En una estrategia para hacer frente al problema de la obesidad, un grupo de investigadores de la Universidad de Chile participó de un estudio interdisciplinario encargado por el gobierno de Michelle Bachelet y terminó con una innovadora propuesta: gravar los alimentos con nutrientes dañiños para la salud.

La doctora en Nutrición del INTA, Camila Corvalán, y Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública, estuvieron presentes en la elaboración del estudio de Evaluación y Aplicación de Impuestos a los Alimentos con Nutrientes Dañiños para la Salud en Chile, que fue encargado por los ministerios de Salud y Hacienda de la administración pasada.

La propuesta apunta a multiplicar por $1,9 cada gramo de azúcar que contenga un alimento, por $31 en el caso de cada gramo de grasa y por $23 cada gramo de sodio. Por último, al total, se le aplicará el IVA. La idea es parte de una serie de acciones que buscan combatir el avance epidémico de la obesidad y disminuir las cifras, ya que la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 evidenció que el 74% de la población tiene exceso de peso y el 3,2% vivirá con obesidad mórbida.

Corvalán advirtió que “el resultado del estudio es bien fuerte en relación al alza que implica en los precios de algunos alimentos”. Por ejemplo, tras aplicar este impuesto, un kilo de vienesa que hoy alcanza los 2 mil pesos pasaría a costar 10 mil, mientras que una mayonesa de 800 gramos podría llegar a los 4 mil pesos.

La sugerencia del panel es que el impuesto se implemente simultáneamente para controlar el consumo excesivo de grasas saturadas, como sodio y azúcares. En caso de que no sea posible, la recomendación apuntan a realizarlo de forma gradual, partiendo por el sodio, el azúcar y las grasas.

Considerando el impacto dañino de este tipo de alimentos, vinculados a la obesidad y enfermedades crónicas, el país asumo un alto costo en hospitalizaciones, tratamiento y pensiones de invalidez. En adelante, estos impuestos irían a disminuir su consumo y a costear los gastos asociados a los malos hábitos.

“El precio que los consumidores pagan por esos alimentos no está considerando hoy las consecuencias que tiene para la salud que pagamos entre todos. Eso se llama externalidad. Con este impuesto se pagaría el gasto en salud, y las pensiones de invalidez que se producen por enfermedades prematuras”, argumentó Cristóbal Cuadrado.

Las cifras señalan que el alza en obesidad experimentado en Chile durante la última década es una de las más grandes del mundo, acompañado del aumento de personas diabéticas. En este escenario, la experiencia de otros países que han aplicado impuestos a los alimentos, como México, Dinamarca y Hungría, ha evidenciado un cambio en el consumo de las personas.

Los académicos insistieron en la relevancia de que el estudio sea considerado por las nuevas autoridades y provoque decisiones políticas.