Un grupo de activistas y organizaciones con trabajo en VIH/SIDA en compañía de la diputada Claudia Mix recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitarle al contralor Jorge Bermúdez que se manifieste respeto de la legalidad de un oficio ordinario donde el ministro de Salud Emilio Santelices señala que: “Junto con saludar, me es grato informar a ustedes que para mantener una comunicación más fluida entre las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS y el Ministerio de Salud, se ha designado a la Sra. Alejandra Hewstones Arquero y como Asesor Técnico al Dr. Carlos Beltrán Buendía”.

Según se consigna en el escrito firmado por activistas y dirigentes de organizaciones comunitarias e ingresado el 28 de septiembre: “El mencionado ordinario enviado a diversas organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios fue remitido simultáneamente a Gabinete Ministerial y Oficina de Partes, excluyendo de esta determinación e información administrativa – escrita al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS. Desconocemos la vía formal y/o informal que esta determinación institucional fue informada al mencionado Programa Nacional. Nos preocupa e inquieta esta determinación y el modo en que fue comunicada porque desconocemos la relación laboral, legal e institucional de la Sra. Alejandra Hewstones Arquero y del Asesor Técnico al Dr. Carlos Beltrán Buendía por tanto se les asigna una labor legal e institucional que no está claramente definida”.

En el documento se solicita a la entidad fiscalizadora que la “Contraloría General de la República revise la legalidad del ordinario 4081 del 20 de septiembre de 2018 firmado por el Sr. Ministro de Salud Emilio Santelices Cuevas, determinando si este Ordinario se contrapone con las funciones y misión propia, legal e institucional del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, instancia que históricamente se ha relacionado con la sociedad civil organizada”.

Los activistas señalan como fuente informativa de las funciones del Programa Nacional la misma página Web del Ministerio de Salud.

La solicitud está firmada por Luis Zambrano de la Agrupación Vida Más; Nancy Gutiérrez de Fundación Margen; Fernando Muñoz del Movimiento por la Diversidad Sexual MUMS, José Luis Díaz, psicólogo comunitario, Víctor Hugo Robles, periodista y activista en VIH/SIDA y la diputada Claudia Mix.

En entrevista con El Desconcierto, Víctor Hugo Robles señala que “el requerimiento a la Contraloría General responde a un acuerdo de acción conjunta adoptado por un grupo de organizaciones reunidas en la Asamblea Comunitaria en VIH/SIDA que analizó la situación, expresando preocupación e incluso molestia y rechazo a la determinación inconsulta del ministro Santelices porque excluye al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS de su legal e histórica relación con las organizaciones sociales y personas viviendo con VIH/SIDA, debilitando sus funciones, atribuciones y generando un serio conflicto de participación, vinculación y representación por sospecha respecto del conflicto de intereses de los asesores de la autoridad política – sanitaria”.

El reconocido activista de la diversidad sexual y el VIH/SIDA agrega que “diversas organizaciones han manifestado su rechazo a vincularse con cuestionados asesores externos, amigos personales del ministro, porque se desvirtúa la relación formal e institucional entre el Ministerio de Salud y las organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA”.

“La Red de Pueblos Originarios, ICW Latina de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA y Fundación Margen han cuestionado la controvertida determinación ministerial e incluso han anunciado su inasistencia a una primera reunión con los asesores del ministro Emilio Santelices convocada para el próximo martes 2 de octubre en dependencias del Ministerio de Salud”, adelanta “El Che de los Gays”.

Puedes revisar la carta enviada al Contralor General de la República

Sr. Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de República
Presente.-

Estimado Sr. Contralor General
La Ley 19.779 “ESTABLECE NORMAS RELATIVAS AL VIRUS DE INMUNO DEFICIENCIA HUMANA Y CREA BONIFICACIÓN FISCAL PARA ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS” indica en su Art. 2: “El Ministerio de Salud tendrá a su cargo la dirección y orientación técnica de las políticas públicas en la materia. Estas políticas deberán elaborarse, ejecutarse y evaluarse en forma intersectorial, con la participación de la comunidad, recogiendo los avances de la investigación científica y considerando la realidad epidemiológica nacional, con el objeto de establecer políticas específicas para los diversos grupos de la población, y en especial para aquellos de mayor vulnerabilidad, como las mujeres y los menores.”
Tal disposición -a nuestro entender- no se estaría cumpliendo por parte de la entidad pública en tanto se debilitan las funciones propias del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA restándolo de la coordinación y vinculación con la sociedad civil al designarse de modo inconsulto a dos asesores externos para realizar esta funcional institucional regulada por Ley.

En oficio ordinario 4081 del 20 de septiembre de 2018, el Ministro de Salud Sr. Emilio Santelices Cuevas informa que: “Junto con saludar, me es grato informar a ustedes que para mantener una comunicación más fluida entre las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS y el Ministerio de Salud, se ha designado a la Sra. Alejandra Hewstones Arquero y como Asesor Técnico al Dr. Carlos Beltrán Buendía”.

El mencionado ordinario enviado a diversas organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios fue remitido simultáneamente a Gabinete Ministerial y Oficina de Partes, excluyendo de esta determinación e información administrativa – escrita al Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS. Desconocemos la vía formal y/o informal que esta determinación institucional fue informada al mencionado Programa Nacional.
Los firmantes, activistas e integrantes de organizaciones sociales con trabajo en VIH/SIDA, nos preocupa e inquieta esta determinación y el modo en que fue comunicada porque desconocemos la relación laboral, legal e institucional de la Sra. Alejandra Hewstones Arquero y del Asesor Técnico al Dr. Carlos Beltrán Buendía por tanto se les asigna una labor legal e institucional que no está claramente determinada.

Nuestras organizaciones y funciones institucionales propias requieren de total seguridad y certidumbre legal para desarrollar nuestro trabajo comunitario y colaborativo en las urgentes políticas públicas de prevención y control del VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud, incluyendo en esas mismas políticas el respeto a los Derechos Humanos de las Personas que viven/vivimos con VIH/SIDA.

Del mismo modo, considerando que la misma página Web Oficial del Ministerio de Salud señala las funciones del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS, afirmando que repartición ministerial será: “Responsable de la elaboración, coordinación ejecutiva, monitoreo y evaluación global de las Políticas Públicas y normativas de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS en Chile y forma parte de la División de Prevención y Control de Enfermedades (DIPRECE) de la Subsecretaría de Salud Pública”.

La misma página Web Oficial señala que la misión del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de salud será: “Desarrollar Política Pública de Promoción de la Salud Sexual, Prevención y Atención Integral del VIH/SIDA e ITS para disminuir la morbilidad, mortalidad, transmisión y discriminación de personas en situación de vulnerabilidad, regulando, apoyando, monitoreando y evaluando la implementación de servicios y prestaciones de calidad, con un trabajo participativo, intersectorial y descentralizado”.
Nos preocupa e inquieta la ilegalidad del oficio ordinario 4081 firmado por el Sr. Ministro de Salud, así como el cumplimiento estricto del objetivo y misión del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud que estipula la “coordinación ejecutiva” por una parte y el “trabajo participativo” en otra.

Solicitamos respetuosamente a la Contraloría General de República revisar la legalidad del ordinario 4081 del 20 de septiembre de 2018 firmado por el Sr. Ministro de Salud Emilio Santelices Cuevas, determinando si este Ordinario se contrapone con las funciones y misión propia, legal e institucional del Programa Nacional de Prevención y Control de VIH/SIDA e ITS del Ministerio de Salud del Gobierno de Chile, instancia que históricamente se ha relacionado con la sociedad civil organizada.

Santiago de Chile, 28 septiembre 2018.