En Chile estamos familiarizados con el problema de la legitimidad de la Constitución. Algunos sostienen fervientemente que el solo hecho de que haya emanado de una dictadura cívico militar y aprobada por un plebiscito fraudulento, habilita para decir que es ilegítima y que, en consecuencia, debe ser reemplazada por una nueva carta a través de una Asamblea Constituyente.

Sin embargo, creo que el problema de la legitimidad no hay que observarlo solamente en su origen, aun cuando sea ese origen uno indudablemente anti-democrático. El asunto principal de la legitimidad de una Constitución, y de toda la institucionalidad en general, tiene que ver, por un lado, con la apropiación que los pueblos sean capaces y estén en condiciones de hacer de las normas fundamentales que los rigen, y por otro, con la capacidad de los poderes del Estado de representar ese proceso. Son dos aspectos distintos de un mismo asunto, pero que difiere temporal y cualitativamente del problema del origen.

Para Chile, el problema es doble. El origen no fue democrático. Y el proceso de apropiación, con todos los intentos que han habido por legitimar esa Constitución, no ha sido exitoso. En particular, la Constitución mantiene los llamados “cerrojos”, elementos que impiden un cambio sustantivo de cuestiones fundamentales. Aunque se hayan suprimido algunos de ellos, como los senadores designados o el sistema binominal de elecciones, todavía permanecen vigentes los quórum supra mayoritarios y la competencia preventiva del Tribunal Constitucional. Han pasado casi 40 años, y todavía no podemos decir como pueblo que esta es nuestra Constitución y que es, por ello, legítima.

En cambio, el pueblo venezolano, con todas sus divisiones y conflictividad, no tiene ese problema. Ambos bandos reconocen la vigencia y legitimidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, elaborada por una Asamblea Nacional Constituyente y aprobada en referendo democrático. Ambos bandos reclaman que su legitimidad emana de la Carta Fundamental. Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado; Nicolás Maduro, como presidente electo y en ejercicio. Cada bando da sus argumentos. La oposición desconoce la reciente elección, diciendo que no cumplió con los estándares internacionales. El gobierno asegura que las elecciones fueron democráticas y que Maduro es el presidente constitucional de Venezuela. El gobierno acusa a Guaidó de usurpador por autoproclamarse presidente encargado. La oposición se defiende articulando una argucia jurídica. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, acusado de estar compuesto por jueces elegidos mediante un proceso exprés extraordinario, ratifica a Maduro y asegura que se está gestando un golpe.

Sin embargo, el problema no tiene que ver con el origen ni la fuente de la norma constitucional. El asunto de fondo tiene que ver con que el Estado, expresado en sus distintos poderes, ya no es capaz de representar el proceso de apropiación de la Constitución y las leyes, no es capaz de servir de plataforma política y de mediación de ese pueblo dividido, de esa historia irreconciliada. Ni Maduro desde el poder ejecutivo, ni Guaidó y la Asamblea Nacional desde el poder legislativo han sabido expresar y conducir las diferencias a un encuentro que no avizore una confrontación armada, que, como ya sabemos por estos rincones del mundo, suelen ser muy sufridas para los pueblos.

Ni la guerra civil ni mucho menos la intervención militar extranjera son funcionales a este propósito. Es inaceptable que el gobierno de Chile, que representa a un pueblo que arrastra las penurias y el sufrimiento de un golpe de Estado y de una dictadura cívico militar, no ofrezca una salida democrática de diálogo a la crisis venezolana, peor aún, que se ponga del bando de quienes, con la autoría militar del gobierno de Estados Unidos, buscan detener y quebrar ese proceso de apropiación constitucional. Un proceso que en Chile, por cierto, no hemos sido capaces siquiera de iniciar, en parte gracias a la complicidad histórica y la oposición manifiesta de los sectores de derecha.

En la situación de conflictividad que se vive en Venezuela, Chile debe ponerse a disposición de una mediación internacional, junto a México y Uruguay, en el que se proponga como alternativa convocar a elecciones, con todas las garantías, supervisiones y estándares internacionales. Elecciones, tanto de la Presidencia como de la Asamblea Nacional, permitiéndole a todos los candidatos postularse, incluyendo a Maduro y Guaidó, bajo un marco de acuerdo regido por la legítima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que los miembros elegidos de la Asamblea Nacional y el Presidente entren en ejercicio, deberá revisarse la composición del Tribunal Supremo de Justicia, iniciándose un proceso de designación de los jueces que correspondan, bajo el apego irrestricto al procedimiento establecido en la Carta Fundamental. Todo esto también implica el que los actores participen de este proceso reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente con las potestades que le otorga la Constitución de 1999, a saber, las de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, sin atribuciones plenipotenciarias, las que podrían acabar ejercitando un marco de facultades legislativas exclusivas de la Asamblea Nacional.

Solamente una salida de diálogo, mediación internacional y nuevas elecciones abrirá la posibilidad para que el Estado y el pueblo venezolano continúen en aquel largo trayecto de democratización de la sociedad, que desde hace varias décadas y ejemplarmente han venido empujando.


Militante del Movimiento Autonomista, Abogado, Universidad de Chile.