Esta iniciativa ha generado polémica en la sociedad civil, lo cual ha motivado a que diversas organizaciones animalistas levanten una campaña en contra de ella, sosteniendo que el proyecto de ley está lejos de solucionar el problema de los ataques de perros y que solo serviría para profundizar conflictos en zonas rurales, ante la posibilidad de aumentar el uso de armas de fuego para matar perros.
El pasado lunes 20 de noviembre tuvo lugar la última sesión de discusión, en la cual participó la Subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien señaló que al año se producen 50 mil mordeduras de perros, de los cuales alrededor de un 50% son producidas por canes sin dueño conocido.
Además, en dicha sesión se contó con la exposición del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, José Guajardo, quien señaló que el concepto de perro asilvestrado es impreciso, pues no hay forma de diferenciar a un perro con dueño o no y que en la práctica la mayoría de los conflictos asociados a ataques de perros en zonas rurales, son causados por perros con dueños. Por otro lado, señaló que la declaración de un animal como especie exótica invasora le corresponde, según la nueva ley, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas (SBAP), por lo que este proyecto de ley podría estar inmiscuyéndose en atribuciones de dicha normativa.
En palabras del encargado de Incidencia de la Fundación Abogados por los Animales (APLA), el abogado José Binfa Álvarez señala “la discusión de este proyecto de ley nos ha demostrado que la iniciativa no soluciona el problema por el cual se presentó, pues se parte de un diagnóstico errado al identificar al mal llamado perro asilvestrado como el principal causante de ataques a fauna silvestre y ganado. Igualmente, durante la discusión, diversos expertos han indicado que alrededor del 90% de los ataques reportados son causados por perros que tienen o han tenido tutores, los cuales han sido irresponsables o derechamente han abandonado a estos perros.”
En cuanto a las soluciones, el abogado sostiene que “se requiere mayor financiamiento a las políticas públicas de tenencia responsable, pero lamentablemente la tendencia de los últimos 5 años ha sido la inversa respecto al presupuesto del Programa de Tenencia Responsable de la SUBDERE; además, existen otros aspectos de la ley respecto de los cuales el Estado chileno poco ha avanzado, tales como promover la educación y una cultura de tenencia responsable y adoptar medidas más intensas, como obligatoriedad de esterilización o mayores requisitos para tenencia de animales, en aquellas zonas rurales donde se identifican los conflictos.”
El proyecto de ley continuará su tramitación en la Comisión de Agricultura, estando vigente el plazo de formulación de indicaciones hasta el 14 de diciembre del presente año.