La toma feminista de la Universidad Diego Portales (UDP) se ha extendido por más de dos semanas. Un periodo en que las estudiantes han exigido mayor seriedad y responsabilidad al momento de enfrentar las denuncias por abuso y acoso que se han debelado desde mayo del 2018.
De paso, las jóvenes también solicitan la desvinculación de ciertos profesores, mayores sanciones para acciones de violencia sexual, un departamento de género, campañas de prevención, entre otros puntos.
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Sin embargo, para acceder a constituir una mesa de trabajo y negociar los puntos de acuerdo, la universidad solicitó la deposición de la toma y puso como plazo máximo este miércoles.
De esta forma, de no bajarse la toma durante las próximas horas, se iniciarán procesos investigativos en contra de las estudiantes que resulten responsables de la ocupación de las facultades. «Esperamos un tiempo prudente«, comentó este martes el vicerrector académico de la UDP, Cristóbal Marín, a El Mercurio.
Dado a que «impedir o dificultar el ingreso a cualquier recinto de la universidad» es considerado como una falta grave, las estudiantes se exponen a sanciones como la suspensión por dos semestres o incluso la expulsión.