Este jueves 7 de abril se escucharon los alegatos por el Recurso de Protección presentado por dos mujeres vecinas de Huasco en contra del Estado por el funcionamiento de las Unidades 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Guacolda.
Al respecto, Doris Zamorano, recurrente y miembra del Consejo para la Recuperación Ambiental y Social de Huasco, señala: “Con este recurso de protección buscamos resarcir la conducta pasiva y lenta por parte del Estado para otorgar la debida protección a la comuna de Huasco, que se defina y planifique de forma imperante la salida de las unidades más antiguas 1 y 2 de manera urgente por salud de la población y mitigación de daños irreparables que ya se tienen”.
La termoeléctrica, al funcionar en base a la combustión industrial de carbón, es responsable de una gran emisión de contaminantes atmosféricos como dióxido de carbono (CO2); material particulado (MP10); dióxido de azufre (SO2); óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO), Ozono (O3) y metales pesados como el mercurio (Hg), vanadio (V), níquel (Ni) y plomo (Pb).
El complejo, propiedad de Capital Advisors, a través de El Águila Energy II SpA, se compone de 5 centrales a carbón, de las cuales sus unidades 1 y 2 son las más antiguas y no compensan sus emisiones al aire.
“Este Recurso de Protección busca, por una parte, que el Estado establezca, coordine e implemente el cierre definitivo y anticipado de las Unidades 1 y 2 del Complejo Termoeléctrico Guacolda, y por otra, que se disponga la presentación de un plan de compensación por las emisiones actuales e históricas de dichas unidades, que sea suficiente para reemplazar el efecto negativo que éstas han tenido en la salud, integridad y medio ambiente de los vecinos de Huasco”, explica Marcos Emilfork, Coordinador de litigios de ONG FIMA y representante de las demandantes.
El retiro de las termoeléctricas a carbón
En vista de los nocivos efectos para la salud y el medio ambiente del uso del carbón, y la adhesión de Chile a tratados internacionales, como el Acuerdo de París, que comprometen la reducción de Gases de Efecto Invernadero, es que el Gobierno de Chile se comprometió en 2019 cerrar todas las centrales de Carbón al 2040, un calendario original que se ha ido modificando.
Cuando se anunció el plan, que consideraba las 28 centrales funcionando en ese entonces, se dividió en dos fases: la primera que contemplaba el cierre de 8 centrales a 2024, y las otras 20 a 2040. Sin embargo, Guacolda, a pesar de ser una de las más contaminantes a nivel nacional, no fue considerada dentro de la calendarización temprana del plan de descarbonización.
En julio del año pasado, el entonces biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, anunció la salida anticipada de cuatro centrales a carbón por un total de 1.097 MW de capacidad instalada a 2025 (unidades 3 y 4 de Ventanas, en Quintero, además de Angamos 1 y 2 en Mejillones), las cuales representan un 20% de la capacidad total instalada del carbón en el Sistema Eléctrico Nacional.
“El retiro de la combustión del carbón es una cuestión de interés público, que representa la bajada lógica de la responsabilidad que tiene el Estado en la garantía activa de los derechos humanos ambientales”, sentencia Emilfork.