Una serie de explicaciones tiene que dar el Minsal a la Contraloría por la contratación de este lugar. “Una es, que tiene que explicar cómo estas prestaciones no se superponen con las que ya están en el contrato de arriendo; en segundo lugar, tiene que explicar por qué se paga este precio por esas prestaciones», sostuvo el contralor general Jorge Bermúdez, detallando que dicho monto llegó a los 1.600 millones de pesos.
Durante este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la Comisión investigadora por el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco a inicios de la pandemia, para arrendar sus dependencias y utilizarlas como residencia sanitaria.
Un convenio que en junio de este año causó noticia, cuando la Contraloría declaró «ilegal» uno de los contratos suscritos entre ambas entidades, por un presunto doble cobro de prestaciones.
En ese contexto, el contralor, Jorge Bermúdez, participó de la mencionada comisión, detallando por qué la Contraloría afirma que al menos uno de los contratos suscrito es ilegal.
«Si uno tuviera que resumirla, diría que aparentemente se estarían pagando, en dos contratos, tanto en el de arriendo como en el de prestación de servicios, las mismas prestaciones”, comenzó explicando Bermúdez en la instancia.
Posteriormente, señaló que “la Contraloría tiene a la vista el contrato de arriendo y resulta que, en ese contrato, usted ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este contrato”.
El contralor detalló además que existen otros reparos al convenio de parte de la Contraloría, como que «se pone en tela de juicio que no se entregan antecedentes suficientes que sustenten los valores que se asignan a las distintas prestaciones que se detallan luego en ese mismo contrato” y que “en el punto 3 también la Contraloría objeta la cláusula de prórroga automática que se está estableciendo en el propio contrato”.
Asimismo, en lo respectivo a los contratos en que sí tomó razón la Contraloría, Bermúdez indicó que “nosotros comparamos las prestaciones que están en ese contrato de prestación de servicio de recinto hospitalario con aquellas obligaciones que estaban en el contrato de arrendamiento, que no había pasado por la Contraloría«, encontrando discrepancias entre ambos textos.
«Y eso es algo que tiene que aclarar el Servicio de Salud todavía», añadió en esa línea.
“Por un lado, el contrato dice que el inmueble debe quedar en situación que sirva para el funcionamiento del recinto hospitalario, y luego el contrato de prestación de servicio dice que usted tiene que realizar una serie de instalaciones y mantención de esas instalaciones para el recinto hospitalario. Entonces, la verdad hay una declaración general y luego hay ciertas prestaciones específicas que están detalladas en el anexo”, especificó.Mi
Sobre este punto, el contralor detalló dos observaciones realizadas a las prestaciones: “Una es, que tiene que explicar cómo estas prestaciones no se superponen con las que ya están en el contrato de arriendo; en segundo lugar, tiene que explicar por qué se paga este precio por esas prestaciones«.
«Nosotros no estamos diciendo que no se pueda pagar un poco más, lo que estamos diciendo es que aclare cómo llegó a estos precios que está pagando para llegar a ese nivel de $1.600 millones”, añadió luego, detallando que “respecto al contrato de arriendo, a lo que se llega es un contrato de un determinado valor por metro cuadrado utilizado. Eso es lo que nosotros tenemos que ahora comprobar y es cuántos metros efectivamente se utilizaron”.
