Uno los principales ejes que contempla la “Modernización Tributaria” que Sebastián Piñera anunció hace una semana es la repatriación de capitales, medida que ha sido recibida con escepticismo por parte de los especialistas, y que ya fue implementada previamente por la ex presidenta Michelle Bachelet en su reforma al sistema tributario de 2014.

En síntesis, la repatriación de capitales busca que los dineros que han sido ganados fuera del país y que no fueron declarados ni pagan impuestos –porque normalmente están en paraísos fiscales– ingresen a la recaudación chilena, y a modo de incentivo, se les ofrece pagar un impuesto menor al 27% que le corresponde a las empresas por concepto de primera categoría.

Piñera propone un pago único de un 10%, levemente superior al 8% que permitió Bachelet, y a diferencia de la vez anterior, en que sólo se pudieron registrar activos financieros, esta vez se incluirá todo tipo de bienes, entre ellos, divisas, derechos, acciones o inmuebles.

Un beneficio para 0,01% más rico

En conversación El Desconcierto, el doctor en Ciencias Políticas de la U. de Cambridge y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile, Hassan Hakram, explica que esta medida está dirigida a aquellos “empresarios que han estado eludiendo impuestos, dinero del país, sin haber pagado el impuesto de primera categoría”.

“Una de las distintas maneras para sacar los dineros es ponerlos en paraísos fiscales, en jurisdicciones que tienen muy bajos impuestos (entre un 2% y 4%). Eso no constituye una práctica completamente ilegal, no es evasión de impuestos, son prácticas grises, y por eso, el gobierno no tiene un registro de cuánto dinero de ciudadanos chilenos está en el extranjero”, agrega.

Hakram explica que, como los empresarios usan métodos complejos para sacar los dineros fuera del país, es difícil dar números exactos, sin embargo, asegura que “esto es un perdonazo para los súper ricos, ni siquiera para el 1% de Chile, sino que para el 0,01%. No es para las pymes, ni la empresa de la esquina. Estamos hablando de grandes corporaciones que tienen bufetes de abogados, que tienen un equipo especializado de compradores, todo lo que se llama la planificación tributaria, que es una industria en Chile, es mucho dinero lo que pagan estas empresas para burlarse de la ley tributaria”.

A modo de ilustración, con la reforma de Bachelet, hasta fines de 2016 el Servicio de Impuestos Internos 8.765 declaraciones de repatriación de capital que permitieron recaudar US$1.502 millones. “8 mil en un país de 17 millones. Es muy poca gente, y es la gente más rica”, recalca Hakram.

Vale recordar que en 2017, la Corte Suprema estimó -ante una solicitud de transparencia de Ciper– que el contenido de estas declaraciones es secreto, por lo que se desconoce quiénes son las empresas y sus dueños que se acogieron al beneficio.

“Es una mala política tributaria y aumenta la evasión”

“De cierta forma se premia una acción fraudulenta, deshonesta y que estaba burlando la ley, porque se les dice ‘ustedes no tienen que pagar tanto por haber hecho todo esto’. Los premian con la idea de por lo menos recaudar algo de ese dinero”, asegura Akram.

Del mismo modo, el especialista también critica que el aumento sucederá una sola vez y no realizará cambios efectivos en la situación fiscal del país. “Si bien no es un monto menor, no afecta en el largo plazo y es muchísima irresponsabilidad, es puro populismo decir ‘estamos aumentando la recaudación'”.

En la misma línea se manifestó, en conversación con CNN Chile, el economista Claudio Agostini, quien aseguró que es cuestionable el impacto que pueda generar. “En el largo plazo, esto es mala política tributaria y te aumenta la evasión. La evidencia que existe en Portugal, Italia y España– que son los países que más han hecho esto en forma repetida–, es que efectivamente el efecto es ese: yo lo hago una vez y se acogen algunos, lo hago otra vez y otros, y así. En el largo plazo te aumenta la evasión, porque tú evades y esperas que llegue el perdonazo y te pones al día, y así sucesivamente”, explicó.

Además, el economista señaló que le parece “inexplicable” la medida, que usualmente se justifica bajo la premisa de que “esta gente ya sacó la plata, nunca vamos a saber cuánto es, y aunque tratemos de perseguirlo, no tenemos cómo, entonces, por lo menos que paguen el 8%”.

Sin embargo, Agostini recordó que, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Chile firmó un convenio con la OCDE, en el que participan otros 141 países desde 2007 para compartir información, y que terminará de implementarse ahora en septiembre de 2018.

“Con él, los países van a tener acceso automático a toda la información financiera y tributaria de todos los contribuyentes entre esos países. Yo ahora en septiembre voy a saber qué activos tienen en 140 países más los chilenos que sacaron la plata de forma ilegal. Justo ahora que tengo la oportunidad y la información para pillarlos, ¿los voy a perdonar? A gente que hizo trampa y evadió impuestos. Antes el argumento era que no tengo cómo pillarlos así que mejor que paguen algo, pero hacer esto ahora a mí no me parece justo y me cuesta entenderlo”, agregó.