— Mi detención la acordaron Macri y Bachelet, ellos me querían preso.

Era junio de 2017 cuando un carro policial lo detuvo. Manejaba por la Ruta 40, a 50 kilómetros de la salida sur de Furilfche. “Sabés quién soy”, le dijo Francisco Facundo Jones Huala al oficial. Lo trasladaron directo al penal de Esquel, hasta la celda de metro ochenta por metro ochenta que se convirtió su residencia desde entonces.

Desde esa celda, se enteró de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que afectaron y agudizaron la lucha mapuche en el Puelmapu. Al otro lado de la cordillera, en el Gulumapu, Héctor Llaitul -“mi peñi”, como lo recordó con cariño en una entrevista– también cayó preso, para después ser liberado por el escándalo del presunto montaje de la Operación Huracán.

A sus 32 años, Jones Huala no es un desconocido. Es el lonko, la máxima autoridad mapuche del Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que ha luchado por años para recuperar su territorio ancestral, que permanece en gran parte en propiedad de la multinacional Benetton.

El lonko cayó detenido solo unas horas después de una reunión privada entre los presidentes de Chile y Argentina, Michelle Bachelet y Mauricio Macri. Jones Huala es requerido por la justicia chilena desde el año 2013, por el atentado incendiario en el fundo Pisu Pisué. El pasado lunes, el juez Gustavo Villanueva resolvió extraditarlo, por lo que deberá volver al país para enfrentar la justicia en Valdivia.

La vida de Jones Huala cambió desde que se le vinculó en dicho atentado incendiario. Su rostro se volvió símbolo de la lucha mapuche por la reivindicación territorial. Pero desde antes de eso, su nombre estaba en la mira de los dos gobiernos que hoy enfrentan un centenario conflicto aún sin resolución.

Primero en Chile y después en Argentina, fue objeto de seguimiento él y su círculo cercano, le interceptaron el teléfono y trataron de monitorear sus movimientos. Acá, fue la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Allá, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Michelle Bachelet y Mauricio Macri, presidentes de Chile y Argentina / Agencia Uno

“El Facu”

9 tomos de investigación recopiló el Ministerio Público en torno a la causa Pisu Pisué. Cientos de pruebas, especies periciadas y más de medio centenar de testigos fueron parte del juicio que se desarrolló en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. La sentencia, de más de 240 páginas, terminó sin ninguno de los imputados en la cárcel.

En 2014 se desarrolló el juicio oral. El Ministerio Público, junto al entonces gobierno de Piñera como parte querellante, acusaron a Francisco Facundo Jones Huala, Fennix Delgado Ahumada y Cristián García Quintul del delito de incendio por un ataque incendiario que afectó el fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno. A la machi Millaray Huichalaf Pradines, Tito Cañulef Neipan y Alex Bahamondes Garrido, los acusaron de encubrimiento de los primeros tres.

En el transcurso del juicio, no se logró demostrar la participación de ninguno de los imputados en el incendio de enero de 2013. Solo se condenó a la machi Millaray Huichalaf bajo la cuestionada figura del encubrimiento de un delito que, hasta ahora, no tiene autores.

La carpeta judicial de dicho juicio refleja varias situaciones llamativas: La inclusión de una multiplicidad de pruebas proveniente de otras investigaciones con distintos RUC (Rol Único de Causa, el número con el que se identifica una causa en el Poder Judicial) que no tenían que ver con el incendio en Pisu Pisué, y el particular interés que tenían la Agencia Nacional de Inteligencia y la Policía de Investigaciones respecto de Facundo Jones Huala y de la machi Millaray Huichalaf.

Varios policías reconocieron en el juicio que el grupo de los 6 acusados, más otras personas ligadas a ellos, fueron objeto de interceptaciones telefónicas y seguimiento fotográfico por agentes de la ANI.

El primer objetivo fue la machi Millaray Huichalaf, quien apareció en el radar de la policía cuando se mudó a la zona a fines de la década pasada. La autoridad mapuche se volvió, además, la cara visible de un movimiento local que se opuso a la instalación de una central hidroeléctrica de propiedad de la empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. En ese entonces estaba ligada al ex senador de la UDI Jovino Novoa y el ex ministro de Pinochet Hernán Buchi. Hoy, pertenece a capitales noruegos. Pilmaiquén está desarrollando tres proyectos hidroeléctricos en la zona.

