Una investigación de la ONG Escazú Ahora registró todas las denuncias por violencia hacia defensores y defensoras del medio ambiente en Chile: hubo 35 episodios de violencia contra 20 defensores en el 2023.
Las principales afectadas fueron mujeres mayores, de entre 70 y 78 años, de la región de Valparaíso. El promedio de edad entre todos los denunciantes es de 65 años y el 60% de las denuncias pertenecen a la V Región.
Pero al analizar las denuncias una a una, los investigadores dieron cuenta de que existen denunciantes de entre 20 y 80 años, por lo que señalan que la protección del medio ambiente trasciende las edades.
Las y los defensores ambientales que denunciaron este año, luchaban mayoritariamente contra la industria inmobiliaria (47%), la forestal (17%) y la energética (8%).
El informe es parte de un trabajo que lleva adelante Escazú Ahora para catastrar a las y los defensores ambientales del país y sus situaciones, a raíz de la adhesión al Acuerdo de Escazú en 2022 por parte del Gobierno de Gabriel Boric.
Los 24 países firmantes de dicho acuerdo en la región se comprometen a tomar acciones concretas para garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a información, participación y justicia ambiental, además de proteger a las y los defensores ambientales.
Anuncios incumplidos
El informe fue presentado en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, desde donde se acordó enviar un oficio a la Subsecretaría de Derechos Humanos para conocer cuándo se va a votar e implementar el un protocolo de protección de defensores de derechos humanos.
Desde la organización reclaman que el Gobierno ha hecho varios anuncios desde la ratificación de Escazú, como un proyecto de ley para proteger a defensores de derechos humanos y la creación de una institución para proteger a defensores, integrada por los ministerios de Medio Ambiente, Justicia y Relaciones Exteriores.
“A más de un año y seis meses de que el Ejecutivo anunciara sus compromisos, no se ha enviado ningún proyecto de ley para proteger a los defensores de derechos humanos; no existen actas que den cuenta de la existencia y trabajo de un grupo técnico para crear una institucionalidad de protección de defensores; y la Subsecretaría de Derechos Humanos afirma estar trabajando en un protocolo, pero se niega a indicar plazos y fechas sobre cuándo estará listo y cómo se implementará”, afirma Sebastián Benfeld, presidente de Escazú Ahora.