El artículo 157 letra b del Estatuto Administrativo establece que las responsabilidades que se le pueden achacar a un funcionario público terminan al momento en que este deje sus funciones.

Eso es lo que “salvó” a Luis Castillo Fuenzalida en el sumario administrativo que desarrolló el Ministerio de Salud, que culminó en enero de este 2018. El informe -al que tuvo acceso El Desconcierto- investigó el desarrollo de la infraestructura hospitalaria en todo el país durante la gestión que tuvo el médico cirujano al mando de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, cargo al que acaba de ser nombrado por segunda vez por el presidente Sebastián Piñera.

El sumario terminó con Castillo sobreseído por dejar de ser subsecretario de Redes Asistenciales. Aún así, la investigación del fiscal Bernardo Martorell acreditó que el funcionario falló en “eficiencia y eficacia en su responsabilidad a cargo de la subsecretaría” y que sus acciones y omisiones “implicaron un retraso en la construcción de casi toda la infraestructura en salud existente durante la vigencia de su calidad de subsecretario, infringiendo principios de obediencia reflexiva, control, probidad y jerarquía de actos”.

Específicamente, son 13 las obras de la red de infraestructura hospitalaria en la que Castillo, junto a otros funcionarios como Peter Ihl -jefe de división de Inversiones del Ministerio de Salud- y Waldo Iturriaga -ingeniero de la división de Inversiones- intervinieron de forma coordinada y provocaron -según el sumario- una alza de costos y retrasos en las construcciones.

Las mismas obras fueron ampliamente analizadas en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que en su informe final del 10 de octubre de 2014 concluyó que el subsecretario Castillo intervino en la ejecución “de obras fuera de las facultades que le son propias, lo que configura responsabilidad administrativa”.

“Joya del Universo”

Kalvu Llanka es mapuzungun por “la joya del universo”, el nombre que adquirió el proyecto hospitalario intercultural para la ciudad de Cañete.

El plazo original de término de la construcción se fijó para el 28 de octubre de 2010. Casi tres años después, el presidente Sebastián Piñera lo inauguró, en medio de protestas de la Fenats que acusaban que el recinto no estaba listo para su inauguración.

Víctor Valenzuela, entonces director del Servicio de Salud Arauco, declaró 1 de julio de 2014 ante la Cámara de Diputados que dicha inauguración se realizó sin recepción provisora ni observaciones a la obra. El conducto regular, explicó, es que ante cualquier edificación hospitalaria primero se hace la recepción provisoria, luego se levantan observaciones y finalmente se inaugura.

Un día antes de la inauguración, se realizó la tercera modificación de contrato en la obra que ya llevaba 3 años de retraso, ampliando, una vez más, los plazos, y extendiendo el valor en más de mil millones de pesos. Y esto se hizo, según el sumario interno del Minsal, sin dejar constancia de cobro de multa a la empresa Socovesa por los atrasos.

Pero eso no es todo. En la segunda ampliación del contrato, del 19 de enero del 2011, intervino directamente el subsecretario de Redes Luis Castillo, según declaro Valenzuela ante los diputados y el abogado Paul Braidot -de la división jurídica del Minsal- en el sumario. Ambos recaen en la extrañeza de un “acuerdo de buenas prácticas” firmado por el Servicio de Salud Arauco, la Subsecretaría de Redes y Socovesa S.A., sin que se señalen los montos ni las fechas para cumplir los compromisos.

El rol de la subsecretaría, según establece la legislación, es la distribución de recursos para la construcción de obras de acuerdo al Ministerio de Hacienda, pero son los servicios de salud, organismos descentralizados, los encargados de realizar las licitaciones. Y si hay un desacuerdo entre el servicio y la empresa, el tercero debe ser un tribunal de justicia o la Contraloría. “Una negociación con una empresa excede las facultades”, dice una ex autoridad de gobierno en temas de salud.

En la comisión de la Cámara, le consultaron a Castillo sobre su asistencia a dicha reunión, a lo que dijo que “no es extraño que un subsecretario pueda aconsejar y ayudar a un director de servicio”.

Algo similar pasó en el Hospital Carlos Cisternas de Calama, que entró en una crisis después de la quiebra de Comsa, una la empresa a la que se adjudicó la obra originalmente.

