Sra Directora:

El reciente escape masivo (cerca de 900 mil ejemplares) de salmones desde un centro de cultivo ubicado en las cercanías de Isla Huar, vuelve a evidenciar los peligros de la falta de regulación sobre la industria salmonera, que continua devastando nuestros ecosistemas marinos frente a una institucionalidad incapaz de asegurar siquiera el buen funcionamiento de una de las mayores actividades económicas de la región.

Resulta inconcebible que producto de un evento climático que debió ser considerado en la implementación de estos centros se genere un potencial desastre natural, ya que además de tratarse de una especie depredadora ajena a la zona, los peces presentan una alta cantidad de antibióticos en su interior, lo que podría generar efectos adversos aún desconocidos. Esto demuestra una clara incapacidad de parte de la industria de hacerse responsable por los efectos que su accionar genera en el entorno, además de la nula intención de mitigar siquiera este tipo de situaciones, al tener que acudir a pescadores artesanales para la recaptura de los salmones y no contar como empresa con planes propios de emergencia.

Actualmente se registran más de 1.300 concesiones acuícolas entre Los Lagos y Magallanes, 500 de ellas en nuestra región (según Subpesca), números que en ningún momento tienden a bajar y que nos obliga a cuestionarnos como habitantes de esta zona si es este el modelo de desarrollo que queremos para nuestra región, un modelo sustentado en la depredación de las riquezas naturales por parte de una industria que no cuenta con las condiciones necesarias para resguardar la mantención de los lugares donde genera sus ingresos.

Finalmente, es necesario mencionar que el estado de Washington en EE.UU. ha dispuesto el fin de la actividad salmonera para el año 2025, a causa de un escape de 200.000 salmones y las graves consecuencias medioambientales que ha generado esta actividad (hasta el momento en las cercanías de Calbuco se han recuperado 250.000 ejemplares).