y todos los otros comuneros que estaban en la misma causa con Castro Antipán fueron absueltos. Si eso no es escándalo, por favor, díganme qué es.

—Uno de los testimonios que salió a la luz con la investigación de la Fiscalía es el de Álex Smith Leay (dado a conocer mediáticamente por La Tercera). ¿Qué le pareció ese testimonio?

—El «profesor», ingeniero agrícola y forestal Álex Smith, autodidacta que según él habría desarrollado un software de espionaje de la calidad de los que tienen los israelíes, nos hace pensar que estaríamos en frente de un superdotado. Pero con la información que corre en todos lados, tanto en los peritajes encargados por la Fiscalía y por la gente que ha intervenido, se da cuenta de lo inverosímil que resultan las versiones dadas respecto a las supuestas filtraciones.

—¿Cuáles puntos son los que le parecen controversiales en su testimonio?

—Yo me apego a lo que dicen desde la ONG Derechos Digitales. Hasta ayer conocíamos tres versiones en el corto tiempo que ha tenido esta comedia. Lo que se presentó cuando estalló el caso es que la policía había actuado sobre la incautación de conversaciones de WhatsApp y Telegram. Eso se cayó. Luego se señaló que fueron implantados por la policía. Y ahora, con la versión de Smith, se dice que a través de un software de espionaje, un malware llamado Antorcha, se habría infectado los teléfonos de los comuneros creando un espejo para captar los mensajes que se escriben y reciben. En ese caso habría un delito informático.

—¿Cómo aplicaría esto para el caso particular de Héctor Llaitul?

—Su caso es más burdo aún. Desde luego hay que descartar cualquier posibilidad de otorgarle valor al relato de las policías porque lisa y llanamente Llaitul jamás ha usado teléfono con la aplicación de WhatsApp o Telegram. Así de categórico. Más aún, el equipo, el aparato que él tiene, no tiene la posibilidad de tener el sistema operativo Android, que sería por donde sería posible realizar estas telecomunicaciones. Héctor Llaitul ha dicho que ni siquiera sabe cómo funciona ese sistema de comunicación.

—¿Tampoco podría tener acceso al correo a través del celular? Smith dijo que esa era la forma en que se infectaban los celulares para crear el espejo.

—Tampoco, porque el aparato que le incautaron era de los antiguos, de los primeros, que lo único que pueden hacer es llamar o recibir llamadas telefónicas y cuando más, mensajería de texto. No podría haber funcionado el malware que infecta el celular.

—Además de la audiencia de Huracán, en los próximos días  se llevará a cabo el nuevo juicio por el caso Luchsinger Mackay.

—Yo creo, en mi interpretación, que estos casos están relacionados. En esta comedia Huracán también se está investigando la supuesta suplantación de mensajería que serviría de sustento para la causa de los 29 camiones que fueron quemados en San José de la Mariquina, a finales de agosto del 2017. En ese momento se estaba celebrando el juicio oral Luchsinger Mackay. Partió el juicio el 21 de agosto del 2017 y el 28 se queman sorpresivamente estos camiones. En ese «Huracán 2», la Fiscalía ya sospecha que la mensajería que había servido de sustento a dicha causa también habría sido implantada por la policía. Se está demostrando que permanentemente han implantado pruebas y ha quedado de manifiesto el Estado policial en el que estamos.

—¿Qué le ha parecido el rol de la Fiscalía, históricamente cuestionada en casos que involucran a comuneros mapuche?

—La Fiscalía hoy quiere asumir un rol de blanca paloma cuando, al menos en La Araucanía, ha desempeñado una persecución infundada de comunidades mapuche en resistencia y de comuneros, con más de 100 o 200 personas privadas de libertad por larguísimos periodos y en su gran mayoría absueltas luego en juicios orales. El caso del fiscal (Alberto) Chiffelle, desde el año 2001 a la fecha ha sido implacable en la persecución penal infundada y la privación de libertad de los mapuche. Hoy la Fiscalía y el fiscal Arroyo se victimizan, pero la verdad es que han estado permanentemente del lado de la policía y de los ricos y poderosos latifundistas de la zona.