La mañana de este jueves, el presidente Sebastián Piñera firmó, junto a la ministra de Educación Marcela Cubillos, el proyecto de ley Aula Segura, el que busca otorgar más facultades a los directores de colegios públicos y subvencionados para sancionar con expulsión o cancelación de la matrícula a estudiantes responsables de hechos de violencia.

La iniciativa se presentó luego de una serie de hechos que se desarrollaron en distintos liceos de Santiago, como el el Instituto Nacional, donde apoderados y docentes fueron rociados con bencina, y el Liceo de Aplicación, donde cinco Carabineros resultaron heridos tras enfrentarse con encapuchados, quienes les lanzaron bombas molotov.

“No son simples actos de indisciplina o meros desórdenes, son hechos delictuales que no son compatibles con las normas básicas de ninguna comunidad (…) “Cómo gobierno no vamos a tolerar más esta situación. No permitiremos que un pequeño grupo de violentistas y delincuentes frenen la educación de calidad”, señaló el mandatario.

Actualmente, los establecimientos solo pueden expulsar y cancelar las matrículas cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno y con un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, y el alumno no puede ser separado de la comunidad educativa.

El nuevo texto, que será presentado en el Congreso durante las próximas semanas, establecerá dos causales: uso, posesión o almacenaje de armas o artefactos incendiarios y agresiones físicas graves a profesores o actores de la comunidad escolar.

Para aplicarla, los directores deberán comunicar por escrito la expulsión con los argumentos, mientras que la familia del alumno podrá pedir la reconsideración de la medida durante los cinco días siguientes. El alumno sancionado no será excluido en forma permanente, pero sí de forma inmediata.