El medio constitucional está agitado, pues ya comienzan las negociaciones y las iniciativas legales en la Comisión de Constitución del senado y en las otras cocinas paralelas. Dos senadores, Carlos Montes (PS) y Jorge Pizarro (el mismo DC sobre el cual pesan acusaciones de corrupción) han tomado iniciativas para consensuar nuevos miembros del TC con las fuerzas de la ultraderecha y del piñerismo de Chile Vamos. Motivo de alerta ciudadana pues.

Tomemos nota que el TC está compuesto por individuos que tienen títulos de abogados, pero que profesan todos una visión conservadora y neoliberal de la sociedad; incluso los cuoteados de la Concertación-Nueva Mayoría. Recordemos que el Tribunal Constitucional ha ajustado y dirimido artículos de la Reforma Laboral que benefician a los empresarios y en desmedro de los trabajadores. Lo ha hecho a pedido de las fuerzas de la ultraderecha que hoy gobiernan y en una abierta postura de favoritismo hacia la clase propietaria contra la clase trabajadora (cuyos sueldos son los más bajos de la OCDE). También ha intervenido, al desconocerle facultades al SERNAC aprobadas en el Parlamento, para permitir que continúen los abusos contra los consumidores en nombre de los valores del libre mercado y de los intereses del capital que priman en la Constitución pinochetista del 80. Además, el TC ha debilitado la estrecha ley de derecho al aborto por tres causales que más tarde (apretada de tuerca a la derecha de Larroulet y del ministro de Salud Emilio Santelices), con el cambio en el protocolo operado por el gobierno de Piñera, ha permitido que empresas que lucran con la salud (las clínicas privadas) sigan recibiendo dineros públicos aún si se niegan a cumplir la ley tal cual fue votada en el congreso.

Como si fuera poco, el TC ha reintroducido el lucro en la educación al permitir que empresas expertas en hacer ganancias y desviar dineros sean controladoras de universidades y se beneficien de un derecho de tuición y vigilancia sobre la formación de la mano de obra universitaria y la orientación de la investigación científica. Pero pocos denuncian estas aberraciones. La voluntad popular se deforma, tuerce y viola así nomás. Chile sigue siendo un país cuyo atraso democrático es secular.

La experiencia demuestra que el Tribunal Constitucional (TC) es un bastión de poder en manos de las fuerzas oligárquicas. Éstas lo utilizan constantemente para consensuar posiciones con miras a frenar los cambios en pos de una democracia plena. Medidas urgentes que Chile necesita para enfrentar los desafíos de los tiempos presentes y futuros: la desigualdad social, la obtención de derechos sociales necesarios en educación; en pensiones, salud, de género y minorías. Así como innovación, desarrollo científico humano y un medioambiente sano al abrigo de la devastación axtractivista del capital nacional y transnacional.

A la función del TC como órgano preservativo de los privilegios y potestades de las elites propietarias la llaman con el eufemismo (la palabrita que hace feliz) “control preventivo”.

El TC, como lo hemos visto arriba, busca proteger lo que los juristas llaman el “espíritu” de la Constitución (la del 80). Es decir su lógica de instrumento legal del orden jurídico político, con sesgo. Pero su objetivo nunca confesado es mantener las estructuras que garantizan la concentración del poder económico en manos de una oligarquía rapaz que hoy maneja el gobierno y dispone de los mecanismos del Estado para imponer su voluntad. Al mismo tiempo que se excluye al pueblo ciudadano en el proceso de formación y promulgación de las leyes de la República (que de “cosa pública” poco tiene en Chile, puesto que ha sido capturada por poderosos intereses). Realidad política antidemocrática por abuso y antonomasia, pero clave para el ejercicio del poder por las clases pudientes. Que sólo la ideología de la democracia formal y representativa, junto con la desidia mediática, ocultan.

Cabe repetirlo: el TC es un supra poder de un orden legal antidemocrático. El constitucionalista PS Fernando Atria (del ala izquierda) dice que es una “tercera cámara”. Es evidente que esta institución no electa, pero designada por cuoteo entre las fuerzas que han dominado hasta ahora la vida política postdictadura procede a ajustar la Constitución con leyes según criterios (aparentemente jurídicos) conservadores y neoliberales. El TC ha demostrado ser de uso exclusivo del poder oligárquico y de las fuerzas que como la Concertación-Nueva Mayoría han adoptado la Constitución del 80. No olvidemos que éstas últimas renunciaron a asumir las conclusiones del Proceso Constituyente que Bachelet convocó, pero cuyo objetivo real era diluir en la indiferencia la demanda de Asamblea Constituyente proveniente de un movimiento popular. Al final de su mandato Bachelet (PS) —y de manera apresurada e irresponsable— envió un ridículo proyecto de nueva Constitución al que Piñera nunca le dará curso.  Sí, el juego político en la elite no tiene sentido democrático: es siempre un simulacro.

La propuesta de “cambio” de los ex concertacionistas –NM es “rebajar la duración de los ministros” del TC y establecer “la posibilidad de acusarlos constitucionalmente”. Esto es ridículo e insuficiente. No se resuelve nada en el marco de la Constitución actual. Los concertacionistas-NM no aprenden porque son  socialdemócratas-neoliberalizados. Aceptan el marco actual y prefieren las reformas graduales que como hemos visto las fuerzas ultra neoliberales y conservadoras deshacen después por decreto.

Y sin embargo se sabía. Que la única manera de democratizar es la elección de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución. Es tiempo de ir a la raíz de las cosas. Para eso hubo un cambio en la escena política, que ojalá no sea formal: hay 21 parlamentarios de una fuerza que se supone nueva, audaz y sin compromisos con la vieja elite. Y menos con la oligarquía. Al menos así se proclamaron y bajo ese supuesto fueron electos los parlamentarios del Frente Amplio.

Y por lo mismo, una medida provisoria por levantar y explicar al pueblo ciudadano puede ser la elección democrática de los miembros del Tribunal Constitucional para lo cual baste con tener la secundaria completa. Estas medidas ya han sido propuestas en otras democracias por eminentes constitucionalistas y demócratas. Si a los menos de 18 se les considera responsables para cambiar de identidad sexual, con 12 años de escolaridad se puede decidir de las mejores leyes por darse. Basta un curso intensivo de algunos meses para adquirir las competencias necesarias. Cosa que una República debe poder hacer.

Es el método democrático. Asumir que la soberanía popular y ciudadana no se delega sino que se ejerce. La otra manera es el azar (tirar a la suerte, ¿no somos todxs políticamente iguales por y ante la ley?) después de constituir un banco de nombres de individuos elegibles. Es el carácter de la democracia que parte de un principio que no es un punto de llegada: la igualdad.