El actual presidente argentino Mauricio Macri, quien fuera empresario durante los ’80 y ’90, se acercó a la política durante la presidencia de Carlos Menem. Tras su paso como presidente de Boca Juniors, sus pretensiones políticas habían comenzado a hacerse manifiestas. Participó de una alianza multipartidista llamada Frente Compromiso por el Cambio y más tarde, fue parte de la organización y fundación del partido político Propuesta Republicana (PRO), a través del cual logró convertirse en diputado en 2005 y luego, en dos ocasiones (2007 y 2011), en Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque sus pretensiones de ser presidente se manifestaron años antes, no fue sino hasta su consolidación política que Macri comenzó realmente su campaña electoral. En su camino a las Presidenciales de 2015, esta estuvo basada en la crítica antikirchnerista, en un marketing político que, en comparación con sus adversarios, resultó innovador y acompañado de una sobreutilización de su figura en los medios. A esto se sumó un acuerdo con otros partidos que, a pesar de las supuestas diferencias ideológicas, se encontraban dispuestos a combatir al kirchnerismo. De este modo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica ARI y el PRO conformaron la alianza Cambiemos, donde el radicalismo cumplió un rol sumamente relevante. Tras la segunda vuelta y con un escaso margen de diferencia con su contrincante justicialista, Daniel Scioli, Macri fue elegido presidente en 2015, periodo que terminará con las elecciones presidenciales del 27 de octubre de 2019.

Las promesas de campaña, la apelación al “cambio”, la cruzada antikirchnerista, sumados a los propios errores del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que incluyen casos de corrupción, lograron que Macri y algunos líderes de su sector fueran impulsados políticamente, como fue el caso de la actual Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Entre las promesas de Macri se encontraban la reducción de la pobreza (con el eslogan “pobreza cero”), reducción de las tasas de inflación (del 30% al 10% ¡en sólo dos años!), reducción del desempleo, aumento de las pensiones, acceso a créditos hipotecarios, y la promesa de que los trabajadores no pagarían impuesto a la ganancia.

Balance a casi tres años de gobierno: crisis y ajuste

El “ajuste” y la eliminación de subsidios en los servicios públicos fueron desde el inicio declarados como necesarias para hacer frente al déficit fiscal, pero prontamente esto pasó a ser la agenda principal del gobierno. El ajuste, si bien ha sido descrito como gradual por el gobierno, ha resultado demasiado abrupto para la población. El fin de los subsidios y el consecuente aumento de tarifas en los servicios públicos, en aspectos clave de la economía como el transporte público, la gasolina, el agua, la luz o el gas, han golpeado fuertemente su poder adquisitivo. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires el gas ha aumentado alrededor de un 222,6%, la electricidad, un 562,5% y el agua, un 337,9% durante lo que va del gobierno de Macri.

Al ajuste fiscal debe agregarse una inflación que, muy lejos del 10% prometido, se mantiene por encima del 25%. Los grandes gremios de trabajadores, aquellos con más privilegios en términos de “paritarias” (negociación para el aumento del salario), a principios de 2018 consiguieron un aumento de alrededor del 15%, pero la inflación fue del 25% en 2017 y la interanual del 2018 ya superó ese umbral, lo que tiene como consecuencia una dramática reducción del salario real.

Las medidas impopulares de Macri no se detienen en las tarifas. La reforma jubilatoria del 2017 (que ya este año comienza a ser reglamentada) incluye nuevos cálculos sobre el aumento de las jubilaciones, cálculo que depende en un 70% de la inflación, y que en caso de no disminuir hará bajar las remuneraciones de los pensionados y, por ende, su calidad de vida. A fines de abril pasado, el gobierno envió al congreso un proyecto de ley de reforma laboral que promueve mayor flexibilización laboral, lo cual empeorará la ya difícil situación de los trabajadores, aumentando el riesgo de que pierdan su empleo.

Todo lo anterior requiere ser relacionado con el impacto del proceso hiperinflacionario y de aumento de tarifas sobre las pequeñas y medianas empresas, las que significan al menos el 51% del empleo argentino (70% según el mismo Macri durante su campaña presidencial). Estas empresas han tenido y continuarán teniendo que disminuir sus gastos, lo que la mayor parte de las veces significa el despido de sus trabajadores, aumento de precios, menor producción, e incluso su cierre. La combinación parece explosiva.

