Este lunes se llevó a cabo la primera sesión de la comisión mixta que revisará la Ley de Identidad de Género, una iniciativa que nació como moción parlamentaria en 2013, pasó dos trámites legislativos durante el gobierno de Michelle Bachelet y espera convertirse en ley en esta primera etapa del gobierno de Sebastián Piñera.

Si bien el Ejecutivo está decidido a sacar la ley, algunos líderes de los partidos oficialistas han manifestado su contrariedad. El caso más emblemático es el de la presidenta de la UDI, Jaqueline Van Rysselberghe, quien ha señalado que la Ley de Identidad de Género es “una imposición donde todo se relativiza, donde la realidad se tergiversa completamente”.

El principal llamado de Van Rysselberghe ha sido que el gobierno de Piñera cumpla estrictamente con su programa, que no contemplaba esta ley. Además, ha amenazado con llevar la ley al Tribunal Constitucional, principalmente si se incorpora a niños, niñas y adolescentes.

En esto ha discrepado incluso con el ex presidente de la UDI y ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien expresó: “La parte de inconstitucionalidad no la he logrado advertir, si es una decisión que tomarán los padres con los hijos fundada en historia médica y si eso lo procesara el juez de familia no veo donde puede estar la vulneración de un derecho amparado en la Constitución”.

Según informó La Tercera, los argumentos que presentaría Van Rysselberghe ante el TC -con el apoyo del resto de los senadores de la UDI y algunos de RN- están consignados en un informe en derecho realizado por el abogado y ex asesor de Ena Von Baer, Jorge Barrera.

Como primer argumento, Barrera dijo a La Tercera que una Ley de Identidad de Género que incluya a menores “atenta contra la identidad personal que emana de la dignidad humana reconocida en la Constitución, la cual ha sido entendida por el TC como identidad biológica. Y lo hace principalmente porque permitir que los menores de edad puedan cambiar el sexo registral por autodeterminación no es una medida proporcionada ni razonable, puesto que los menores no gozan de plena autonomía”.

Luego agregó como segundo argumento: “Esa identidad, cualquier modificación a ella incluso en términos jurídicos, requiere de un acto personalísimo, no delegable ni siquiera en los padres. Es tanto así que no se puede suplir la autonomía progresiva con la voluntad de los padres, que quienes han dicho a través de los medios que van a instruir la posibilidad de que menores puedan ejercer cambio de sexo, dicen que van  a establecer que eso pueda revertirse… si yo hago eso estoy reconociendo que eventualmente en un menor estoy cometiendo un error. Si es así, la medida de cambio de sexo registral en un menor de edad no es proporcionada ni razonable, y por tanto no es constitucional”.

“El derecho a educar de los padres a los hijos también tiene limitaciones. No puedo dañar ni cercenar la integridad física y síquica de un niño bajo pretexto de educarle”, dijo el abogado.