Ex ministro de Salud, Jaime Mañalich | Agencia Uno
«Aquí estamos para exigir que se respete la Ley 20.205 que protege al funcionario/a que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, y venimos a emplazar al ministro Paris para que entregue toda la información», señalaron varios gremios de la salud, al tiempo que denunciaron malas prácticas tendientes a acallar testimonios alusivos al cuestionado manejo de la pandemia del cesado secretario de Estado.
A través de una declaración pública colectiva, agrupaciones gremiales de la salud pública se refirieron a los últimos acontecimientos alusivos a las irregularidades de las que se acusa a Jaime Mañalich durante su cuestionado manejo de la pandemia.
Al respecto, en el documento se sugiere la existencia de represalias contra Andrea Albagli, una de las funcionarias del Minsal que declaró ante la Fiscalía en el caso de una de las acciones judiciales que tiene en entredicho al cesado ministro de Estado.
«Frente a la gravedad de los hechos denunciados en el manejo de los datos en periodo de pandemia por el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, y las consecuencias de esa manipulación, las/os funcionarias/os no podemos callar la verdad, no solo por la obligación que nos impone las normas de probidad y transparencia, sino porque es un imperativo ético y una consecuencia con nuestro compromiso con la Salud Pública en nuestro país«, comienza diciendo el documento.
«Las organizaciones gremiales de la salud pública firmantes nos hemos convocado hoy para entregar nuestro apoyo y solidaridad con la profesional Andrea Albagli y por su intermedio con todas/os y cada una/o de las/os Trabajadoras/es de la salud en todo el país y en todos los niveles de la salud, y que en estos tiempos han entregado su aporte y su opinión técnica/profesional y han denunciado a quienes no han querido escuchar, que han manipulado datos, informes, registros y que hoy niegan entregar correos electrónicos a quienes investigan«, agrega el texto.
En opinión de quienes suscriben la declaración pública, la manera de operar que se está observando al interior de la repartición pública, obedece a una práctica inaceptable. «Eso no se debe tolerar, porque los/as chilenos/as tienen derecho a conocer toda la verdad», aseguraron de forma lapidaria.
«Es impresentable que cuando un/a funcionario/a público declara o entrega una opinión que difiere de la autoridad o de las jefaturas en cargos políticos, es sancionado y/o perseguido, pretendiendo generar con ello una cultura del silencio cómplice y de negligencias secretas, que solo aporta en una mala percepción del servicio público, el Estado y de los gobiernos, y que en el caso del Ministerio de Salud es más grave, pues crea una brecha entre las políticas públicas en salud y la población, quiebra la confianza tan necesaria para la aplicación de esas políticas, lo que dificultará llevarlas a cabo en el futuro, con las delicadísimas consecuencias que ello implica», agrega el escrito.
Y en la parte final del mismo, apelan al cumplimiento de la normativa vigente en nuestro país. «Aquí estamos para exigir que se respete la Ley 20.205 que protege al funcionario/a que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad, y venimos a emplazar al ministro Paris para que entregue toda la información, abrir todas las puertas, esto mejorará la percepción ciudadana y la credibilidad ciudadana en sus ministerios», dicen en una convocatoria directa al actual titular de Salud.
Quienes suscriben la carta son Afuminsal (Asociación de Funcionarios del Minsal), ANEF ( Asociación Nacional de Empleados Fiscales), CUT (Central Única de Trabajadores), Fenpruss (Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud), Confusam Confederación de Trabajadores de la Salud Municipal), Anptuf (Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de Fonasa) y ANAFF, Asociación Nacional de Trabajadores de Fonasa.