Adicionalmente a todo este complejo entramado de factores se agrega, especialmente durante los primeros meses del año 2018, el aumento del precio del dólar, lo que a fines de abril se transformó en una corrida cambiaria que espantó a los argentinos, y por supuesto, a futuros inversores. Aunque logró controlarse parcialmente, el dólar se mantiene alto, y su impacto sobre la inflación y la devaluación de la moneda nacional recrudecen aún más las adversidades que afectan a la población.

La economía es simplemente un quilombo, como dicen los argentinos y, la realidad es que, a pesar de que el gobierno ha cumplido parcialmente sus metas de reducción del déficit fiscal, solo parece haberlo hecho en términos de gasto primario (gastos corrientes como remuneraciones previsionales, transferencias corrientes como los subsidios e inversión en obras públicas), es decir, el que está asociado con los beneficios de la población.

Si, por otro lado, se siguen manteniendo los gastos financieros y de capital, relacionados con el pago de intereses de la deuda, préstamos y transferencias a empresas privadas, las medidas no son suficientes para normalizar el déficit fiscal. En 2017, por ejemplo, hubo un considerable aumento del déficit financiero, y éste fue mayor en lo que se refiere al pago de intereses de la deuda, que ha aumentado ya un 9,1% este año con respecto al anterior. El cambio de la composición del gasto es evidente, las personas dejaron de ser el foco de aquel, y aunque hay un aumento real de los recursos del Estado argentino, éstos tienen más relación con el aumento impositivo sobre algunos ámbitos de la actividad económica.

La guinda de la torta es el arribo del Fondo Monetario Internacional, que viene “aconsejando” al gobierno de Cambiemos desde el 2016, dado que a partir de ese año volvieron a estipularse revisiones anuales sobre las cifras macroeconómicas del país, que incluyen la auditoría de las cuentas nacionales y la proyección del Producto Interno Bruto (PIB). Además de las felicitaciones por el ajuste y la “moderación salarial”, el FMI ha accedido este año 2018 a un acuerdo stand by de acceso excepcional: en otras palabras, un nuevo préstamo para la Argentina, a pesar de que la misma organización ha disminuido sus expectativas de crecimiento sobre este país.

Un acuerdo de éste tipo conlleva la necesaria radicalización de los ajustes estructurales, porque como acreedor el FMI, éste solicitará que se cumplan como ciertos requisitos. Los inversores, en especial los extranjeros, no ven con buenos ojos la deuda argentina; para la población del país, la situación sólo trae sentimientos negativos y se rememora con bronca la crisis del 2001 (y, por supuesto, el rol del FMI en ella). Según un estudio de las consultoras Taquion Research Strategy y Trespuntozero, un 62,9% de los argentinos tiene sentimientos negativos sobre el acuerdo. Si a esto agregamos un 10% que posee sentimientos de incertidumbre, la cifra alcanza el 72,9%. Ante la crisis, la misma consultora sostiene que el 83,4% sienten que sus vidas cotidianas serán afectadas por ella.

La estabilidad del bloque de gobierno y la carrera presidencial

La imagen del presidente Macri ha bajado, las personas tienen menos confianza y se sienten peor que antes. Pero ¿qué permitió a Macri avanzar como lo hizo en este camino de políticas impopulares? No se trata solo del amplio poder que le otorga el sistema presidencial argentino, o  del triunfo de su partido en las elecciones intermedias de 2017, sino también del acuerdo político con los gobernadores, los que dependen de la coparticipación en el presupuesto nacional. Esto resulta algo similar a lo sucedido en el primer gobierno de Menem cuando se acordó el pacto fiscal con los gobernadores, consiguiendo el apoyo suficiente para una segunda presidencia; en este segundo periodo, con mayores dificultades económicas y fiscales que en el primero, sus apoyos políticos se romperían y la crisis golpearía con fuerza a las provincias. Por otra parte, algunos intendentes opositores e incluso algunos peronistas dentro del Congreso decidieron apoyar, tácita o explícitamente, al ex Presidente. Algunos adujeron que, si a éste le iba bien, lo mismo sucedería con el país.

Hoy la situación ha comenzado a cambiar. Con la crisis, Macri se ha visto obligado a llamar a un “gran acuerdo nacional”, aunque eso signifique nada más que un acuerdo sobre el presupuesto nacional necesario cada año. Para los gobernadores, no obstante, podría significar un mayor ajuste fiscal sobre las provincias, y el ya resquebrajado apoyo se vería totalmente roto. De la boca de políticos pertenecientes a su coalición, también han venido críticas que, aunque por fuera del partido del Presidente, contienen un principio de alerta por parte de aquellos que no han sido tomados en cuenta en las decisiones de gobierno.

