La constructora Claro Vicuña Valenzuela, por medio de su liquidadora María Loreto Ried, buscará detener el pago de boletas y pólizas que mantiene con entidades públicas y privadas, las que están avaluadas en US$83 millones.
La intención de la firma se da luego de que el pasado 21 de octubre iniciara oficialmente el proceso de liquidación interna tras declararse en quiebra.
A raíz de la quiebra de la constructora, más de 30 obras debieron paralizarse (su mayoría públicas) y significó el despido de alrededor 2.500 trabajadores.
Ahora, luego de que el 9º Juzgado Civil de Santiago decretara procedente la solicitud de quiebra, la empresa busca no saldar el pago de boletas de garantía mediante diversos recursos enviados al tribunal, según detalló el Diario Financiero.
En primera instancia, Claro Vicuña Valenzuela remitió un informe al tribunal en el que pidió al Gobierno Regional del Biobío una audiencia para resolver las controversias relacionadas a las licitaciones que se había adjudicado.
Dicho recurso, fue aceptado por la jueza Cecilia Castro, por lo que no procedió la constructora a pagar la boleta adeudada con la gobernación.
Ahora, la liquidadora de la empresa presentó una petición que busca paralizar el pago de boletas y pólizas de garantía en favor de 39 entidades públicas y privadas, entre ellas Aguas Andinas, Esval, Celulosa Arauco y Constitución, Comando Bienestar del Ejército, Compañía General de Electricidad, Minera Centinela, además de la Dirección Nacional de Vialidad (MOP).
“El cobro de las boletas y pólizas de garantía que, inminentemente realizarán los mandantes, constituye una actuación arbitraria y perjudicial para la masa de acreedores, a la que debe colocarse remedio”, justificó María Loreto Ried, liquidadora de la firma.