La nieta y abogada del general (r) Héctor Orozco, Alejandra Sepúlveda, envió una misiva al presidente Sebastián Piñera para pedir el indulto presidencial para su abuelo, ex director de la DINE y ex director de Televisión Nacional.

El militar en retiro es también hermano del doctor René Orozco ex presidente del club deportivo Universidad de Chile y se encuentra en Punta Peuco desde el 21 de agosto de 2017, cuando ingresó a cumplir su sentencia por dos homicidios calificados ocurridos en San Felipe, a fines de 1973.

Su ingreso al centro carcelario a los 89 años llevó a su hermano a decir que “esto no es justicia, es venganza”, mientras que el ex comandante en jefe de la FACH, Ricardo Ortega Perrier, señaló que “no están humillando al general (r) Orozco, están humillando a toda la institución”.

El ex ministro Jaime Arancibia ordenó su ingreso al penal, tras condenarlo a diez años y un día de presidio. Sin embargo, la abogada Sepúlveda apeló exponiendo que el general en retiro padecía de alzhéimer, según daban cuenta dos informes médicos ingresado al tribunal: uno proveniente de una clínica particular y otro del Hospital Militar. Por ello, la Corte Suprema ordenó al Servicio Médico Legal (SML) exámenes mentales urgentes al condenado.

Seis meses después, el SML despacha un informe en donde se indica que el Orozo se encuentra “desorientado en el tiempo, orientado en el espacio” y descarta la presencia de una enfermedad mental que le impida cumplir con la sentencia en Punta Peuco. Tras sufrir un revés, Sepúlveda volvió a pedir un tercer peritaje, por la existencia de versiones contradictorias entre la información entregada por el SML, la clínica particular y el Hospital Militar. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó una tercera pericia.

En este escenario, la nieta y abogada del general en retiro optó por solicitar el indulto por razones humanitarias en una carta dirigida a Piñera, donde detalla la supuesta situación de su abuelo. En la misiva, Sepúlveda le pregunta al Mandatario si un hombre de 90 años, en sus condiciones, puede presentar un peligro para la sociedad y pidió la conmutación de la pena por arresto domiciliario total.