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Opinión

Barrio Bellavista: Cercado por el lucro empresarial y la falta de autoridad

Por: Eliana Largo | Publicado: 27.03.2017
Barrio Bellavista: Cercado por el lucro empresarial y la falta de autoridad galindo |
Este barrio, el más antiguo de la comuna, está siendo fagocitado por las grandes empresas en los rubros de la Industria de la Salud (Clínica Sta. María), Polos Gastronómicos y Turísticos (patios Bellavista), y la Industria Cultural (canales de TV). Y ahora se agrega otro gran negocio: el de los estacionamientos de automóviles en el corazón de un barrio con calles estrechas. Todo ello con la consiguiente expulsión periódica de residentes.

Hace tiempo que en este barrio de la comuna de Providencia ubicado entre el cerro San Cristóbal y el río Mapocho, tan valorado por su ubicación céntrica, su arquitectura y en especial por su impronta histórica y patrimonial, con restoranes, galerías de arte y zonas típicas que atraen sobre todo a turistas, el afán de lucro ha cercado crecientemente a quienes aquí residimos, con las consecuencias negativas que ello tiene en la calidad de vida y en el patrimonio material y simbólico (exceso de vehículos y ruido a toda hora, aumento de robos, asaltos y tráfico ilegal de drogas,  venta de numerosos inmuebles para el comercio y el arriendo de piezas como ‘talleres’, entre otras).

Este es un barrio atractivo por su escala, en que sus residentes han invertido y lo han cuidado por más de un siglo. Es el único barrio otrora elegido por reconocidos artistas, pintores, poetas y escritores, y que ahora solo constituyen publicidad turística para atraer visitantes. Este barrio, el más antiguo de la comuna, está siendo fagocitado por las grandes empresas en los rubros de la Industria de la Salud (Clínica Sta. María), Polos Gastronómicos y Turísticos (patios Bellavista), y la Industria Cultural (canales de TV).  Y ahora se agrega otro gran negocio: el de los estacionamientos de automóviles en el corazón de un barrio con calles estrechas. Todo ello con la consiguiente expulsión periódica de residentes.

Vecinas y vecinos organizados en la Junta de Vecinos N° 13 y en la Agrupación de Residentes Patrimonio Bellavista (ARPB) poco hemos podido hacer contra las patentes de alcohol que aquí se han otorgado a destajo, con la venia de varios concejales (hay 252 patentes de alcohol en la Unidad Vecinal N° 13, la mayor cantidad entre las unidades vecinales de Providencia). Al menos hemos logrado algunos letreros municipales que impiden estacionar en determinadas calles las noches de fin de semana (de jueves a sábado), lo que debidamente fiscalizado tendría que ser más efectivo para un mejor vivir de sus residentes. Tampoco se ha podido frenar que la Clínica Santa María se expanda sin control e invada el barrio con nuevos emplazamientos que ha construido o reconstruido mediante la adquisición de casas antiguas y casonas para servicios varios, laboratorios complementarios, etc. El negocio de la salud rinde, por lo que la desproporción de esta expansión comercial en un barrio como este, no considera lo que puede afectar a un entorno residencial de larga data. Ahora esta empresa de la salud inició la construcción de un edificio clínico de 7 pisos sobre superficie, más un piso mecánico, 9 subterráneos y 276 nuevos estacionamientos.

Las consecuencias de esta nueva construcción –“carga ambiental para comunidades próximas”- agravarán las externalidades negativas ya existentes en el barrio debido a sus 4 actuales edificios: aumento de ruido, emisiones y vibraciones subterráneas; contaminación acústica las 24 horas debido a sus equipos de aire acondicionado y salas de máquinas sin barreras acústicas; contaminación lumínica sobre patios de las casas; saturación de infraestructura urbana existente desde 1900  -Población León XIII, Zona Típica-; alteración en napas subterráneas; aumento de vehículos; estacionamientos gratuitos para sus clientes en todas las calles residenciales; inseguridad peatonal por circulación a alta velocidad de vehículos de acercamiento y los de sus empleados/as; congestión y aumento de la población flotante de trabajadores/as y clientes/as; saturación de actividad urbana de la salud en veredas y calles residenciales, etc.

Con motivo de esta nueva construcción, la organización vecinal envió una carta al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de la RM el día 15 de febrero de 2017, por lo que se inició un proceso formal de “participación ciudadana” con fecha 1° de marzo del año en curso.