Aun cuando la oposición permanece dividida, especialmente por la fragmentación del peronismo entre el kirchnerismo y un sector “pro-Macri”, parte de éste último comienza a desmarcarse del gobierno, permitiendo al peronismo moderado aglutinar sus fuerzas. A pesar de que no resulta claro quién pudiese liderar una fórmula para las elecciones del 2019, la torpeza del oficialismo en el manejo de la crisis comienza a allanar el camino de la oposición, facilitándoles ser una alternativa factible para el 2019. La discusión sobre las tarifas en el Congreso ha logrado aunar voces dispares; en Cambiemos ha traído desacuerdos entre el radicalismo y el PRO, y a pesar de que el PRO ha debido ceder en pos de la fortaleza de su alianza, implica igualmente un debilitamiento de la coalición.

De momento la oposición de izquierda ha logrado ganar espacio parlamentario, electoral y mediático, aunque continúa lejos de convertirse en una alternativa real. Sus críticas no siempre se traducen en soluciones idóneas y su respetable intransigencia la apartan de la dura competencia, donde el peronismo todavía juega un papel preponderante. El trotskismo es la principal fuerza de izquierda en Argentina, representada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que reúne al Partido Obrero (PO), al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Izquierda Socialista (IS). Una de sus principales personalidades es Nicolás del Caño (Diputado Nacional), quien disputó las elecciones presidenciales en 2015, pero quien decidió también llamar a votar en blanco en el ballotage, acrecentando el abismo entre su partido y el kirchnerismo. Otras figuras importantes del partido y con gran visibilidad en los medios son Myriam Bregman (Diputada, Ciudad de Buenos Aires) y Néstor Pitrola (Diputado Nacional).

Además de las corrientes ya existentes, han surgido nuevos espacios o movimientos de izquierda específicos, por ejemplo, en torno a la equidad de género, pero el FIT no parece poder unir a aquellos dispuestos a la disputa electoral y tampoco ampliar mínimamente su espectro ideológico para formar coalición con movimientos progresistas por fuera de la izquierda.

El kirchnerismo todavía posee esperanzas de ver como candidata en 2019 a Cristina Fernández. Según la consultora Management & Fit, la ex presidenta cosecha en Buenos Aires una intención de voto de alrededor del 35%. A pesar de que en el resto del país los datos no son tan alentadores, los procesos judiciales a los que se encuentra sujeta desgastan su imagen, a lo que se suma el hecho de no declarar explícitamente su disposición. En este sentido, ella ha dicho que sólo será candidata si la economía explota o ante un “operativo clamor auténtico”.

Las esperanzas de la población en el gobierno, y en el presidente en particular, han disminuido. Los porcentajes de imagen positiva han bajado significativa para más de una consultora, y han aumentado la desconfianza y el malestar. Según una encuesta del mes de marzo de Observatorio Electoral, más de un 47% de los argentinos estaba entonces seguro que no votará por Macri en las próximas elecciones, mientras un 15,9% aún no lo sabe. Por otra parte, Taquion y Trespuntozero revelaron que el 47,9% de los entrevistados cambió su percepción del gobierno en una dirección negativa tras el anuncio del acuerdo con el FMI, y que más del 53% cree que la crisis económica es responsabilidad del gobierno. En el mismo informe la imagen negativa del Presidente presidente alcanza el 64,5%.

Los meses que siguen no son alentadores a nivel económico. Si el peronismo es capaz de unirse lo suficiente y generar un discurso creíble –con lo que podría convertirse en la opción de ese  16% de indecisos y de es 50% que no votará por el gobierno actual – el futuro del gobierno macrista tampoco parece más alentador que el económico. La única esperanza del PRO posiblemente sea la actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien, a pesar de los conflictos por las paritarias docentes y otros anuncios no muy bienvenidos por la población, aún sostiene una imagen positiva por sobre el 60%. Pero más allá de su aceptación, de su llegada con la gente (en especial los de mayor edad) y de su alta exposición pública, la gobernadora ha seguido las instrucciones del gobierno al pie de la letra. Considerando su cercanía con Macri, no hay duda de que una supuesta presidencia de Vidal no cambiaría la dirección político-económica.


Licenciada en Ciencia Política. Miembro colaboradora Área Internacional, Fundación Crea