“Esto no sólo tiene que ver con que no se castigan adecuadamente los crímenes sucedidos, sino que se abre la puerta a que sin una sanción adecuada, se instale una sensación de impunidad que puede producir que estos hechos se repitan, poniendo en cuestión el compromiso del Estado con el nunca más”. Con estas palabras el abogado y académico de la U. de Chile Claudio Nash, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos del plantel, explicó la gravedad de la situación tras el anuncio de que la Corte Suprema respaldó la entrega de beneficios carcelarios a criminales condenados por delitos de Lesa Humanidad.

Los convictos que han recibido la libertad condicional son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda, Felipe González Astorga, Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos, bajo el argumento de que los tratados internacionales que nuestro país ha firmado respecto a DD.HH. no implican el que no se puede reconocer la posibilidad de “reincorporar” a la sociedad a este tipo de criminales mediante este tipo de mecanismos.

La cátedra, a través de una declaración pública, alertó sobre las consecuencias de estos beneficios, y llamó a no guardar silencio “frente a acciones que buscan negar y relativizar la historia y la memoria de nuestro pasado reciente”, en particular cuando se tratan de criminales que no han entregado información que permita “conocer el destino final de quienes fueron secuestrados, asesinados y hechos desaparecer”.

Junto con ello, el documento reiteró que el Estado debe, “en tanto perpetrador de los crímenes, educar en el respeto, promoción y defensa de los Derechos Humanos. Es su deber generar las condiciones necesarias para seguir avanzando en relación a toda la verdad de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en nuestro país por un Estado terrorista”.

La declaración de la cátedra lamenta que tras décadas de esfuerzos por abordar las violaciones a los DD.HH. por parte del Estado durante la dictadura civil-militar y preservar, proteger y rescatar la memoria de estos crímenes, “han surgido discursos minoritarios pero ampliamente publicitados que justifican, relativizan y niegan los crímenes de Lesa Humanidad, constituyendo verdaderas formas de negacionismo y de apología de estos crímenes”.

El profesor Nash explicó que los crímenes de Lesa Humanidad han sido internacionalmente considerados como ofensas al conjunto de la humanidad y no sólo a una persona o a una comunidad determinadas, por lo que implican una obligación de parte de los Estados a investigarlos.

Respecto a la entrega de beneficios carcelarios, Nash aseveró que la gravedad de los hechos radica en que no se considera la naturaleza de los delitos.”Lo que tenemos aquí es un  problema con nuestra legislación, que no regula este tipo de sanciones, y la Corte Suprema aprovecha el déficit normativo para hacer una lectura que iguala estos ilícitos con cualquier otro, y ese es el error jurídico que genera esta situación de sensación de impunidad”, concluyó.