El presunto caso de tráfico de influencias al interior del sistema judicial peruano ha desencadenado una serie de consecuencias que además de sacudir a los altos cargos del tercer poder, han llegado hasta la ciudadanía, que decidió responder ante la indignación del caso.
Para este jueves se convocó una jornada nacional de protestas contra la corrupción que sacude al sistema de justicia y que alcanzó también a personajes del empresariado y la política. Las marchas fueron inicialmente convocadas por el movimiento sindical, pero este miércoles lanzaron una convocatoria paralela organizaciones no gubernamentales, juristas y otras personalidades congregadas en torno a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Al llamado se sumaron también colegios de abogados y hasta las escuelas privadas.
Desde la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y algunos partidos y movimientos de izquierda, como Nuevo Perú de Verónika Mendoza, consideran que no es suficiente la expulsión y sanciones a los corruptos, sino que el origen de la problemática recae en la Constitución neoliberal de 1993, que facilita la corrupción. Por eso, llaman a nuevas elecciones y a convocar una asamblea constituyente.
Las manifestantes buscan que el Parlamento acceda al pedido del presidente Martín Vizcarra de cesar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) -como paso inicial de una reforma judicial-, en la sesión extraordinaria convocada para mañana.
El mandatario expresó su apoyo a las marchas: «Las movilizaciones que el día de hoy se realizan en todo el Perú tienen mi respaldo porque juntos tenemos que combatir la corrupción». Además, recordó que, desde el gobierno, están llevando a cabo diversas iniciativas y ya cuentan con «esbozos» de algunos planteamientos para que se puedan implementar mejoras en el sistema de justicia.
Renuncias y suspensiones
La mañana de este jueves, dimitió el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, después de que un grupo de jueces solicitaran su renuncia la noche del miércoles. Además, esta misma mañana presentaron también su dimisión otros tres miembros del CNM. De los siete consejeros que integran el organismo, cinco renunciaron, uno fue suspendido y solo uno aún no ha dimitido.
El magistrado destituido es el responsable de la institución que organiza y fiscaliza las votaciones, Adolfo Castillo, acusado de facilitar la inscripción de un partido con firmas falsas para los comicios municipales de octubre. La oficina de Castillo cuenta los votos y organiza las elecciones de más de 2.000 autoridades, incluidas las presidenciales, que configuran el poder político de Perú cada cinco años.
La justicia peruana se declaro este miércoles en estado de emergencia durante 90 días, en los que se esperan cambios administrativos en todo el sistema de justicia, según indica una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Desde el estallido del caso, nuevas denuncias salieron a la luz, lo que terminó provocando también la renuncia del ministro de Justicia, Salvador Heresi, hace una semana.