El asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en el consulado saudita de Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre ha puesto de manifiesto, una vez más, cómo los objetivos económicos y geoestratégico marcan las relaciones diplomáticas entre países, más allá de las atrocidades que cada uno cometa en su tablero de juego. Aunque inicialmente parecía que la muerte del columnista del Washington Post pondría en vilo la imagen de la monarquía de los saudíes ante el mundo, su desaparición ha terminado por constatar el doble estándar internacional de los estados para proteger sus intereses.

Este martes el presidente de Truquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió que las 18 personas detenidas en Arabia Saudita en el marco de las investigaciones del asesinato del periodista sean castigadas e instó a Riad a revelar “las responsabilidades de cada uno en este caso, desde el más alto nivel hasta el más bajo”. Y agregó: “Jamal Khashoggi era saudí, pero además era un periodista internacionalmente reconocido y esto, por supuesto, nos confiere una responsabilidad internacional”. El mandatario no dudó en alzarse como el “representante de la conciencia de la humanidad”.

Sin embargo, si algo ha caracterizado a Erdogan han sido las críticas constantes por sus violaciones de derechos humanos, sobre todo después del intento de golpe de Estado de julio de 2016, que desató una represión masiva en contra de civiles y militares. En total, fueron más de 50.000 los funcionarios que fueron purgados, también acabó con prácticamente todos los medios críticos y que mantuvo hasta hoy a 237 periodistas entre rejas, convirtiéndose en el país con más periodistas encarcelados de todo el mundo.

Para el presidente turco, filtrar la información sobre el caso y salir a condenar lo sucedido es una buena estrategia para tratar de negociar con Arabia Saudí y EEUU. Las relaciones entre Turquía y Arabia Saudí se han deteriorado desde el ascenso del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán. Erdogan pretende ahora aislar a Salmán del rey Abdulaziz y romper la línea de sucesión, para debilitar la imagen del país, al que considera una amenaza para los intereses de Turquía. Ankara reclama el liderazgo de Oriente Medio en competición con otros países que tradicionalmente lo han ejercido, como Irán, Egipto y, especialmente, Arabia Saudí.

Europa y las armas

El asesinato de Khashoggi y la condena internacional han puesto sobre la mesa las relaciones comerciales, centradas en la compra de armamento, entre Riad y el resto de países europeos, uno de sus principales socios. Este jueves, el Parlamento europeo votará un texto que incluye el fin de la venta de armas a Riad. De hecho, el gobierno alemán de Angela Merkel anunció que suspenderá la venta de armas y ha emplazado a sus socios europeos a hacer lo mismo.

“El Parlamento Europeo llama a alcanzar una posición común para imponer un embargo en toda la UE a la venta de armas a Arabia Saudí, para respetar la posición común 2008/944/CFSP llama también al embargo de sistemas de vigilancia y otros sistemas duales utilizados para la represión en Arabia Saudí”, dice la resolución que se votará este jueves en el Parlamento de Estrasburgo.

La votación, pero, pondrá de manifiesto los intereses de los europeos en la venta de armas. El presidente español, Pedro Sánchez (Partido Socialista), ya anunció que mantendrá la venta de armas a Arabia Saudí a pesar de las violaciones de derechos humanos y de la “consternación” que le ha causado el asesinato del periodista Jamal Kashoggi. Así lo ha reconocido en una comparecencia en el Congreso este miércoles en la que asumió que no siempre se pueden convertir “los ideales en realidades”. “Si me piden dónde tengo que estar hoy y aquí es en la defensa de los intereses de España y el trabajo de sectores estratégicos situados muchos de ellos en zonas muy afectadas por el drama del desempleo”, apuntó Sánchez.

Se refirió, así, a los contratos armamentísticos entre Madrid y Riad y a las amenazas de los saudíes de echar atrás un acuerdo multimillonario, valorado en 1.800 millones de euros, para la construcción de cinco corbetas por parte de la empresa Navantia, situada en el sur de España, una región tradicionalmente socialista donde además se celebrarán elecciones dentro de un mes. La operación representa la mayor de la historia de los astilleros públicos con un cliente extranjero y que daría trabajo a 6.000 personas durante cinco años.