El derecho a la dignidad en salud: La deuda pendiente de la eutanasia

En enero del 2014, el Dr. Manuel Almeyda enviaba una carta al Colegio Médico de Chile solicitando la “creación de una comisión de hombres justos que estudien la mejor forma de ponerle termino a la vida de las personas que estén en una condición de vida terminal y así lo deseen”.

A raíz de esto, en la Cámara de Diputados se presentó el proyecto de ley que permite la eutanasia en Chile, iniciativa que fue presentada con anterioridad en 2006 y que nunca fue debatida en la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Frente a esto, varios sectores conservadores de la sociedad manifestaron su rechazo a una medida de eutanasia en Chile durante el año 2014.

Esta situación vuelve el 2015 con el caso de la joven de 16 años, Valentina Maureria, que pide el fin de la vida de una manera digna. Con esto se abre una discusión postergada por muchos años al intentar evadir el debate ético que significa acuerdos sociales respecto  a la vida y su término.

La historia legislativa de la eutanasia en Chile

El año 2006 se instauraba en Chile la reforma a la salud AUGE, la cual dentro de otros objetivos intentaba hacer un reconocimiento de derechos básicos de los pacientes. Los antecedentes con que se manejaba esta reforma era con la consagración en 2001 del consentimiento informado y la regulación de la muerte digna, centrada en la posibilidad de evitar el ensañamiento terapéutico que atentaba a la calidad de vida o extendía la vida de manera innecesaria. El proyecto original mencionaba respecto al derecho del consentimiento informado: «toda persona tiene derecho a otorgar o denegar su consentimiento para someterse a cualquier procedimiento invasivo, de cirugía mayor o compleja, y otros que defina el Ministerio de Salud, salvo que la negativa pueda implicar su muerte y siempre que no exista otro procedimiento alternativo».

Esta definición en el proyecto proponía un rol pasivo del médico o medica al tener que acatar la voluntad del paciente cuanto éste determinara limitar su tratamiento y permitir un curso normal de la enfermedad que llevara a su muerte, pero este apartado dejaba la duda respecto a que si este derecho se podía concebir como un derecho implícito de eutanasia o era un paso previo para comenzar la discusión respecto al derecho de los pacientes de decidir el término de su vida. Esta interrogante la hicieron patente los sectores conservadores y religiosos que miraban con miedo que esta iniciativa abriera la puerta a la eutanasia en Chile, pero respecto a esto el proyecto también definió que «el médico no tiene la intención de matar al paciente cuando, a petición de este último, suprime los cuidados no debidos, no necesarios y que no tienen sentido. Esta regulación no debe confundirse con la eutanasia».

La reforma de 2006 solo vino a aclarar estos derechos fundamentales de las personas, intentando definir que la eutanasia no se encontraba resguardada por la ley, dejando pendiente el debate de fondo que una vez más volvió a la discusión pública tras la irrupción del caso de Valentina.

Han pasado más de 15 años desde que la entonces ministra de salud, doctora Michelle Bachelet, promulgara el inicio de la discusión sobre los derechos y deberes del paciente, donde se reconocía el derecho de autonomía de los pacientes de limitar su tratamiento. Ahora se observa como una ley defectuosa, que evade un debate ético de fondo y que asume una postura convervadora-paterlanista, termina por cercar la autonomía del paciente obligándolo a llevar una condición de vida deficiente y dolorosa, cuando su voluntad es lo opuesto. A pesar de que se reconoce la posibilidad de que el paciente limite el tratamiento, este hecho no da solución al sufrimiento prolongado que algunos pacientes deben sufrir contra su voluntad y que extiende su vida por un tiempo incierto junto con una calidad de vida que incluso llega a poner en cuestión la dignidad humana.

Realizar una negación de la eutanasia basándose en el respeto a un principio general de la “vida” es negar un debate que permita dar solución a los conflictos que emergen desde la relación del sistema de salud y los pacientes. La dicotomía entre vida y libertad de decisión del paciente encuadra una discusión necesaria de la sociedad, donde el centro no debe ser la imposición moral de un principio, sino en cómo se acompaña a aquel que presenta un dolor intenso o limitaciones de la calidad de vida insoportables. La propuesta de legislar la eutanasia en la Cámara de Diputados es una oportunidad para abrir un debate social necesario en Chile y para una sociedad que debe avanzar en superar trabas de corte valórico para entregar la mejor dignidad y atención en salud a cada uno de los pacientes. Otorgar el derecho a la eutanasia en los casos de incapacidad física grave o sufrimiento intolerable o intratable, en condiciones que existe la voluntad expresa de desear la muerte es un imperativo ético mínimo para las personas en Chile, personas como Valentina Maureira y tantas otras en nuestro país.