Nuevo informe, viejas prácticas: Siguen violando los DD.HH. del pueblo mapuche

Violencia sistemática. Eso es lo que ha sufrido el Pueblo Mapuche por parte del Estado, desde las fuerzas policiales, los medios de comunicación, el sistema educacional y, consecuentemente, desde una parte de la sociedad a partir de la instalación de la nación.

Muchos dirán que son discursos panfletarios, otros, que defendemos lo indefendible. Pero no, hay argumentos históricos y políticos que avalan esa dolorosa realidad. Estos días se publicó el Informe Anual 2017-18 de Amnistía Internacional que pone en evidencia que Chile no lo está haciendo bien en materia de derechos humanos de los Pueblos Indígenas.

En el capítulo sobre Chile, el Informe Anual manifiesta, entre otras temáticas, su preocupación por la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y en el presente, y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra comuneros mapuche. Conjuntamente, cuestiona la aplicación de la Ley Antiterrorista que se ha empleado contra este pueblo.

Un breve resumen de la violencia premiado con una “Antorcha”

Mayo de 2017, la Fiscalía de Temuco anunciaba el cierre de la investigación por el secuestro y tortura (cometidos en junio de 2016) contra el lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul Hueiquil, ya que no habrían individualizado a los presuntos responsables de estos hechos. «Lo habían amenazado con matarlo si persistía en su labor como líder y defensor del pueblo mapuche. El fiscal señaló que la investigación no podía proseguir porque Víctor Queipul no colaboraba», señala Amnistía.

Un mes después, Carabineros de Chile allanó de forma violenta la misma comunidad, disparando lacrimógenas cerca de una escuela de niños. Respecto a este repudiable acto, el  informe establece: «Las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno muy cerca de un colegio de la comunidad mapuche de Temucuicui, mientras los niños y niñas estaban en clases. La Corte Suprema consideró “proporcional” esa acción».

Suma y sigue. Francisca Linconao, machi, guía espiritual y pilar fundamental de la conservación de las tradiciones y cosmovisión de esta cultura, protagonista de la primera aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile, vinculada a uno de los casos más complejos que enfrenta este país respecto al desencuentro histórico y actual entre el Estado y este pueblo indígena, que es la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. ¿El resultado? Una machi acusada de terrorismo, encarcelada y hostigada, cuyo proceso aún no termina.

En septiembre del 2017 la prensa explotó con los titulares de la “Operación Huracán”. Uno de los acusados, Jaime Huenchullán, también de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, por cierto, una de las más estereotipas por los medios de comunicación, relata:

«Fui violentamente detenido en Ercilla en presencia de mi familia, de mis hijos, y mi señora, y me llevaron hasta la octava comisaría de Temuco, donde me encontré con otros hermanos mapuche. Esa tarde fuimos detenidos de distintas comunidades mapuche, y el día 24 fuimos formalizados por asociación ilícita terrorista e incendio terrorista. Después de un mes que estuvimos encarcelados en Angol con mi hermano Rodrigo Huenchullán, presentamos en nuestra defensa alegaciones a la Corte Suprema, lo cual fue acogido de buena manera, y a nosotros nos dejaron en libertad. En diciembre pasado, la Fiscalía descubrió muchas irregularidades y arbitrariedades en la investigación, lo que concluyó que todas las pruebas eran falsas, manipuladas por Carabineros y un civil, y con esos antecedentes se nos persiguió, se nos encarceló. Hoy en día la misma Fiscalía denunció a estos policías por falsificar evidencias para inculparnos a los 10 hermanos mapuche que fuimos acusados por la Ley Antiterrorista, con la denominada ‘Operación Huracán'».

Al consultarle sobre responsabilidades, señala: “Para nosotros esto es un montaje político-policial, elaborado por el Gobierno Central, donde tiene responsabilidad política el Ministerio y Subsecretaría del Interior, y también los altos mandos de Carabineros, por eso es que nosotros nos hemos querellado en contra siete policías más un civil que tuvieron participación en este montaje y en la falsificación de la pruebas. Actualmente esa querella fue acogida, esperemos que prospere y que estos policías sean desvinculados de Carabineros, y condenados por estos graves delitos, que una vez cometieron contra la lucha del Pueblo Mapuche”.

En definitiva, el Informe Anual 2017-18 de Amnistía Internacional sigue mostrando cómo un año más se siguen vulnerando permanentemente los derechos humanos del Pueblo Mapuche, bajo el amparo del Estado y de sus múltiples instituciones. Este gran número de casos mencionados no permite albergar, además, ninguna perspectiva de mejora para el futuro. La fuerza policial se lleva la antorcha de la vergüenza, por no respetar los derechos humanos de los niños y niñas mapuche, ni de nuestras autoridades ancestrales, ni de los que luchan de manera legítima por su territorio, simplemente, un pueblo culpable por defender su madre tierra.