Después de su apelación, finalmente la ex concejala de Limache, Cynthia Marín, deberá cumplir la pena de 10 años de prisión efectiva por el llamado caso “Fraude a la Intendencia”.

Marín fue condenada por fraude al fisco y ayer la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratificó la decisión. Según explicó el fiscal Patricio Toro, de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, ahora solo falta que se notifique al Juzgado de Garantía de Limache, para que se emita la orden de detención en contra de la ex concejala y de Catherine Carrasco, también condenada por el mismo caso.

Ambas eran parte de la “Agrupación Para el Desarrollo de la Familia“, una organización con la cual ganaron proyectos de seguridad ciudadana para Limache, financiados por el gobierno regional por más de 37 millones.

“El fallo es contundente en acreditar la acción dolosa desplegada por Cynthia Marín”, aseguró el fiscal Toro.

“Se pudo acreditar que se realizaron entre cinco a siete talleres o charlas a algunos alumnos de algunas escuelas de Limache, en los cuales se invirtieron cifras ínfimas, de aproximadamente 150 mil pesos en la contratación de un profesor. No hubo ninguna inversión real en torno a equipamiento o alguna feria final al momento de terminar estos proyectos”, agregó el persecutor.

La acusación, de la que se hizo parte el Consejo de Defensa del Estado, decía que Marín “gestionó directamente el retiro de los fondos y estando los mismos en la cuenta de la Agrupación Para el Desarrollo de la Familia, los recursos fueron retirados y desviados a fines ajenos a los mismos”.

Ambas condenadas están ahora obligadas a devolver el total del monto defraudado y quedan inhabilitadas para ejercer cargos públicos durante 10 años.

Cynthia Marín es hermana de Percy Marín, consejero regional y esposo de la diputada Camila Flores (RN), quien se hiciera conocida por sus apariciones en TV abierta pidiendo la restitución de la pena de muerte.

En un principio, se les vinculó a ambos a la investigación por el fraude debido a su participación en la “Agrupación para el desarrollo de la Familia”, cuestión que finalmente fue descartada durante el proceso penal.