En la actualidad, la mayor fuente de contaminación que genera el calentamiento global es el uso de combustibles fósiles. Es por esto que, en el 2015, las naciones firmaron el acuerdo de París en el que se comprometieron a trabajar en conjunto para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Chile ya ha dado el primer paso, al comprometerse este año a no construir más centrales termoeléctricas a carbón, pero continuará expandiendo su capacidad de generación con termoeléctricas de gas natural y diésel.

Con respecto a las fuentes de generación de energía en el territorio nacional, a diciembre de 2017 la capacidad instalada es de 23.287 MW, de los cuales un 53,8% es de origen térmico, 28,4% hidroeléctrico (sólo un 2,9% son mini hidroeléctricas que califican como ERNC), 9,6% solar, 6,0% eólico, 2,0% biomasa y 0,2% de geotermia (Comisión Nacional de Energía, 2018). Este modelo actual de desarrollo energético, condena a ciertos territorios y su población a ser zonas de sacrificio, para mantener un sistema pensado en el beneficio de las empresas por sobre el bienestar de la población y el resguardo del medio ambiente.

El año 2016 se promulgó la Política Energética Nacional 2050, la cual se sostiene en 4 pilares: Seguridad y calidad de suministro, Eficiencia y educación energética, Energía como motor de desarrollo y Energía compatible con el medio ambiente. Éstos dos últimos establecen entre sus metas, que para el año 2035 nos encontremos entre los 5 países OECD, con menores precios eléctricos y que para el 2050, al menos el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables.

Por otro lado, el año 2014, entró en vigencia la Ley Nº 20.571 de Net Billing (Ley que regula el pago a las generadoras residenciales) y una modificación a la Ley Nº 20.257 respecto de la generación de energía eléctrica con fuentes de Energías Renovables No Convencionales, con el fin de aumentar la exigencia de Energías Renovables No Convencionales a un 20% de los contratos de suministro eléctrico para el 2025.

En Chile, el sector eléctrico se compone exclusivamente de capitales privados en un mercado liberalizado, donde el Estado sólo cumple las funciones de regular y fiscalizar, pero la toma de decisiones está en el sector privado. Por todo lo dicho anteriormente, el Estado debe generar las condiciones para incrementar las inversiones en energías renovables y frenar el desarrollo termoeléctrico, para avanzar hacia la meta de una matriz energética más limpia y diversificada a la cual se comprometió en la Política Energética 2050.

El país posee un tremendo potencial de energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica, entre otras, por lo que tiene todo para ser un líder en energías limpias. Además, la instalación de plantas de energías renovables tiene una serie de beneficios, entre ellos:

Reducir los costos de generación y estabilizar los precios: El precio de la energía es alto y varía según los precios internacionales de los combustibles fósiles, por lo que, al generar energía con fuentes renovables, traerá consigo que el mercado baje los precios de la electricidad y se mantengan en el tiempo.

Abastecer a localidades remotas: Las energías renovables permiten que localidades aisladas, que no se encuentran conectadas a los sistemas tradicionales de distribución, puedan tener acceso a energía, mejorando su bienestar y calidad de vida.

Reducir la dependencia de la importación de combustibles fósiles: Con el uso de energías renovables el país puede reducir la dependencia de los mercados internacionales de combustibles, mejorando la seguridad del suministro en el largo plazo.

-Disminuir externalidades negativas y emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI): Al ser fuentes de energías limpias, se reducen los impactos negativos, al medio ambiente y sus habitantes, mitigando el cambio climático y mejorando la calidad de vida de la gente.

-Creación de nuevos empleos: Se abren puestos de trabajo para las fases de construcción y operación de las centrales en diversos territorios, generando nuevas oportunidades laborales y de desarrollo local.

Para complementar esta visión, conversé con Sergio Versalovic, funcionario público, ex SEREMI de Energía de la Región Metropolitana durante el año 2017. En esta entrevista me respondió las siguientes preguntas:

-¿El Estado está subsidiando o financiando proyectos de energía renovable?

En Chile los subsidios en general se concentran en ayudar a los segmentos menos favorecidos de la sociedad, por lo que en materia de ERNC los subsidios se han concentrado en colectores solares para viviendas sociales (franquicia tributaria del Ministerio de Energía para viviendas sociales nuevas, y subsidio del Servicio de Vivienda y Urbanismo para viviendas sociales existentes). Por otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) financia sistemas solares fotovoltaicos o eólicos de pequeña capacidad para viviendas rurales o pequeñas localidades en zonas remotas, donde es difícil llegar con una extensión de la red eléctrica. Otros subsidios se dan en el marco de fondos concursables como el Fondo de Protección Ambiental (FPA) del Ministerio de Medio Ambiente, o el Fondo de Acceso a la Energía (FAE) del Ministerio de Energía, pero son pocos los fondos asignados por lo que la cobertura no es significativa.

-Si todavía hay grandes proyectos de combustibles fósiles, ¿cuáles son los desafíos que les impiden la transición a la energía renovable? ¿Son los intereses políticos, los acuerdos financieros, la presión internacional?

En el mercado energético liberalizado que posee Chile, las decisiones de inversión en proyectos de generación están dados por la rentabilidad de las inversiones más que por las necesidades de la población, donde la única exigencia es el 20% de ERNC que la Ley estableció como meta para el año 2025. En este escenario, los proyectos eólicos y solares se han hecho competitivos por la baja sostenida de los precios de la tecnología, pero son fuentes variables, que no dan seguridad al suministro. De mantenerse ese esquema, es muy improbable que se puedan suprimir las centrales termoeléctricas, ya que se requiere de fuentes energéticas que entreguen energía en el momento en que se necesita.

-¿Cuáles son los caminos a los que podría llegar el Estado para pasar a un modelo de energía renovable?

En el largo plazo, el Estado debe fomentar el desarrollo de fuentes energéticas estables o menos variables, como la geotermia y la hidroelectricidad sustentable, donde el desafío es reducir los costos y riesgos de inversión de la exploración geotérmica, y por otro lado desarrollar proyectos hidroeléctricos que tengan un impacto ambiental reducido en comparación a los grandes embalses existentes.

La integración eléctrica con los países vecinos es esencial para aumentar la participación de la energía solar y eólica, ya que permite vender los excedentes de generación de estas fuentes y a la vez comprar la energía que falta en las horas en que aumenta el consumo y baja la generación principalmente solar (al atardecer). La conexión con Ecuador a través de Perú, por un lado, y con Paraguay a través de Argentina por el otro, nos permitirían acceder a mercados con excedentes de generación hidroeléctrica a precios convenientes.

Otra medida de largo plazo es introducir un impuesto a las emisiones de GEI de las centrales termoeléctricas, el que permita por un lado internalizar en las empresas generadoras las externalidades ambientales que producen, y por otro lado generar un incentivo al uso de fuentes más limpias de generación energética.

Finalmente, Chile tiene las condiciones para convertirse en una potencia energética regional, logrando precios justos para los consumidores y respetando al medio ambiente, está en las manos del Estado el convertirlo en realidad.

Fuentes:

 Acciona. (2018). Energías Renovables.

CEPAL. (2003). Entorno internacional y oportunidades para el desarrollo de las fuentes renovables de energía en los países de América Latina y el Caribe.

Climate Reality Leaderships Corps. (2018).


Licenciada en Ciencias de los Recursos Naturales