Perú pedirá a Chile ampliar extradición de Alberto Fujimori por venta ilegal de armas a las FARC

El gobierno de Perú solicitará a la justicia chilena ampliar los cargos de extradición del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) para que sea procesado también por la venta ilegal de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.

Así lo anunció este miércoles el primer ministro, Guido Bellido, tras la reunión en el Consejo de Ministros, donde a petición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se aprobó esta resolución, que remitirán a las autoridades chilenas para su evaluación.

Por este episodio se condenó en 2006 a 20 años de prisión Vladimiro Montesinos, asesor de Fujimori, quien adquirió en Jordania un cargamento de 10.000 fusiles AK-47 con la ayuda de traficantes de armas y luego lo revendió a las FARC.

Bellido, imputado por la Fiscalía por presunta apología del terrorismo y supuesto lavado de dinero en la financiación de su campaña electoral al Congreso, recordó que esas armas llegaron a «grupos terroristas cuando el expresidente Fujimori estaba en funciones».

Las armas se lanzaron sobre la selva colombiana en aviones que dejaron caer la ilegal mercancía con paracaídas en puntos previamente coordinados con las FARC.

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Condenas varias

Fujimori, de 83 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, aunque desde que lo extraditaron desde Chile también enfrentó sentencias por distintos casos de corrupción.

Después de dimitir por fax desde Japón en el año 2000 luego de que se descubriera la gigantesca red de corrupción que se había instaurado en la administración pública durante su mandato, a Fujimori lo capturaron en 2005 en Chile, cuando intentaba regresar a Perú para las elecciones presidenciales del año siguiente.

En 2007 lo extraditaron a Perú y en 2009 recibió la principal condena, de 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.

Y adicionalemente por los secuestros agravados del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, este último durante el «autogolpe» de Estado que Fujimori dio el 5 de abril de 1992, que le permitió clausurar el Parlamento, redactar una nueva Constitución y controlar la Fiscalía y la judicatura.

Sobornos a opositores

Paralelamente a Fujimori lo condenaron por los sobornos a congresistas opositores y periodistas, así como por espionaje y por ordenar a un militar que se hiciera pasar por fiscal para registrar la vivienda de la esposa de Montesinos.

Actualmente está procesado por la matanza de Pativilca, también cometida por el grupo Colina, y acusado por las esterilizaciones forzadas durante su mandato, caso cuya apertura de juicio evalúa la justicia.

Tras anularse el indulto otorgado por expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, por irregularidades en el proceso, a Fujimori le quedan por cumplir aproximadamente una docena de años de cárcel, por lo que saldría en libertad el 2033, cuando tenga 94 años.

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