Parte de las pruebas de otras investigaciones que fueron incluidas en la acusación tienen que ver con otros atentados en la zona, que respondían al mismo modus operandi que Pisu Pisué y en los que “podría estar vinculada la machi Huichalaf”, como dijo Francisco Ruz, subinspector de la PDI.

Machi Millaray Huichalaf

La ANI intervino el teléfono de la machi y la siguió a través de fotografías, según reconocieron los oficiales de la PDI que declararon en el juicio. A través de ella comenzaron a investigar a una amiga suya, quien, según dijeron los policías, le pasó su celular a un ciudadano argentino. Al tiempo lo identificaron como “el Facu”.

Alejandro Pino Medina, funcionario de la PDI, declaró que se tenía información de un ciudadano argentino que estaba en Temuco desde, por lo menos, 2008. A través de la interceptación telefónica, dan con Facundo Jones Huala y comienzan a seguir sus movimientos. En junio de 2012, la policía sabía que el hoy mediático lonko entraría al país a visitar a un hijo, a dónde llegaría y quién lo recibiría en la capital de la novena región.

Según declaró el subinspector Jaime Salzar Valeria, quisieron “descartar o confirmar una organización criminal”, razón por la que monitorearon la actividad del grupo y las redes de apoyo que tenían Jones Huala y la machi Millaray, amparados en la Ley de Inteligencia Nacional (N°19.974).

El oficial Pino Medina dice textualmente que a Jones Huala lo investigó la ANI, que puede realizar diligencias sin orden judicial cuando enfrenta “grupos subversivos”. “Era de carácter violento y ocultaba su identidad con capuchas y siempre actuaba de noche”, dijo el PDI, quien también aseguró que pusieron los ojos sobre Jones después de “googlear” la frase “PU Hueichafe Resistencia Ancestral Mapuche”, utilizada, según él, para reivindicar atentados incendiarios en Villa La Angostura, Argentina. La policía argentina contribuyó con información respecto al lonko.

Testigo protegido

Fue la ANI la que recibió información -de parte de un testigo protegido- de que en la casa de la machi se estaban “quemando evidencias”. El 30 de enero de 2013, la PDI realizó un allanamiento. En el lugar estaban Millaray Huichalaf, Facundo Jones Huala, Tito Cañulef, Fennix Delgado, Alex Bahamondes y Cristián García, los seis acusados en el caso Pisu Pisué. Todos fueron detenidos.

En el lugar, la policía incautó computadores, celulares, ropas, mascarillas, pistolas de fogueo, escopetas artesanales y cajas con cartuchos de bala, además de mapas, “cuadernos con dibujos del Che Guevara” y “hojas blancas con escrituras sobre temas mapuche”, según se lee en la acusación. También se incautaron lienzos con la consigna “resistencia Puelwillimapu”, los que la ANI comparó con los presentes en “marchas pro mapuches”.

Las armas encontradas no tenían relación con los disparos realizados en el sitio del suceso, según quedó probado en los diversos peritajes que se acompañaron el juicio. Esto, sumado al hecho de que no había ninguna prueba directa que vinculara a Cañulef, Delgado, Bahamondes y García al atentado y que las víctimas fueron incapaces de identificarlos como los atacantes, es que el tribunal decretó la absolución de los imputados.

En tanto, la situación de Millaray Huachilaf fue más compleja. Pieza clave fue Alberto Riquelme, la víctima que cuidaba el fundo esa noche de enero de 2013, quien identificó ciertas prendas encontradas en la casa de la machi Millaray como las utilizadas por los atacantes en el juicio. Mencionó guantes cortados en los dedos, un bolso rojo y un trozo de tela, entre otras cosas.

