Esta semana, un grupo de senadores presentó un proyecto de ley que busca mejorar el acceso de las personas y comunidades a la justicia en materia ambiental.
La iniciativa propone, por ejemplo, que cualquier ciudadano pueda reclamar los permisos ambientales de un proyecto de inversión, incluso si no estuvo presente en el proceso de participación ciudadana que se hizo al evaluar el proyecto.
También apunta a establecer reglas más claras, tanto para la ciudadanía como para los titulares de los proyectos, estandarizando las vías de reclamación judicial.
Según el senador Ignacio Latorre, uno de los autores del proyecto, este va en línea con las modificaciones que está haciendo el gobierno a través de reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
También declara que el proyecto se alinea con uno de los principios del Acuerdo de Escazú, al cual Chile adhiere, y que busca democratizar el acceso a la justicia ambiental, a la información sobre medio ambiente y a la participación en decisiones ambientales.
El proyecto fue presentado por Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Francisco Huenchumilla (DC) , Daniel Núñez (PC) y Jaime Quintana (PPD).