¿Qué resultados habrá?, ¿se puede ser optimista? Valen estas preguntas y otras a la luz de los variados recursos interpuestos por vecinas y vecinos organizados para impedir la construcción de este otro ‘patio de comida’ que lleva adelante Cimenta desde el 20 de octubre de 2014, empresa que logró traspasar el segundo año de construcción mediante acciones leguleyas y el apoyo del Director de Obras Municipales de Providencia, aún en contra de la normativa exigida por la Seremi de Vivienda y Urbanismo, su autoridad directa. Este proyecto de Cimenta (empresa y filiales con diversas razones sociales) contemplaba inicialmente un equipamiento para 20 locales comerciales, restaurantes y un número determinado de estacionamientos subterráneos para arriendo: 149 (siendo la cifra menor que 150, no requería Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano, EISTU), sin embargo, dicha cifra resultó ser mucho mayor después: 317 estacionamientos subterráneos aprobados por el Seremi de Transporte, en un emplazamiento que da a la angosta calle Constitución -en un principio aprobados como “bodegas” por la DOM-, y después legitimados por el Seremi de Transporte, en un emplazamiento urbano que no corresponde , dado que Constitución es una calle local y además angosta.

¿Por qué en un lugar pequeño y estratégico por su ubicación y centralidad (hay metro y múltiples líneas de locomoción), además de su historia y naturaleza singular que lo delimita, se permiten ahora cientos de estacionamientos? Cabe preguntar también por quién responde ante este aumento de estacionamientos que horadan el subsuelo afectando las napas subterráneas, la estabilidad del terreno y sus construcciones antiguas, ¿a quién habrá que demandar cuando ocurra un desastre ambiental por tal alteración y sobrecarga desde distintos puntos geográficos?

En los oficios que el año 2015 la Seremi de Vivienda le envió al DOM de Providencia, le expresó que la escala del proyecto de Cimenta no corresponde. La escala que le corresponde es la escala básica, que permite una carga de 250 personas máximo. Y la escala que aprobó el DOM de Providencia es de 1.950 personas (8 veces mayor). En el último oficio, a mediados del año 2016, la Seremi le indicó al DOM que debía invalidar el permiso y tomar medidas para que el mandante ajuste el proyecto a la escala correspondiente. El DOM solo retransmitió esta información a la empresa, sin invalidar. El plazo para poder invalidar el permiso se cumplió el 20 de octubre de 2016. ¿Qué ocurre después con la construcción, que continúa?, ¿se ajustó o se ajustará el proyecto a lo indicado por la Seremi de Vivienda, o seguirán adelante según lo autorizó el DOM?

Hace poco la organización vecinal se hizo parte del proceso de Nulidad de Derecho Público, habiendo realizado ya numerosas gestiones legales en el lapso de estos 2 años, mientras Cimenta ha hecho lo suyo, todo sea por ganar tiempo y continuar con la construcción. Es lo que se conversa en reuniones vecinales. ¿La participación ciudadana seguirá siendo un valor retórico para las autoridades?

Es sabido que hay otros enfoques: experiencias internacionales demuestran lo que es un plan de desarrollo integral y urbanístico que resguarda el carácter y atractivo de un lugar, equilibrando las prácticas de usuarios y usuarias.

Hasta ahora las autoridades comunal y metropolitana no suman los impactos viales que se van agregando mes a mes y muestran poca o ninguna capacidad o voluntad de evaluar y fiscalizar estos nuevos negocios como un todo. El barrio no da más. Su valor singular puede desaparecer y con ello solo serán atraídos aquellos negocios de alcohol a bajo precio y tráfico ilegal de diversa índole.

Sobre problemas de este tipo personas como Patricio Herman, de la Fundación Defendamos la Ciudad, publica columnas con frecuencia, refiriéndose también a este barrio. ¿Sirve de algo exponer y reiterar lo que las autoridades saben y siguen autorizando?, ¿qué complicidades hay en todo esto? Aún más, ¿qué pasó con lo planteado por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados, mediante Oficio N° 44, de octubre de 2015, en cuanto a poder “limitar las facultades de los Directores de Obras Municipales en los casos en que los permisos de construcción sean objetados por otras autoridades y los vecinos, de modo que exista un mecanismo que obligue a dicha autoridad a tener presente tales consideraciones” […] “Asimismo, si sería conveniente legislar para que los Directores de Obras dejen de ser las autoridades autónomas que no pueden ser removidos aunque actúen al margen de la ley, estableciendo un mecanismo en tal sentido.

¿Qué dijo el Ministerio de Vivienda al respecto?, ¿qué dicen o dirán la Contraloría y la Corte Suprema?, ¿qué se puede hacer tras lo ya realizado por la organización vecinal?, ¿a qué instancia recurrir?

La legítima indignación vecinal y ciudadana tendría que tener cauces legítimos efectivos.

Eliana Largo