El 20 de septiembre, el presidente Sebastián Piñera junto con la ministra de educación Marcela Cubillos, presentaron el proyecto “Aula Segura”, que en sus propias palabras “busca perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales”.

El proyecto sale a la luz en un momento donde la propuesta de política educativa por parte de este gobierno escasea, y en un contexto sobredeterminado por hechos de violencia particulares. Hubiésemos querido ver la misma celeridad por parte del ejecutivo, para tratar el tema de la educación no sexista en el sistema escolar tras meses de movilización, mediante proyectos que permitieran regular las sanciones ante el acoso o el abuso sexual, que hoy por hoy no están contempladas en los Manuales de Convivencia de las escuelas y liceos de Chile.

“Aula segura” busca establecer responsabilidades de las y los estudiantes frente a hechos de violencia, y le entrega atribuciones a los directores para llevar adelante expulsiones mediante la modificación de la ley de subvenciones escolares, reduciendo el número de días procesales de 25 a 5, y de una manera externa a los reglamentos de cada colegio. Según afirma el proyecto de ley, con ello se busca resguardar la integridad física y psíquica de todos los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, ¿cuál es el objetivo del gobierno al presentar un proyecto de este tipo cuando existen otras legislaciones que cubren ya este ítem (LGE, Ley de Subvenciones y Ley de Aseguramiento de la Calidad, además de otros proyectos de ley que hoy se discuten en el congreso)? ¿acaso alguien duda que los establecimientos tienen hoy atribuciones para suspender inmediatamente a un estudiante ante hechos de gravedad?

La reducción que hace el ejecutivo frente al concepto de violencia escolar es preocupante, porque trata el tema de un modo superficial, dejando de lado el problema estructural de la educación chilena y vaciando de todo proceso pedagógico la labor de la escuela. Vale la pena recordar que este sistema, implantado en dictadura, ha traído graves hechos de violencia frente a los derechos fundamentales de la educación: debilitamiento de la educación pública a través de la municipalización y el financiamiento vía voucher; segregación; sexismo; precarización de las y los trabajadores de la educación; desprofesionalización docente; entre tantas otras.

La comunidades educativas deben ser espacios abiertos, donde se debe asegurar la participación de cada una y uno de sus miembros, no sólo en tanto derechos y deberes, sino también en el aporte a pensar la escuela y la educación que quieren, y sin duda respecto de la responsabilidad que tienen sobre la convivencia y los modos de que está se asegura dentro de los espacios educativos. Más que aulas seguras necesitamos escuelas libres de violencia.

Quisiéramos ver al Presidente Piñera y a la Ministra Cubillos preocupados por solucionar los problemas de fondo, en vez de enfrascados en proyectos inoficiosos e inútiles para el sistema educativo. Los convocamos a dejar de lado el populismo penal y a poner la educación por delante, resguardando de manera efectiva la integridad física y psíquica de todos los miembros de la comunidad contemplado en el actual petitorio del Colegio de Profesores y al cual el gobierno le ha cerrado la puerta.


Rosario Olivares Saavedra, profesora y militante de Izquierda Autónoma y Camila Rojas Valderrama, diputada Frente Amplio y militante de Izquierda Autónoma.