Esta declaración, argumentaron los jueces, terminó siendo clave para la condena a la machi. Riquelme, además, declaró que la machi había estado merodeando su casa una semana antes del atentado, haciéndose pasar por “mormona”. Si bien esto no tiene vinculación directa al atentado, el tribunal lo avaló como prueba y señaló que Huichalaf “no podía no conocer” que se realizaría el ataque.

Millaray Huichalaf fue condenada a 61 días de presidio efectiva, pena que para ese momento había cumplido tres veces, pues pasó un total de 230 días en prisión preventiva esperando el veredicto.

La abogada Karina Riquelme, defensora en la causa Pisu Pisué, recuerda que las pruebas ingresadas por la ANI eran “similares a lo que entregaron ahora en Huracán”. “Mostraban que la machi Millaray dirigía la oposición a la hidroeléctrica. Es una prueba que criminaliza su posición como defensora del territorio, porque no existe prueba directa de que ella haya encubierto a alguien”, asegura.

Jones Huala, en tanto, se fue a Argentina en medio de todo el proceso, cuando fue liberado de prisión preventiva. Fue declarado “en rebeldía” por el tribunal, por lo que los jueces no se pudieron pronunciar respecto a su inocencia. Pero Fennix Delgado, también acusado de ser atacante del fundo, fue absuelto por la inexistencia de pruebas.

La única diferencia es que al lonko se le imputó también el delito de porte de armas. Específicamente, una escopeta hechiza y municiones. Cualquier eventual pena debería considerar los tiempos de detención que ha pasado Jones en Chile y en Argentina.

En octubre de 2014, apenas terminado el juicio, se emitió la orden de extradición para Facundo Jones Huala.

Facundo Jones Huala

La Inteligencia en Argentina

Facundo Jones Huala ha sido sometido dos veces al proceso de extradición hacia Chile por los hechos ocurridos en el fundo Pisu Pisué.

Según consta el dictamen del primer proceso judicial, la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina -AFI, el símil de la ANI- incurrió en una serie de irregularidades en el proceso. El procedimiento entero terminó viciado “producto de manifestaciones extrajudiciales ralizadas por G. F. C., bajo coacción física y psíquica (…) El juez federal consideró que se hallaba impedido de evaluar la validez de lo actuado por la justicia de Chile como consecuencia de la ilegalidad del proceder de las autoridades policiales provinciales”, dice el documento.

Según se acredito, dicho funcionario golpeó y torturó de otro comunero mapuche con el fin de obtener información de Facundo Jones Huala, siendo la orden exclusiva era la detención del lonko y su posterior tramitación de la extradición. “Fue durante 2014 y 2015 que la AFI hizo seguimientos ilegales contra Facundo y su familia. Esto quedó acreditado y ya hay un procesamiento contra el funcionario de inteligencia”, comenta a El Desconcierto Elizabeth Gómez, una de sus abogadas.

Aún así, no le duró mucho la tranquilidad. Después del mencionado encuentro entre Macri y Bachelet, Jones Huala volvió a ser detenido. El juez federal Gustavo Villanueva estimó que nadie se pronunció, en el proceso anterior, respecto del fondo de la petición de extradición, por lo que se inició todo de nuevo. “En el momento que se inicia, que es el 27 de junio de del año pasado, todavía faltaba por resolver una de las apelaciones del proceso anterior, lo que es una violación al debido proceso”, comenta Gómez.

El resultado se dio a conocer el lunes pasado en Bariloche, una sentencia que Jones Huala recibió desde la prisión en Esquel a través de una videoconferencia.

Elizabeth Gómez afirma que apelarán a la sentencia en la Corte Suprema, por lo que aún falta una instancia judicial para que la extradición hacia Chile sea un hecho. Mientras, Facundo Jones Huala mantiene el mismo estilo de siempre. Apenas conoció el resultado, esto fue lo que dijo a una radio comunitaria de Argentina:

— Estoy siendo juzgado dos veces por la misma situación, me presenté a derecho solo ante Gendarmería y por eso estoy acá. No van a pisotear nuestra dignidad, voy a seguir hablando e incentivando la lucha mapuche mientras ellos siguen jugando con todo tipo de artimañas legales en lugar de resolver un conflicto histórico.