El nombre de Érika Muñoz Bravo se hizo conocido en 2014 por su cargo como la presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados (Confepa), la pequeña agrupación que logró instalarse en los medios e impulsar las críticas contra la reforma educacional del gobierno de Michelle Bachelet, especialmente por la eliminación de la selección y el copago, e incluso organizaron una serie de movilizaciones en las que defendían su “derecho a elegir y a pagar”.

Casi cuatro años más tarde, Muñoz aterrizó a comienzos de abril en el Ministerio de Educación en calidad de “experta” para asesorar y asistir al ministro, Gerardo Varela, y al subsecretario, Raúl Figueroa, en las materias relacionadas con la implementación de la Ley de Inclusión, precisamente la misma que levantó la férrea oposición de la organización que lideró.

La información consta en el portal de Transparencia del Mineduc, que señala que Muñoz fue contratada a honorarios por dicha cartera, que contará con sus asesorías al menos hasta el 31 de diciembre de 2018 y que por ellas recibe una remuneración bruta de $1.222.222 mensuales.

Tras su paso por la Confepa, Érika Muñoz ha continuado dando pasos en política y en temáticas que han marcado la discusión pública: fue candidata a diputada por el distrito 6, integró el Consejo Ciudadano durante la campaña presidencial de Sebastián Piñera, y además se desempeñó como vocera de la organización “Con Mis Hijos No Te Metas”, organización que ha manifestado su oposición a la Ley de Identidad de Género (LIG).

De hecho, en diciembre pasado, Muñoz llegó hasta las dependencias del Congreso junto a María Pía Adriasola –esposa de José Antonio Kast–, para entregar a los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Jaime Belollio 11 mil cartas firmadas en contra de la iniciativa que actualmente se discute en una Comisión Mixta.

Con respecto a la ley de Inclusión, que es la que asistirá en su implementación, Muñoz advirtió en medio de sus movilizaciones que cientos de colegios cerrarían sus puertas y los alumnos quedarían a la deriva.