Sueldos adeudados, disminución de la inversión universitaria, reducción de becas y pagos atrasados de boletos estudiantiles son algunas de las consecuencias que sufren alumnos y profesores debido al ajuste permanente que lleva el gobierno neoliberal de “Cambiemos”; motivos por los cuales se está realizando “Jornadas Nacionales de Lucha” en repudio a las políticas de vaciamiento.

Los paros, movilizaciones y clases públicas, organizados por la Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios), se enmarcan en un plan nacional de acción por la defensa de la educación pública que se trabaja desde 2016.

Los movilizados exigen un aumento salarial docente del 25%, la garantía salarial (sueldos por sobre el nivel de inflación), regularización de docentes contratados y “ad honorem”, mayor presupuesto para la universidad, la ciencia y la tecnología, entre otras cuestiones.

Según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV (Universidad Nacional de Avellaneda), la inversión nacional en las universidades públicas disminuyó a 0,79% en 2016- el nivel más bajo desde 2011- en relación con un PIB que decreció un 2,3% en términos reales.

Asimismo, el estudio agrega que aunque durante 2016 y 2017 la inflación llegó al 40% y al 24,5% respectivamente (la más alta de los últimos años), la inversión destinada a los programas de desarrollo universitario (en infraestructura, mejoramientos de carrera, entre otros) se redujo un 10,7% en términos nominales y un 54% en términos reales entre 2015 y 2016.

Situación similar sucede con el salario docente. La investigación detalla además que desde el gobierno se quiere fijar un límite a la negociación salarial de un 15% mientras que las previsiones indican que la inflación anual superará el 20%, con altas probabilidades de llegar a un 25%.

Las universidades más perjudicadas por los ajustes son las últimas fundadas, que surgieron en el marco del Bicentenario del primer gobierno patrio. Santiago Albarracín, director de la carrera de Periodismo de la UNDAV (creada en 2009), afirma que estas en un principio recibían un presupuesto que, a lo largo de los años y sumado el crecimiento del número de estudiantes, la apertura de carreras y el costo que conlleva mantener esta universidad, necesita ser actualizado.

La universidad y “el tarifazo”

El aumento de los servicios básicos obliga a que muchos alumnos dejen la universidad para dedicarse a trabajar a tiempo completo y así afrontar los altos costos de vida.

Un informe del mismo observatorio reveló que el país ya es el tercero de la región que gasta más en el pago de sus servicios públicos, es más, Argentina registra un mayor incremento del peso de los mismos respecto a los últimos tres años.

El mismo detalló que las subas acumuladas en los últimos dos años son históricas. Una de las más preocupantes es la de la electricidad, cuya tasa alcanzó el 1.490%, le sigue el gas natural con un 1.297% y luego el agua corriente con un 996%. Esto sin contar el costo de vida general que, según precios de la “Canasta de Consumo” (que releva la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires) el 37% del gasto mensual se destina a “pagar las cuentas” y el transporte.

El denominado “tarifazo” (altos aumentos de servicios en poco tiempo) parece no tener fecha de término. Para mayo, según la propuesta de la compañía estatal que brinda el agua metropolitana se prevé un aumento del 26% en el servicio, el metro de la capital se incrementará en junio, y se esperan respuestas de otras propuestas de suba que aun no están bien definidas.

Pese a que existe la educación pública y gratuita, el pago de la movilización, los materiales de estudio y las comidas dependen del estudiante. Por ende el aumento incide directamente en ellos.

“La deserción estudiantil es galopante, cosa que leemos como que las personas que tienen menores recursos económicos son las que generalmente más desertan porque no pueden costearse, por ejemplo el transporte, ya que el boleto estudiantil no se paga a tiempo o no es suficiente de acuerdo a su costo”, afirmó a El Desconcierto la vicepresidenta de Ciencias Sociales de la UNDAV.

Ajustes, receta del FMI

Los últimos informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejaron a Argentina reducir los gastos fiscales en salarios, jubilaciones y ayudas sociales. A partir de ello el gobierno de Mauricio Macri implementó una serie de medidas entre las que se encuentran el congelamiento de sueldos.

El 3 de abril el Ministerio de Educación, a través de Danya Tavela (Secretaria de Políticas Universitarias), confirmó un recorte de tres mil millones de pesos en el presupuesto del sector y el congelamiento de las obras de infraestructura.

Asimismo, en marzo de este año la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires afirmó que “el salario docente nunca perdió poder adquisitivo”. Y este mes le ofreció a los gremios docentes una propuesta de suba de sueldo del 15% anual (menor a la inflación) en tres pagos, un bono por presentismo (esto con el fin de evitar las movilizaciones), entre otras cosas.