Durante este martes, la editorial de La Tercera aludió al conflicto político desatado tras los cuestionamientos realizados hace dos años por el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, al Museo de la Memoria ubicado en Quinta Normal.

En este escenario, con la discusión al rojo vivo acerca de la memoria y los derechos humanos en Chile, el medio publicó una editorial titulada “Opiniones y Libertad de Expresión” en donde señala que, “por cuestionables que puedan resultar los dichos de una autoridad, es importante advertir los riesgos de buscar imponer verdades oficiales”.

La columna asegura que, pese a que el otrora ministro Rojas se desdijo de sus declaraciones, la ola de críticas hizo inviable su continuidad.

“Pocas veces se había asistido a una suerte de cuestionamiento tan implacable que no sólo se reflejó en la campaña desplegada en redes sociales, sino también se extendió a la propia institucionalidad del Estado, pues senadores de la Comisión de Cultura amenazaron con no recibirlo en ninguna instancia oficial, lo que desconoce gravemente la facultad presidencial de nombrar a los ministros de Estado”, señala La Tercera en su editorial.

A la vez, recalcaron que “en la medida en que las personas sean condenadas por sus solas opiniones, existe el riesgo de que el país se deslice por la pendiente de la censura y el amedrentamiento, en que todo aquello que no coincida con ciertos grupos, sencillamente no tiene cabida, o peor aún, puede llegar a ser de inhabilidad para ejercer en el servicio público”.

Del mismo modo, la editorial enfatiza que “asociar sin más cualquier disenso o punto de vista alternativo a un ‘negacionismo’, e incluso buscar castigar penalmente estas opiniones, es la antesala a una sociedad intolerante y con escasa conciencia de lo que significa la democracia y la libertad de expresión”.

Por último, la columna de este martes insiste que Bachelet, nombrada recientemente en el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU nunca condenó los regímenes de Venezuela y Cuba: “Si el país ha de empeñarse en fijar claros estándares en materia de DDHH, éstos deben ser inequívocos, lo que no debe ser confundido con actitudes totalitarias”.