La ley REP, que exige que los productores recolecten y revaloricen los objetos que ingresaron al mercado, fue promulgada en Chile en el 2016. Pero es ahora cuando está tomando sus pasos más importantes, al entrar en vigencia metas y plazos concretos de reciclaje para cada uno de los seis productos que regula la ley: aceites lubricantes, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías, envases y embalajes, y neumáticos.
El primer paso se tomó a inicios de este año con la entrada en vigencia de las metas para recolectar y revalorizar neumáticos. El próximo producto en establecer sus metas generará un gran cambio en el reciclaje, dado que es de los más utilizados por la ciudadanía: envases y embalajes.
Esta categoría incluye, por ejemplo, latas de metal, tetrapack, botellas y envases de plástico, cajas de cartón, bolsas de papel, envases de vidrio y más. A pesar de ser de los productos más reciclados a nivel domiciliario, actualmente se recicla 12,5% de estos residuos en el país. La ley establece que ese porcentaje deberá subir a 60% para el año 2034.
Para lograr las crecientes metas, que empiezan a regir en septiembre de este año, se podrán utilizar los puntos limpios pero el decreto también establece que la ciudadanía deberá tener otras facilidades, como la recolección puerta a puerta. Las metas establecen que dentro de este año, 10% de las viviendas del país deberán contar con retiro puerta a puerta, aumentando a 80% para el 2034.
Preparando el terreno
A inicios de marzo, un camión recolector comenzó a pasar por las puertas de hogares en 14 comunas del sur de la Región Metropolitana, para recolectar los envases y embalajes separados previamente por vecinas y vecinos. El servicio gratuito se logró a partir de un convenio entre la Asociación de Municipalidades del sur y la empresa de reciclaje ReSimple.
Esta iniciativa es una muestra de cómo el país comienza a prepararse ante la entrada en vigencia de las metas de la Ley REP. Los municipios cumplirán un rol importante donde se les obliga a colaborar celebrando convenios con empresas de gestión de reciclaje y con recicladores de base, así como dictar ordenanzas que obliguen a separar residuos para la recolección puerta a puerta.
Los productores que no cumplan con los porcentajes de reciclaje, que van aumentando paulatinamente según establecen los decretos de la ley, enfrentarán multas de hasta $ 7.500 millones. La ley también obliga a instalar 350 nuevos puntos limpios en los próximos 4 años, y que los sistemas de gestión de residuos contraten formalmente a recicladores de base.
El avance de esta ley busca generar beneficios como reducir la llegada de residuos a los rellenos sanitarios, que en la mayoría del país se encuentran saturados, y cuya actividad genera emisiones de gases de efecto invernadero y efectos en la salud de las personas. Además, se espera que el aumento de actividad en la industria del reciclaje genere nuevas oportunidades laborales.