El escenario de la política pública sobre drogas en Colombia de la mano de la política criminal no ha sido sometido a un profundo debate en la arena política. Tampoco se ha encargado de reflexionar sobre los beneficios y experiencias de otros países luego de la descriminalización del consumo de drogas para contrarrestar fenómenos ligados al crimen organizado.

En democracia, las sociedades pueden dar un paso adelante en materia de reconocimiento de derechos y libertades, sin embargo, también hay cabida para que aquellas sociedades que dieron un paso adelante lo hagan de nuevo, pero hacia atrás y se conservaticen.

Básicamente, las propuestas de los candidatos presidenciales Iván Duque y German Vargas Lleras de criminalizar de nuevo la dosis mínima bajo la premisa de un aumento en el microtráfico, y al mismo tiempo como escudo para los expendedores, pretende desconocer todo el trabajo legal y jurisprudencial realizado hasta la fecha. Por su parte, Duque ha señalado que la propuesta radica en aumentar penas a expendedores y penalizar a consumidores reincidentes, con el fin de “perseguir a los jíbaros que están amenazando a muchas familias colombianas”.

Este tipo de prohibicionismo se instala en lo que podría ser calificado como populismo punitivo, comparado junto con otras jurisdicciones y sociedades que han comprendido que el consumidor dentro de la cadena de producción no tiene nada que ver.

En este sentido, no es cierto que encarcelar a más gente haya sido efectivo para reducir el consumo de drogas en los diferentes niveles de la sociedad. Esto implica entonces que evitar los daños causados por el consumo de drogas nos lleve a discutir otras estrategias que simplemente sea criminalizar al usuario, como lo han señalado diferentes think tanks encargados del estudio de las drogas.

Muestra de ello es que en países de gran consumo como Estados Unidos, diferentes estudios señalan que tampoco hay relación entre encarcelación y consumo de drogas: “The US leads the world in the # of people incarcerated (…) more than 2 million people. Approximately 1/4 have been convicted of a drug offense yet consumption has reached epidemic proportions”, señala Drug War Facts.

Cabe entonces hablar de nuevo sobre la famosa sentencia que emitió la Corte Constitucional sobre dosis mínima hace ya 25 años, y es al parecer la fácil pero nebulosa conceptualización entre consumidor, adicto y traficante, que han olvidado algunos. Este fallo concuerda con las recientes críticas del Fiscal Martínez frente al porte de dosis mínima, señalando que los expendedores de droga están quedando libres porque dicen que la droga que cargan es para su consumo personal, argumento no aceptado por la Corte Suprema de Justicia. De manera que hay que separar la discusión sobre la dosis mínima y la dosis de aprovisionamiento.

Estas decisiones han sido claras y así no caemos en el absurdo de, como mencioné, poner en la misma balanza consumidores y traficantes como si fueran uno solo. Así el jibaro se le encuentre una sola papeleta de droga y no establezca nexo al propio consumo, podrá ser condenado por narcotráfico. Entonces la dificultad reside que para intervenir en la oferta en las calles de drogas ilícitas no yace en la en la cantidad per sé que porte una persona, el desafío vendría siendo en fortalecer capacidades de análisis e investigación criminal al momento de la captura.

Según una investigación de DeJusticia, entre 2005 y 2014, en Colombia se capturó a más de 700 mil personas por delitos relacionados con drogas, lo que representó un 30% del total frente a otros delitos. Es decir, 80 mil capturas cada año por delitos de drogas. Solo un 24% de los capturados por delitos de tráfico, fabricación y porte terminan con una condena. Sin dejar de lado que las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. Sin duda, estos datos minan el hacinamiento carcelario que hasta ahora no tiene solución en el país.

El investigador Juan Carlos Garzón de Ideas para la Paz señala que no somos un país de consumidores, ya que un 3,6% de la población uso drogas ilegales en los últimos 12 meses, un 3.37% uso marihuana y 0,7% cocaína. Y aquellos que tienen un fuerte problema con el consumo son una minoría de esta minoría.

El Transnational Institute ha señalado que todo sistema punitivo que utilice Cantidades Umbral (CU) para visibilizar el consumo personal y penar el tráfico de estupefacientes debería implementar flexibilidad, viabilidad y revisión, y que, además, los diseñadores de políticas públicas no deberían perder de vista lo realmente importante: la intención, la culpabilidad y el daño.

La preocupación de cada sector debe ser escuchada, el tema de la dosis mínima debe garantizar un ejercicio constitucional y a la vez la capacidad estatal de identificar y sancionar el delito. Mientras tanto, la estigmatización de los consumidores de drogas, el miedo a la represión policial y el riesgo a enfrentar procesos penales, hacen mucho más difícil el acceso al tratamiento.