Según declaró el abogado Paul Braidot, la subsecretaría de Castillo dio la orden de poner término anticipado al contrato de construcción, “lo que representa una intromisión en las facultades del servicio”.

Ahí aparecen dos hechos cuestionables según el fiscal Bernardo Martorell: Una nueva licitación sin la liquidación del contrato anterior y una intervención directa de la empresa RVC con el subsecretario Castillo -a través de otro acuerdo de buenas prácticas- para continuar con la ejecución del proyecto. A esto se suma un aumento de obras de 12.800 millones de pesos “sin sustento administrativo y jurídico”.

También se cuestionaron un sobrepago a 35 funcionarios que no tendrían relación con el proyecto, que habría “distorsionado” los porcentajes de avance físico y financiero de la obra. Los 657 días originales del proyecto del Hospital Carlos Cisternas terminaron siendo 1169.

Una minuta de análisis de las obras paralizadas heredadas de la primera gestión de Sebastián Piñera destaca que el segundo gobierno de Michelle Bachelet gastó 92 mil millones de pesos en retomar obras que se encontraban atrasadas o paralizadas durante la gestión Piñera I. Más de la mitad de ese dinero -54 mil millones- se fue directo hacia el Hospital de Calama.

Guillermo Carvajal, ingeniero civil de la unidad de monitoreo de Obras, dependiente te la división de inversiones de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, declaró en el sumario interno que, al momento de asumir su cargo en 2014, lo único que recibió sobre el estado de las edificaciones hospitalarias fue “un informe impreso respecto del cual hay discrepancias entre lo informado y la realidad”.

Nuevo Hospital de Calama

Presidencia ordena seguir la obra

En la construcción del Hospital de Pitrufquén, el retraso llegó a un 76% según un informe de la propia Subsecretaría de Redes presentado en marzo de 2014.

Tres funcionarios distintos declararon en el sumario que Presidencia intervino directamente en mantener el contrato con la empresa Ingetal SA. Esto pese a que tanto el Servicio de Salud respectivo y la propia subsecretaría de Redes estuvieron por ponerle fin debido a los retrasos.

En esta decisión intervino, según declararon dos funcionarios, Ignacio Guerrero Toro, actual subsecretario de Economía, en representación de la Presidencia, quien aseguró que la empresa tiene la solvencia para continuar con el desarrollo de la obra. Guerrero habría asegurado textualmente llegar “en representación del Presidente de la República” y que dejar sin efecto la decisión de terminar el contrato ya que a la fecha “no existe un plan B”.

Esto fue confirmado también por María Ángelica Barría, ex directora del servicio de salud de Arauco.

Ignacio Guerrero, actual subsecretario de Economía / Agencia Uno

El sumario cuestionó también las responsabilidades administrativas por los retrasos en el Cesfam Norte, el Hospital de Salamanca, el Cesfam de Illapel, Cesfam de Juan Fernández, el Hospital Gustavo Fricke, el Hospital de Rancagua -irregularidades que también involucran a Castillo y que fueron publicadas por Ciper hace unos meses, el Hospital de Puerto Montt, el Hospital Exequiel González Cortés y los Cesfam de Chonchi y Dalcahue.

Consultado por El Desconcierto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, aseguró no conocer la existencia del sumario citado y que él ya dio sus explicaciones sobre el tema en la comisión de la Cámara de Diputados.

“No voy a hablar del pasado, estoy abocado a trabajar y a mejorar las más de 30 obras atrasadas que hay ahora”, comentó.

Castillo es el tercer subsecretario de Redes del actual mandato de Piñera y volvió al gobierno precisamente por su experiencia en el tema.

Bernardo Martorell, el fiscal que llevó adelante la investigación, asegura que Luis Castillo se “saltó los procedimientos establecidos en los manuales, leyes y reglamentos de la Administración pública, al pactar directamente con determinadas empresas, sin que existieran requisitos para ello, sin licitación pública”.

Sin embargo, añade, si bien se le sobresee por no ser funcionario público al momento de la elaboración de la investigación, sí “hay antecedentes para entender que incurrió en faltas administrativas”.