Paltos IV Region / Fundación Terram
“El desbalance entre la agricultura y el sector forestal y ambiental solo incrementará la crisis social y ambiental en el sector rural, y quienes se verán más afectados por esta polarización será la población más vulnerable. Es momento de que la agricultura se reconcilie con el sector forestal y ambiental, asimilando que lo productivo no es excluyente a la conservación, sino que complementario para la armonía de los territorios.”
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que el 80% de la pérdida de superficie forestal en el mundo se debe principalmente a la conversión agrícola. Esto conlleva a que la producción de alimentos aporte alrededor del 37% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI).
Es decir, para poder entregar alimentos a la población mundial se ha optado por sacrificar a los ecosistemas nativos mediante la expansión de la agricultura, con gran protagonismo de la industria exportadora. Chile no ha estado ajeno a esa realidad, e históricamente se ha favorecido a la gran producción agrícola en desmedro de la conservación de ecosistemas nativos.
En el último Informe País Estado del Medioambiente en Chile (2018), se señala que dentro de las contribuciones a la pérdida de superficie de bosque nativo en el período 1999-2016 están la transformación a praderas y matorrales (47%) y a terrenos de uso agrícola (6%). Entre las regiones de Coquimbo y del Maule, es donde la producción agrícola ha tenido históricamente mayor relevancia debido a que el 36% de la superficie agrícola utilizada en el país se ubica en esta zona geográfica, concentrando el 89% de la producción frutícola nacional.
Según datos de los tres últimos censos agropecuarios nacionales, la superficie cultivada ha disminuido, pero los terrenos para fruticultura han aumentado, reduciendo la superficie forestal. Es así como en el periodo 1997-2007, la superficie frutícola se ha incrementado entre las regiones de Coquimbo y Maule en torno al 43,5%. El Catastro frutícola 2017/2018 señala que las regiones de O´Higgins y Maule volvieron a incrementar su superficie en un 9% y 22% respectivamente. La agricultura, en especial la agro-industria, cumple un rol fundamental para el desarrollo económico del país, pero, ¿Eso será motivo para eximirla de obligaciones en torno a la conservación y protección de la naturaleza? ¿Acaso es incompatible la conservación de ecosistemas nativos con la producción agrícola?
Los bosques y otras formaciones vegetales nativas son un recurso importante para más de 2,4 mil millones de personas en el mundo, pues proporcionan alimentos, leña, materiales de construcción y empleo. Ellos albergan polinizadores que ayudan a la reproducción de cosechas agrícolas, a purificar el agua, y brindan formas tradicionales de medicina y cuidado de la salud. Los alimentos que proveen los ecosistemas naturales son una parte regular de las dietas rurales y sirven como redes de seguridad en tiempos de escasez de alimentos.
La biodiversidad de los sistemas naturales conlleva a mayor variedad en las dietas, lo que resulta en mejor nutrición versus incremento de ingestión de calorías. De algunos estudios se desprende que los bosques pueden proporcionar en torno al 20% de los ingresos de los hogares rurales en los países en desarrollo, ya sea a través de ingresos monetarios o satisfaciendo las necesidades de subsistencia. Cuando los bosques se manejan sosteniblemente, pueden absorber alrededor del 10% de las emisiones globales de carbono, mitigando el cambio climático y su impacto en la producción de alimentos. Los beneficios de los bosques también son provistos en los ecosistemas más secos, donde predominan las formaciones xerofíticas (vegetación que contempla a arbustos, cactáceas y arboles aislados), y que en Chile se desarrollan desde el extremo norte de Chile hasta la Región del Biobío.
El Ministerio de Agricultura de Chile (MINAGRI) aprobó una Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), que considera la “Sustentabilidad medioambiental, valorando los espacios naturales y gestionando sus riesgos”. Dentro de sus ejes se destacan acciones como protección, conservación y restauración de la Biodiversidad, aguas y suelos, señalando que hay que procurar el desarrollo de coberturas vegetales con especies nativas. Otro instrumento es el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario, en que se busca promover la sustentabilidad y modernizar el MINAGRI. Dentro de sus metas se introduce la necesidad de conocer los requerimientos hídricos de especies forestales nativas y exóticas, así como el desarrollo de nuevos métodos silviculturales que permitan enfrentar el cambio climático.
