Como arbitraria, poco democrática y efectista, calificaron decenas de asistentes a esta cita la forma en que el gobierno de Sebastián Piñera ha desplegado la “política migratoria”, comunicada en abril de este año y que incluye una serie de medidas administrativas –entre éstas, la visa especial para haitianos-, una minuta presidencial y un proyecto de ley que este martes inicia su votación en particular en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

Particularmente a los integrantes de esa instancia y a los parlamentarios en su conjunto interpelaron los representantes de las organizaciones migrantes y promigrantes, quienes esperan que “los legisladores estén a la altura y entiendan las consecuencias que tendría para la sociedad que el proyecto presentado por el gobierno –a partir de una indicación sustitutiva al cuerpo legal ingresado el 2013- salga del Congreso tal como ingresó: sin enfoque de DDHH y sin respetar los tratados internacionales”.

Como destacaron las organizaciones, “basta con reconocer e instalar el primer artículo de la constitución política que consagra –sin distinción- que ‘las personas nacen libres e iguales en integridad y derechos’”, para situar desde dónde se debe legislar. Es por ello que destacaron las más de 100 indicaciones presentadas por los congresistas del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría, en miras a incidir en la propuesta del ejecutivo.

Junto con interpelar a la comisión, la única instancia a la que han podido acudir para presentar las perspectivas de las organizaciones migrantes y promigrantes, los instaron a recoger tales propuestas, incluyendo una visión holística del proceso migratorio que va más allá del ingreso y egreso a través de las fronteras, es decir, que considere la permanencia en el país, y que considere a los migrantes “más que como mano de obra, como sujetos de derecho”.

Otra de las propuestas es que la ley considere un sistema de visado sea múltiple, promoviendo que las personas migrantes puedan realizar actividades lícitas como trabajar y estudiar, descongestionando, a su vez, la burocracia migratoria. A esto se suma que la ley no posee ninguna mención al enfoque de género, lo que vulnera a las mujeres migrantes.

La discrepancia existente entre el proyecto en discusión con las convenciones internacionales que ha suscrito el país en materia laboral y derechos de infancia, son parte también de las críticas de la RedMIGRA, expresadas en la ausencia del reconocimiento a la reunificación familiar y a los derechos a la educación y la salud, dejando “sólo como letra muerta dichos convenios que imponen un marco específico que el Estado chileno ha burlado”.

Así, abogaron, la ley que finalmente emane del Congreso no debe “por ningún motivo ser regresiva en materia de derechos, y por el contrario, se debe instruir a los funcionarios públicos para aplicarlos, difundirlos y garantizarlos”.

Junto con valorar que el proyecto contemple una de las demandas históricas del movimiento, como es la creación de una institucionalidad migratoria a partir del Servicio Nacional de Migraciones, las organizaciones también tuvieron palabras para abogar por que este necesario organismo posea un enfoque intersectorial, alejado del enfoque del Ministerio del Interior, y que se materialice de manera descentralizada.

Otro de los temas levantados es el abuso en materia de vivienda materializada en subarriendos en donde la lógica de cobro se da, en muchas ocasiones, por persona. Una ley de arriendos que regule esta situación, que ha propiciado desgracias como incendios y consecuencias fatales, es otra de las demandas de las organizaciones.

Junto con reclamar la “decretocracia” de las medidas administrativas del gobierno, que se han saltado al poder legislativo, las organizaciones insistieron en la necesidad de que quienes se sometan al proceso de regularización extraordinaria reciban algún documento a partir del cual puedan trabajar de manera lícita y no precarizada a fin de no vulnerar más sus derechos como trabajadores migrantes, consagrados –por lo demás- por el Estado de Chile.

A esto se suma la poca claridad y la desinformación que han marcado este proceso, incluyendo la poca certeza a nivel de estadísticas y cifras que ha entregado el Ejecutivo.