A una semana de haber asumido el nuevo gabinete de Sebastián Piñera y tras su derrota en la discusión parlamentaria alusiva al retiro del 10% de los fondos de AFP, el Partido por la Dignidad criticó las reales intenciones del Presidente para nombrar a sus nuevos ministros.
A través de un comunicado de prensa, el conglomerado liderado por la periodista María Olivia Monckeberg criticó que “no fue un cambio pensando en Chile o en las demandas sociales instaladas a partir del 18 de octubre. Tampoco para dar garantías al país de un Plebiscito libre de intervenciones. Fue un cambio orientado a calmar los ánimos de la deteriorada coalición de gobierno y que conlleva una motivación funcional a los intereses económicos de los grandes grupos económicos de este país”.
“Es un gabinete para el rechazo y para satisfacer las demandas del gran empresariado. Este manifiesta temores de que la misma impericia mostrada por el gobierno en la discusión del proyecto que aprobó el retiro del 10% de las cuentas en las Administradoras de Fondos Previsionales, pudiera traducirse en un negativo resultado del plebiscito y en la discusión de la nueva Constitución”, añadió.
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El texto continúa precisando que “el 18 de octubre y el estallido social, los miles de mutilados y los muertos parecen no contar para el Presidente. Más de cien personas perdieron –a lo menos- uno de sus ojos. A Gustavo Gatica y Fabiola Campillay por su parte, se les arrebató definitivamente la vista. Pero el presidente no tuvo la entereza de reconocer ni pedir perdón a nombre del Estado de Chile”.
“Lo ocurrido el 1 de agosto en el frontis de la Municipalidad de Curacautín es algo más que un hecho fortuito; constituye un delito, un acto de racismo contra el pueblo mapuche perpetrado por civiles amparados por carabineros y que rechazamos categóricamente. El gobierno se pone al margen de la ley y de los tratados internacionales al no reaccionar con energía frente a estos actos de matonaje a cara descubierta”, denuncian.
Finalmente, el PLD hace un llamado “a todos los partidos de oposición, movimientos y organizaciones sociales a no permitir que el gobierno ni el Parlamento adopten caminos diferentes a los exigidos por los ciudadanos y ciudadanas durante las múltiples manifestaciones que se expresaron con el estallido social de octubre”.