Sin embargo, a pesar de lo declarado en estos instrumentos marco, que parecieran estar alineados con lo que se discute a nivel internacional, en la práctica no se vislumbra una mirada de conservación ni modernización. Chile se ha definido como potencia agroalimentaria, y las políticas públicas del MINAGRI únicamente han buscado el fortalecimiento de la producción intensiva y la exportación agro-industrial, abandonando por completo al sector forestal, no al que ha fomentado plantaciones de monocultivos exóticos (3,1 millones de hectáreas), sino aquel que mayoritariamente se compone de ecosistemas nativos (14,7 y 9,9 millones de hectáreas de bosque nativo y formaciones xerofíticas respectivamente). Cabe señalar que entre los años 2008 y 2020 se eliminaron más de 22 mil hectáreas de bosque nativo para habilitar terrenos para la agricultura.
El año 2020, la Contraloría General de la República dictaminó que en la Ley N°20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, algo que fue cuestionado y apelado hasta las últimas instancias por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Sobre esta situación, nunca hubo un pronunciamiento claro desde el MINAGRI (ya sea sobre la falta o para recuperar la superficie perdida), pero si fue llamativo que el Director Ejecutivo de CONAF fuese cesado de su cargo posterior a la emisión de una resolución que indicaba la suspensión de aprobación de estos planes de manejo.
En otra reciente arista, son múltiples los reclamos por la desprotección de las formaciones xerofíticas, que son eliminadas, para desarrollar cultivos en los cerros, sin consideraciones a la protección del suelo, agua y a la biodiversidad existente. Ante la indiferencia del MINAGRI, esto se ha traducido en la eliminación de 12 mil hectáreas de formaciones xerofíticas. Debido a esto se ha hecho una presentación a Contraloría, para que se respete el objetivo de la Ley de Bosque Nativo y se detenga esa práctica que dista de la sustentabilidad y de una política de desarrollo rural.
Bajo el alero de un MINAGRI anticuado, el sector forestal y ambiental se encuentra absolutamente postergado. En crisis climática se necesita contar con una mejor estructura para el sector forestal, modernización e integración de servicios públicos, ejecución de políticas a largo plazo, y actualización y vinculación de instrumentos con una mirada más allá de lo sectorial (integral). Dada su relevancia en el sector rural, el MINAGRI debería ser el principal propulsor para modificar la Ley de Bosque Nativo, la que en más de 10 años no ha sido capaz de cumplir con la recuperación de ecosistemas nativos a lo largo del territorio nacional. ¿Acaso será porque los ecosistemas nativos compiten con la fruticultura de exportación cuando hablamos de superficie? El sector forestal puede contribuir a recuperar gran parte de la superficie que la agricultura intensiva a destruido en los territorios, y eso es algo innegable.
El MINAGRI, ha tenido una política explicita de apoyo a un modelo agroexportador, que no considera la agricultura familiar campesina, con escasas consideraciones ambientales y sociales. Complementariamente como se ha informado, importantes beneficiarios de la Ley de riego (N°18.450) administrada por el MINAGRI, son grandes propietarios agrícolas que reciben subsidios en desmedro de los pequeños agricultores. Es decir, un Ministerio abocado a potenciar un modelo agroexportador, que además ha concentrado los derechos de agua. Cabe señalar que, del total de agua disponible en el territorio nacional, se estima que el 82% es utilizado por el sector Agropecuario.
Claramente, además de modificar la Ley de bosque Nativo, también se tiene que evaluar los diferentes instrumentos e incentivar económicamente a la reducción de los impactos de los sistemas agrícolas que fomenta. El SIRSD-S (Ley N°20.412) y la Ley de riego deben tener modificaciones, en acceso, distribución e incorporando financiamiento de actividades de conservación que contribuyan a evitar la degradación del suelo y aumentar la valorización en proyectos que fomenten la conservación productiva y medioambiental de forma asociada. En estos momentos Chile se encuentra en un periodo de fuertes cambios, y algo que claramente deben discutir el presidente electo, constituyentes y parlamentarios(as) es si es correcta la forma en la que se realiza la agricultura en Chile, y el insensible e irresponsable trato que reciben nuestros ecosistemas nativos que siguen degradándose y siendo reemplazados.
El desbalance entre la agricultura y el sector forestal y ambiental solo incrementará la crisis social y ambiental en el sector rural, y quienes se verán más afectados por esta polarización será la población más vulnerable. Es momento de que la agricultura se reconcilie con el sector forestal y ambiental, asimilando que lo productivo no es excluyente a la conservación, sino que complementario para la armonía de los territorios.
